Las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas tienen altos niveles de vulnerabilidad a ser víctimas de este delito por situaciones concretas de desigualdad, violencias y exclusión social.
La trata de personas es un crimen de lesa humanidad que, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se ha definido como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Además, se ha planteado que este es uno de los delitos más lucrativos a nivel mundial junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, en tanto las víctimas son vendidas como si fueran mercancías, en donde los actores involucrados son los traficantes, los explotadores y los beneficiarios, teniendo en cuenta que suelen ser redes muy grandes de personas que participan en la explotación de las víctimas.
Las finalidades de la trata de personas son la explotación sexual; el trabajo forzoso; la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud; donde se incluyen la mendicidad ajena, y la servidumbre de la gleba; el matrimonio servil; y la extracción de órganos. Cabe plantear que las dos primeras son las que más afectan a las personas LGBTIQ+, y esto se encuentra dado por unas situaciones estructurales de violencias y desigualdades sociales que afectan a las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas y disidentes. Estas, les excluyen de oportunidades laborales, educativas y culturales, presentándole como pocas alternativas económicas el trabajo sexual y el trabajo informal, haciéndolas más vulnerables a ser captadas para ser víctimas de la trata en tanto estas dos modalidades económicas se presentan en contextos de violencia y control armado territorial.
En ese sentido, las personas LGBTIQ+ , a pesar del alto subregistro en tanto la mayoría de informes se han centrado en mujeres cisgénero-heterosexuales, se encuentran con altos niveles de vulnerabilidad a la trata de personas por situaciones concretas de desigualdad y violencias tales como el empobrecimiento y la continuidad de violencias estructurales heteronormativas; el control territorial por parte de actores armados y persistencia del abuso policial; la normalización de la trata de personas y otras violencias por parte de comunidades receptoras, funcionarios del Estado y víctimas cuando la población afectada son personas LGBTIQ+; la migración individual e indocumentada con inexistencia de redes de apoyo; y la percepción de ausencia estatal. Adicionalmente, existen unas finalidades coexistentes que se identifican con este grupo poblacional y son las que están relacionadas con el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas para que participen en la explotación de otras personas.
Las víctimas terminan con altas secuelas físicas y psicosociales derivadas de las múltiples violencias que sufren durante su explotación, tales como la alteración del sueño, la desnutrición, la deshidratación, los cortes, contusiones y quemaduras en su cuerpo, la violencia sexual, la amenaza de reporte con autoridades migratorias, las amenazas contra la integridad física propia o de sus familiares, las violencias verbales, la xenofobia, la aporofobia, y la extorsión.
Y es precisamente esa percepción de ausencia estatal lo que conlleva a cuestionar críticamente el accionar del Estado, en tanto se identifica que se ha presentado una inexistencia de respuesta o esta fue revictimizante, acentuando los diferentes prejuicios que se presentan frente a estas personas por orientación sexual, identidad y expresión de género, nacionalidad, estatus socioeconómico y nivel educativo, y esto ocurre a pesar del marco normativo que lo orienta como el Protocolo de Palermo y la Ley 985 de 2005 para la prevención, lucha y atención de la trata de personas.
Además, se identifica que ha habido una falta de voluntad política de entidades estatales como la Policía Nacional, las Personerías, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y los Comités Institucionales de Lucha Contra la Trata de Personas para recibir y adelantar adecuadamente las acciones respectivas para la garantía de derechos de personas LGBTIQ+ víctimas de trata. Tal falta de voluntad se evidencia a partir de la omisión de acciones y los abusos de poder estatales que revictimizan a las personas LGBTIQ+ y erosionan la legitimidad del Estado y la confianza de acudir a sus representantes.
En Caribe Afirmativo nos encontramos fortaleciendo las capacidades institucionales y comunitarias en varias ciudades del país, como Cartagena, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, con el objetivo de sensibilizar sobre este delito, las distintas formas que toma y cómo se encuentra estrechamente ligada al conflicto armado colombianos y el proceso de migración venezolana hacia Colombia. Esto implica, transformar las formas en que las organizaciones e instituciones conciben el rol de las personas LGBTIQ+ en la sociedad para que se deje de criminalizarla y considerarlas peligrosas e inmorales.
Sobre las acciones que se están realizando desde esta corporación, es importante destacar que se están ejecutando de manera articulada con las siguientes organizaciones: Abogados Sin Fronteras, la Barra de Abogados de América (Aba Roly) y el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander.