01 de mayo de 2021: Desde que se convocó a la movilización nacional, el pasado 28 de abril en diferentes territorios del país se han presentado todo tipo de agresiones por parte de la fuerza pública hacia las personas que están ejerciendo su derecho legítimo a la protesta. Contra todo pronóstico y pese a una sentencia emitida por un tribunal en Cundinamarca que exigía aplazar las marchas por considerar la aglomeración de personas, bastante riesgosa por motivo de la pandemia, las personas de diferentes sectores públicos decidieron pronunciar sus inconformidades en las calles.
Sindicatos, víctimas del conflicto armado, colectivas LGBT, estudiantes universitarios, docentes, funcionarios públicos, movilizaciones de colectivas feministas, entre otros han salido a las calles los últimos días en rechazo a la reforma tributaria, expresando sus inconformidades con el actual gobierno y también como símbolo de resistencia ante el aumento de la violencia este 2021. Considerando que ya van más de 30 masacres en este este año, sumado a esto la reconfiguración de nuevos grupos armados en varias zonas rurales, los altos índices de desempleo agudizados por el contexto de la pandemia, y otro sinnúmero de razones que convocan a las personas a los espacios públicos a protestar en contra de la cruda situación que atraviesa el país en este momento.
Precisamente hoy día de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras el pueblo se ha hecho sentir en todos los rincones de Colombia. En el caso del caribe colombiano, varios medios de comunicación han registrado que en ciudades como Barranquilla y Cartagena pese a las restricciones y medidas impuestas por las alcaldías locales para mitigar los focos de contagio con el coronavirus, la gente no ha dudado en marchar por sus calles y avenidas principales.
En los últimos días en la región caribe se han presentado hechos violentos en donde la movilización ha generado el cierre de vías importantes y de estaciones de transporte público. Sin embargo, han habido enfrentamientos entre las personas y la fuerza pública, que algunos portales de comunicación catalogan como “actos vandálicos”, pero que en ningún caso se justifica la violencia hacia la población civil en el marco de estos días de protesta nacional. Por ejemplo en Barranquilla, en lo que ha transcurrido del día de hoy primero de mayo se han reportado algunas detenciones de manifestantes por “actos violentos”, lo cierto es que, esperamos este contexto de marchas no se convierta en un escenario de violencias por parte del Estado hacia la población civil, porque son miles de jóvenes los que se han pronunciado a través de las avenidas principales de la ciudad.
La Unión Patriótica Regional Atlántico emitió un comunicado en el que denuncia ante todas las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional los actos de violencia cometidos contra la población civil que se movilizaba pacíficamente en el marco del día del trabajador, pues la arremetida contra los y las manifestantes se ha traducido en una violencia desmedida y desproporcionada. Particularmente en la carrera 27 con 106 la fuerza pública atentó contra la vida de las personas disparando contra la población civil y dejando a un joven con una herida de bala y otros con heridas menores. Reportando así gran cantidad de detenciones y una ciudadanía en medio del temor y la represión policial. En Cartagena luego de las manifestaciones, la policía golpeó sin mesura a varios jóvenes pertenecientes a colectivos políticos de el barrio El Campestre. Por otra parte en Montelíbano se presentaron algunas detenciones arbitrarias hacia jóvenes y docentes que participaron en las movilizaciones.
Desde CARIBE AFIRMATIVO se han activado acciones para la protección de derechos humanos de personas LGBT que están participando en la protesta, pues estamos acompañando denuncias de ciudadanos y ciudadanas trans en Barranquilla y Cartagena que fueron víctimas de violencia policial en las movilizaciones. A su vez, conocimos y denunciamos actos de violencia directa a miembros de la policía contra colectivos marchantes en Barranquilla y Valledupar. Nos suscribimos con otras 97 organizaciones a una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, por graves violaciones a los derechos fundamentales que han ocurrido desde el 28 de abril en el contexto de las protestas sociales en Colombia. Acudimos a la CIDH, con el propósito que se dirijan urgentemente al Estado Colombiano.
No obstante, en otros territorios la situación se ha agravado mucho, como el caso de Cali que desde el 28 de abril se han presentando agresiones hacia la población civil por parte del ESMAD. Según un informe de Derechos Humanos emitido por diferentes organizaciones de la sociedad civil el 30 de abril se reportaron los siguientes hechos: una mujer abusada sexualmente por parte de un policía, integrante del ESMAD, 84 personas detenidas, sin tener certeza del paradero de algunos de ellos, 3 personas desaparecidas desde el 28 de abril, 7 asesinatos en el oriente de la ciudad y 6 por confirmar; alrededor de 28 heridos y 3 personas con probable pérdida del ojo causado por enfrentamientos con el ESMAD. Tal cuál ocurrió en Medellín, en la que una estudiante de ciencias políticas perdió su ojo durante las protestas del 28 de abril.
Muchas de las entidades y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que ni la Defensoría General de la Nación y la Procuraduría han tomado medidas para mitigar el derramamiento de sangre en las calles, como también han solicitado a las alcaldías locales emitir órdenes que detengan las acciones del ESMAD, sin embargo, en redes sociales se dice que la fuerza pública obedece a directrices nacionales.
Otra de las zonas del país que ha resultado más afectada durante estas confrontaciones es el departamento del Cauca, que en las últimas semanas ha vivido situaciones álgidas de violencia como el asesinato de sus líderes y lideresas sociales, combates entre diferentes actores armados y la guardia indígena y masacres en distintos municipios del territorio. De momento la minga indígena se mantiene y no descartan la posibilidad de llegar a Bogotá.
A su vez, en horas de la tarde la Defensoría del Pueblo se pronunció a través de sus redes sociales en donde manifiesta su acompañamiento a las protestas pacíficas y da legitimidad a las movilizaciones de los últimos días. De acuerdo con las cifras mencionadas en estos tres días de protesta se han registrado 179 civiles heridos, 3 personas han fallecido en Cali, 3 muertes se encuentran verificación, como también 216 policías han resultado lesionados. Se han presentado además cuantiosas pérdidas económicas a bienes públicos y privados, junto con 203 capturas, 17 aprensiones y 98 conducciones pendientes de judicialización.
De esta manera se evidencia un panorama en el que las cifras distan un poco de las fuentes oficiales, pues en comparación con los informes de Derechos Humanos y los comunicados de prensa de las diferentes organizaciones y partidos políticos son mucho más las personas que han resultado heridas durante estos tres días de movilización, como también los medios de comunicación no denuncian la extralimitación de la autoridad de la fuerza por parte de la Policía y el ESMAD.
Ante estos hechos como organización de la sociedad civil que vela por los derechos humanos de todas las personas, pero en especial de la población LGBT, rechazamos estos hechos de violencia. Exigimos a los medios veracidad sobre lo que verdaderamente ocurre en la calle, y al Estado respeto por la vida y la dignidad en estas movilizaciones que son síntoma de una crisis nacional que se ha venido agudizando con las violencias ocurridas en los diferentes territorios.
Rechazamos también la violencia basada en género que están viviendo mujeres que protestan en las calles y cuyos derechos han sido vulnerados por el abuso de poder de la fuerza pública, llegando incluso al acceso carnal violento. También solicitamos que se den garantías para que estas protestas se puedan dar de manera pacifica teniendo presente el respeto fundamental por la vida e integridad de las personas.
Acudiendo a las palabras Assata Shakur “nadie en el mundo, nadie en la historia ha obtenido su libertad apelando al sentido moral de las personas que las oprimen”, en ese orden de ideas estas movilizaciones no son más que una resistencia colectiva que rechaza las violencias en todas su medidas, la inoperancia del Estado, sus injusticias, las profundas desigualdades sociales que se viven a diario. Las minorías raciales, las mujeres, las personas LGBT, el proletariado y distintos avances en derechos humanos y transformaciones en las políticas y legislaciones de los diferentes países se han logrado gracias a las manifestaciones sociales.
Como integrantes de “Defendamos la Paz” rechazamos el uso político del lenguaje que hacen quienes tiene una posición de poder, especialmente desde las redes sociales, para la promoción de la violencia. Exigimos al presidente parar la violencia desatada contra la ciudadanía, pues varias ciudades se han convertido en campos de batalla.
Por todo lo anterior, reiteramos el respeto al derecho legitimo de la protesta y la protección la población civil que se está movilizando en este momento en las diferentes calles del país, cuya colectividad es un grito de resistencia que clama por una Colombia más justa que alcance condiciones de paz e igualdad.