MUY POSITIVO BALANCE DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES LBT Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Luego de tres días de unas muy bien estructuradas y productivas jornadas de trabajo, ha culminado “Enterezas en movimiento”, un encuentro internacional en el que mujeres LBT y funcionarios públicos de distintos países de América Latina, analizaron la grave problemática en la región, relacionada con las violencias por prejuicio, a la vez que intercambiaron experiencias exitosas en la atención e investigación y sanción, con enfoque diferencial, de los casos contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
Durante cada jornada, a las que asistieron virtualmente cerca de 200 personas, entre activistas, líderes, lideresas y mujeres LBT, así como funcionarios públicos de Latinoamérica y España, se desarrollaron paneles en plenarias, en los que se trataron cifras, datos y casos concretos de violencia por prejuicio contra mujeres LBT, especialmente en Colombia, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, países que hacen parte de proyecto Enterezas. También, durante estas actividades abiertas, las participantes compartieron experiencias de éxito en estos y otros países, sobre la forma como se han ido articulando labores entre organizaciones defensoras de los derechos LGBTI y las entidades estatales.
Adicionalmente, se llevaron a cabo sesiones de trabajo en salas independientes para cada uno de los países antes mencionados, con el fin de analizar en forma particular las situaciones de violencias contra mujeres LBT y formular posibles soluciones. También se dispuso una sala exclusiva para que funcionarios públicos de América Latina compartieran sus experiencias en el manejo (atención, investigación y sanción) de estos casos, basado en el enfoque diferencial, aplicación de la normatividad existente, así como la definición de las rutas más idóneas para brindarles orientación y acceso a la justicia a las víctimas.
A continuación, el detalle del desarrollo de estas actividades:
DURANTE LAS PLENARIAS
Jornada 1
Junio 2
Bajo la impecable y amena conducción de la abogada y activista LGBT de Colombia, Elizabeth Castillo, el evento tuvo su inicio con la lectura de un manifiesto, por parte de los y las representantes de las organizaciones participantes de Nicaragua, Honduras, República Dominicana y España, apoyando las movilizaciones en Colombia, solidarizándose con las víctimas de la violencia, exigiendo el cese de la represión y la apertura de espacios de diálogo para acoger las demandas del pueblo colombiano.
Posteriormente, se llevó a cabo la instalación del evento, por parte de la mesa central, conformada por José Ángel Calle, Director General de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID); Silvia Tostado, Presidenta de la Fundación Triángulo (España) y Laura Oyola, Presidenta de la Junta Directiva de Caribe Afirmativo (Colombia), quienes ratificaron el compromiso de sus organizaciones con el proyecto Enterezas, y con la defensa de los derechos de las mujeres LBT en América Latina.
Por su parte, Carolina Gómez, Coordinadora del Proyecto Enterezas de Caribe Afirmativo, hizo la presentación de este proyecto que nació en 2018, y llamó la atención en el sentido de que “lamentablemente, la realidad generalizada es que cuando una víctima LBT acude al Estado solicitando protección, este sigue dándole la espalda de una u otra manera”.
Así mismo, Ludwika Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras – ANIT, quien hizo la presentación de su organización, las actividades de capacitación y empoderamiento que vienen realizando con mujeres LBT y con funcionarios públicos de ese país, para el manejo de los casos de violencia por prejuicio, odio y discriminación.
A su turno, Karla Madrid, representante de SOMOS CDC de Honduras, dio a conocer las labores que desde hace trece años viene realizando esa organización, no solo con personas LGBTI, sino de otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad; también, capacitando a operadores de investigación y justicia de ese país centroamericano. Esto, además de desarrollar otros ejes de trabajo, como el apoyo a otras organizaciones, el impulso al empleo y las empresas para estos grupos poblacionales, y la articulación de trabajo con el Estado, para la creación de nuevas leyes que protejan sus derechos.
De igual forma, Rosanna Marzán, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana, de República Dominicana, compartió sobre esa organización, dedicada a informar sobre casos de violencia contra la población LGTBI, y sobre cómo, con el apoyo del proyecto Enterezas, en la isla se han fortalecido los procesos de visibilidad y acceso oportuno a la justicia.
Luego de la intervención de las representantes de Colombia, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, se desarrolló el panel “Los retos feministas en el abordaje de la violencia contra mujeres LBT en América Latina”, del que hicieron parte Flávia Piovesan, Relatora sobre derechos LGTBI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Luz Patricia Mejía, Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA (MESECVI), bajo la conducción de Fanny Cata Gómez-Lugo, abogada feminista, bisexual y profesora en género y diversidad sexual en Georgetown University.
Durante este primer panel, Piovesan concluyó que los grandes retos a enfrentar en América Latina son:
1) La persistencia y agudización de la violencia contra personas LGTBI, especialmente en el contexto pandemia.
2) Las leyes en 9 de los 35 países de la región, que aún criminalizan las relaciones adultas entre personas del mismo sexo.
3) Los movimientos anti – derechos LGTBI, desde lo institucional y lo religioso.
4) Campañas de desinformación promovidas por sectores opositores al reconocimiento de derechos de las personas LGTBI.
Por parte de MESECVI, Luz Patricia Mejía informó sobre algunos avances legislativos de los diferentes países, para la defensa de los derechos de las personas LGTBI; puntualizando, sin embargo, que estos no son suficientes. Y en cuanto a los retos, destacó como principales:
1) El registro, tanto administrativo, como estadístico de los casos de violencia, para de esta forma contar con indicadores de la realidad de las mujeres LBT.
2) Cómo fortalecer la capacidad de las organizaciones para levantar esa información.
3) Fortalecer las capacidades del litigio estratégico, para replicar procesos judiciales en otros países.
4) Superar la barrera lingüística en el Caribe anglófono, para mejorar los puentes de colaboración con esa región.
5) Fortalecer el enfoque de los medios de comunicación, para el desmontaje de los estereotipos y de la publicidad sexista.
Después del panel, Víctor Madrigal, Experto Asesor Independiente de la ONU, señala que uno de los principales retos es que, hoy, no existe ningún Estado que recaude datos en materia de violencia y discriminación basadas en orientación sexual e identidad de género; y pues, cuando no existe la data, es muy difícil construir políticas públicas para hacer frente a estas violencias.
Jornada 2
Junio 3
Para el día siguiente, se desarrolló el panel “Buenas prácticas en la atención e investigación de casos de violencia por prejuicio y crímenes de odio, contra mujeres LBT”. En este participaron, Ángela María Benedetti, Defensora delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, de la Defensoría del Pueblo de Colombia; Vanessa Calderón del Observatorio de Crímenes de Odio de Argentina y Julissa Hernández, Procuradora de República Dominicana, bajo la moderación de Carolina Gómez, Coordinadora del proyecto Enterezas de Caribe Afirmativo.
Durante este panel, la delegada Benedetti, además de ratificar el compromiso de su entidad con la defensa de los derechos de la población LGTBI, rindió un detallado informe de las funciones y logros de esa oficina, en defensa de los derechos de las personas LGTBI, dentro de las que se destaca la figura de duplas en las 39 defensorías regionales por toda Colombia. Dichas duplas consisten en un asesor jurídico y un asesor sicosocial, dispuestos para atender desde los territorios a las víctimas de violencias basadas en género, además de trabajar en la prevención y promoción de los derechos de personas LGTBI, orientando también sobre las rutas de acceso a la justicia y la generación de alertas sobre situaciones de riesgo detectados.
Resaltó también Benedetti, la labor conjunta que desarrollan con Caribe Afirmativo, en la formación de funcionarios públicos, sobre asuntos de diversidad sexual, de género, violencia por prejuicio, enfoque diferencial y su aplicación. De igual forma, la Defensoría del Pueblo provee y capacita defensores públicos para asesorar gratuitamente casos de violencia por prejuicio, con enfoque diferencial.
Posteriormente, Vanessa Calderón, de la defensoría LGTBI de Buenos Aires, entidad que según comenta la funcionaria está conformada por una organización privada, defensora de los derechos de esta población y la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Consiste en un centro de atención integral que brinda asesoramiento en la capital del país y en varias provincias del país, a través de la articulación con organizaciones. Dentro de sus principales funciones, resalta como primera medida, visibilizar los crímenes de odio, realizar informes y llevar datos de los casos, y realizar recomendaciones al Estado argentino para seguir trabajando en su erradicación.
Además de explicar los elementos para la caracterización de un crimen de odio, la experta argentina expuso sobre el acompañamiento que desde la entidad que representa, brindan a personas LGTBI, cuyos derechos han sido vulnerados por causa de odio, para que realicen las denuncias ante las autoridades competentes, apoyándolos en la redacción y envío de los documentos necesarios. También reciben denuncias, para remitirlas a las entidades correspondientes y asesoran en todo tipo de trámites, como cambios registrales de niños, adolescentes y adultos trans, denuncias penales, medidas de restricción, derechos de amparo, etc., a la vez que, con el equipo jurídico del observatorio, adelantan diseños legislativos, redactando propuestas de políticas públicas, leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y todo tipo de normas jurídicas.
Por su parte, Julissa Hernández, Procuradora de República Dominicana, responsable de investigar y manejar los casos de violencia de género en la isla, compartió sobre las actividades que desarrolla su despacho, atendiendo integralmente a las víctimas de violencia por razón de género. Para ello, como primera medida, es atendida inicialmente por un trabajador social, un perito en sicología y un médico forense, para hacer una valoración y emitir un dictamen, para que el Ministerio Público inicie la investigación e inicie las diligencias a que haya lugar.
Adicionalmente, la funcionaria dominicana explicó sobre su labor con los funcionarios públicos de su país, para concienciarlos en aspectos de género y orientación sexual, así como de derechos sexuales y reproductivos
Capítulo Honduras
Jornada 1 – Junio 2
Jornada 2 – Junio 3
Durante esta jornada de trabajo en la sala de Honduras, se concluyó que uno de los patrones de violencia más marcadas hacia las mujeres LBT, es la de tipo sexual, la cual se ha visto aumentada por la situación de pandemia, al tener que estar confinadas con sus agresores. También figuran las llamadas “violaciones correctivas” (una abominable forma para supuestamente corregir una orientación sexual), la discriminación en espacios públicos y en los ámbitos educativos. También se ha mencionado la violencia policial en este país, no solo los cuerpos preventivos, sino también los municipales y los militares, quienes imposibilitan la visibilización de las personas trans. Por otra parte, se cuenta las limitaciones en la sensibilización de funcionarios públicos, llegando a niveles bajos, pero no a los más altos, que son quienes toman las decisiones y definen las políticas.
Como consecuencia de estas formas de violencia, se han incrementado fenómenos como el de las migraciones de personas LGTBI, huyendo de las persecuciones de las que son víctimas. En Honduras también presentan alarmante aumento las cifras de feminicidio, de la mano con las de impunidad, justificados por el hecho de que las víctimas salen en la noche o ejercen actividades de tipo sexual. A esta difícil situación se suman, la negligencia de algunos funcionarios públicos para abordar adecuadamente estos casos y la falta de recursos para adelantar investigaciones en forma correcta.
En relación con la forma como puede prevenirse la violencia contra las mujeres LBT en Honduras, se hicieron propuestas de adelantar campañas desde el Ministerio de Gobierno y la garantía del Estado para el acceso a la justicia.
Con respecto a los impactos y daños generados con la violencia contra las mujeres LBT, el activismo hondureño hace especial énfasis en la necesidad de analizar, además de lo físico, las afectaciones sicológicas, traducido en el miedo permanente que sufren las víctimas; a ser rechazadas, a buscar empleo y a reclamar sus derechos.
Para la segunda jornada, en la sala de trabajo de Honduras, las y los participantes analizaron la respuesta estatal a los casos de violencia contra mujeres LBT, concluyendo que el gobierno de ese país tiene la gran deuda de dar respuesta al casi 95% de impunidad, además del retraso de los procesos, pocos avances en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, la inexistencia de protocolos o procesos definidos para el manejo de estos casos, la escasa o casi nula formación o sensibilización de los operadores policivos y de justicia. En lo que tiene que ver con los juzgados, tampoco hay sentencias, ni resultados. Todo lo anterior, bajo la excusa de que no se cuenta con suficientes recursos económicos y humanos, ante la elevada demanda de casos.
Otro aspecto de debilidad del Estado hondureño frente a la atención de casos de violencia contra mujeres LBT, es la falta de confianza de esta población, debido a la falta de sensibilización de sus funcionarios, traducido muchas veces en maltrato y generando temor a denunciar.
En cuanto a las necesidades que tienen las mujeres LBT, frente a las instituciones que gestionan los casos en Honduras, todas las participantes coincidieron en que la más imperiosa necesidad tiene que ver con la formación de los funcionarios, de la policía, de la fiscalía y de las comisarías de familia, en entidad de género y enfoque diferencial, también en la construcción de protocolos de atención, la creación de plataformas tecnológicas para el reporte de casos de violencia.
En el mismo sentido, llamaron la atención los y las talleristas, sobre otras debilidades estatales, tales como la falta de recurso humano, la alta rotación de personal, haciendo que se pierda alguna sensibilización alcanzada y teniendo que empezar de nuevo el proceso, la falta de protocolos claros y bien definidos, la falta de rutas de denuncia de estos casos en la fiscalía.
Trabajo de funcionariado de la región
Jornada 1 – Junio 2
Jornada 2 – Junio 3
Durante la primera jornada de trabajo en la sala de Funcionariado Público, se destacaron buenas prácticas, como las de la Provincia de Neuquén en Argentina, donde en los últimos años ha habido un positivo cambio legislativo, en favor de las personas LGTBI, incorporando enfoque de género. También se han creado subsidios económicos para mujeres trans, con el fin de brindarles apoyos en la creación de empresas. A nivel federal, se hizo una importante modificación en el código penal, incluyendo el crimen de odio por orientación sexual e identidad de género. También en ese país se dio la primera condena por lo que se denominó “travesticidio”.
Recordando el caso del joven Sergio Urrego, los funcionarios reunidos llamaron la atención en la necesidad de modificar los manuales de convivencia en todos los establecimientos educativos, orientados a promover y garantizar el derecho y el respeto por la diversidad.
En cuanto a desafíos, se identificó que, en países como Colombia, la mayoría de las acciones para abordar el tema de la violencia por prejuicio, no son preventivas, sino reactivas; además que a nivel municipal no hay un trabajo articulado con el funcionariado, ni con la policía. Para el caso de Argentina, se concluye que, si bien cuenta con una legislación en favor de la población LGTBI, más robusta que en el resto de la región, aún hace falta una ley antidiscriminación que abarque más ampliamente estos temas de violencia por razones de identidad de género.
Por último, la sala de funcionariado destacó la necesidad de regular la actividad sexual en los países. Esto, con el fin de evitar confusiones en los manejos por parte de las autoridades, evitando situaciones arbitrarias y de violencia.
En esta segunda sesión de la sala de Funcionariado Público, los asistentes indagaron sobre los impedimentos que ellos tenían, a la hora de aplicar las normas y procedimientos, para garantizar los derechos de las mujeres LBT. La mayoría coincidió en que en muchas ocasiones ellos no cuentan la posibilidad de transformar a partir de su labor, sino que simplemente deben limitarse o ceñirse a las labores concretas y cumplir con los estándares que les exigen. De igual forma, se analizó el aspecto de las ideologías e influencias de tipo religioso, por encima de los Derechos Humanos y que se sobreponen a cualquier garantía.
Otro aspecto que destacan los funcionarios es que, algunas instituciones no le dan prioridad al seguimiento y el cumplimiento de las normas internacionales en Derechos Humanos y eso lleva a un desconocimiento de las normas existentes. Adicionalmente, las dinámicas de los aparatos burocráticos de las instituciones hacen que se generen intermitencias en las labores que cumplen los funcionarios, nombrando a unos y sacando a otros, entorpeciendo los procesos que se venían adelantando con algunos funcionarios aliados.
Por último, los y las asistentes a esta sala de servidores públicos, recalcan la importancia de la relación Estado – ciudadano, que trasciende a la relación funcionario – ciudadano, y es la forma como el Estado se relaciona con la población LGTBI y tiene que ver con la confianza o desconfianza que la ciudadanía tiene sobre las instituciones. Luego, si no se mejora esa relación con el Estado, tampoco van a mejorar las respuestas y garantías de no repetición de las instituciones.
Otra garantía de no repetición es, el fortalecimiento la red con funcionarios aliados dentro de las instituciones, para que sigan aplicando lo que deben aplicar y denunciando lo que deben denunciar.
EL COMPROMISO REGIONAL
Adicional a las conclusiones resultantes de las diferentes sesiones, las y los participantes al evento, suscribieron, en forma simbólica, el siguiente Compromiso Regional:
“Lxs firmantes de la siguiente declaración, manifestamos nuestra preocupación ante la sistematicidad de los patrones de violencia que se perpetran día a día en contra de las mujeres debido a su orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
Reconocemos las necesidades de las mujeres LBT en el abordaje y reparación de esas violencias y también, las fortalezas y debilidades con las que cuentan nuestros Estados para responder a estos casos de violencia. Por eso, lxs firmantes nos comprometemos a:
- Promover la desnaturalización de las violencias en contra de las mujeres LBT.
- Acompañar a otras mujeres en la exigibilidad de sus derechos.
- Entretejer redes de apoyo para denunciar las violencias.
- Promover la aplicación del enfoque de género a favor, en los casos de mujeres LBT.
- No obstaculizar el acceso integral a la justicia de las mujeres LBT.
- Apoyar en la deconstrucción de prejuicios en contra de las OSIGEG diversas,
- A no basar la “diligencia” de sus procesos en principios discriminatorios en contra de las mujeres LBT.
- A garantizar espacios empáticos, seguros y libres de discriminación en contra de las mujeres LBT, por ejemplo, nuestras oficinas, despachos y hogares.
- A investigar de forma completa y diligente.
- A no revictimizar, justificar o culpabilizar a las mujeres LBT por las violencias que las afectan.
- A seguir construyendo.”
El 4 de junio en la noche, se realizó la actividad de cierre, con la exposición de murales diseñados por artistas para cada uno de los países participantes y una muy interesante sesión de orientación psicosocial, dirigida por la profesional Laura Osorio, quien brindó información de gran valor a las mujeres y activistas LBT, para enfrentar y superar situaciones de violencia.
#SomosPorqueOtrasFueron
#EnterezasSigueEnMovimiento