Desde el mes de julio se han presentado hechos de violencia en los municipios de Montecristo, Morales, Arenal y Santa Rosa del Sur (Bolívar), incluyendo asesinatos a líderes sociales, masacres y desplazamiento forzado.
11 de agosto de 2021. El 9 de julio de 2021 en los municipios de Montecristo, Morales, Arenal y Santa Rosa, ubicados en el Sur de Bolívar, denunciaron combates entre diferentes grupos armados, que han ocasionado el desplazamiento forzado de la población.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia Europa, Estados Unidos, CCEEU, expresaron su preocupación por los fuertes enfrentamientos que se desarrollan en estos municipios y que según denuncias de sus habitantes se dan entre integrantes del ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares. Para esta fecha se reportaron 25 homicidios, en el marco de los enfrentamientos y el confinamiento de la población civil de las veredas de Las Culebras, El Dorado, El Paraíso, Mina Piojo y Mina Repollo.
La situación se recrudeció el 26 de julio de 2021, con el asesinato del líder social Oswaldo Pérez, quien fue el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Piojo, jurisdicción del municipio de Montecristo y también era el líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Según Indepaz, el líder fue asesinado en horas de la noche por hombres armados que llegaron a su vivienda. La comunidad y su familia reportaron que habían recibido amenazas por parte del GAOR del frente 37 que actúa en la zona, por esta razón algunos de ellos se desplazaron de la vereda. De igual manera se denuncian otros asesinatos y enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana frente a esta situación .
Actualmente, según varios portales de información, hay 2.600 personas, que componen a 580 familias, desplazadas de la zona rural por la guerra que se vive en los municipios que rodean la serranía de San Lucas. Si bien es cierto la geografía de este territorio, el oro, la costa fluvial y la gran reserva natural, hacen de este lugar una de las regiones más importantes del país, dichos atributos también la han convertido en un territorio deseado para que los diferentes actores armados puedan consolidar sus economías ilegales, como los cultivos de coca y diferentes rutas para expandir las drogas de uso ilícito. De ahí que ocurran combates muy frecuentes entre el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares como El Clan del Golfo.
La situación de violencia en los diferentes territorios en Colombia es grave, la violación sistemática de derechos humanos ha incrementado la violencia, puntualmente en las zonas rurales del país donde la población es altamente vulnerable y esta en permanente situación de pobreza y desprotección. Es por eso que con la reconfiguración de nuevos actores armados, la desigualdad social agudizada durante la pandemia y la persecusión a los líderes y lideresas sociales no cesa, de ahí que según Indepaz, en lo que va del 2021 han habido 64 masacres en todo el territorio Nacional y luego de la firma del Acuerdo de Paz 1222 líderes y lideresas sociales fueron asesinados. Por otro lado, municipios aledaños a la zona como San Pablo, defensores y defensoras de derechos humanos LGBT han brindado ayuda humanitaria en orientación jurídica y psicosocial a las víctimas de desplazamiento forzado que han llegado a su territorio.
Entre las personas desplazadas se encuentran en mayor número mujeres embarazadas, madres solteras, madres cabeza de hogar, niños, niñas, adolescentes y campesinos que se dedicaban al trabajo en las minas. Asodesamuba Bolívar, es una de las organizaciones de San Pablo que ha brindado un apoyo a las personas víctimas de este tipo de violencias y parece que los liderazgos LGBT han movilizado acciones de atención inmediata en derechos humanos a las víctimas, asistiendo a la población afectada y acompañando esta emergencia humanitaria, haciendo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y las entidades correspondientes como la Defensoría del Pueblo y el Comité internacional de la Cruz Roja a hacer presencia en los municipios y responder ante esta grave situación.
Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado a las entidades del Estado a que no sólo atiendan y hagan presencia en los municipios del Sur de Bolívar, que históricamente han sido golpeados por el conflicto armado colombiano, si no a que estudien la situación de derechos humanos de esta zona rural del país, teniendo en cuenta la reconfiguración de grupos al margen de la ley, y como estos se apoderan de los territorios ante la ausencia de la institucionalidad. Por eso, es imprescindible la presencia del Estado para que se garantice la seguridad de las personas que habitan la ruralidad de esta zona del Caribe colombiano.
Expresamos nuestra preocupación por la situación de las personas desplazadas y de manera particular por los líderes y lideresas sociales del país que son estigmatizados aún por relacionarlos con actores armados, y cuyos liderazgos e incidencia política están en permanente riesgo y desprotección, ya que a menudo reciben amenazas por parte de grupos armados y se ven en medio del fuego cruzado en los diferentes combates. Esperamos una pronta respuesta del Estado y que se generen acciones afirmativas con miras a la construcción de paz en los municipios del Sur de Bolívar y en todo el territorio nacional que se ve azotado por la violencia.