Caribe Afirmativo analizó el proyecto de ley de paz total que el gobierno Petro-Márquez está impulsando para buscar garantías para una paz completa en el país.
20 de septiembre de 2022. El 31 de agosto de 2022 el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley “Por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones” con el que busca consolidar la Paz como una política de Estado, adicionando, modificando y prorrogando algunas disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997, la cual consagró los instrumentos para la búsqueda de la convivencia pacífica y la eficacia de la justicia en todo el territorio nacional.
El proyecto de ley tiene dentro de sus principales propuestas la creación del Servicio Social para la Paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, la creación del Fondo de Paz para financiar programas de reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas, y financiar todo tipo de proyectos relacionados con la consecución de la paz total y definitiva. También busca darle la facultad al Gobierno Nacional para poder establecer e iniciar conversaciones, diálogos y negociaciones con estructuras o grupos armados al margen de la ley con presencia en varios territorios del País.
Esta iniciativa está compuesta por tres capítulos que, desde Caribe Afirmativo, analizamos de forma separada.
1. Seguridad humana y paz total
El proyecto de ley plantea inicialmente modificar la Ley 418 de 1997 para integrar el concepto de seguridad humana, como nueva visión de seguridad para la construcción de una paz real. Esta paz se centra en las personas, dejando atrás una política de Estado que ha perpetuado la guerra y la violencia, y procurando la reconstrucción de la confianza entre los ciudadanos y las instituciones como alternativa para la superación del conflicto armado.
Adicionalmente, busca establecer la política de paz como una prioridad en los asuntos de Estado, transversal a estos, e integral tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia. En este sentido, el mismo texto establece que “La política de paz será una política de Estado y, en consecuencia, compromete a las autoridades en todas las ramas y niveles del poder público, por lo que deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento”. Así establece la obligación de los gobiernos de garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz, teniendo el deber de concluir las que sean fijadas por administraciones precedentes. Con ello, se garantizará la continuidad de las acciones más allá de la política impuesta por el gobierno de turno.
Unido a lo anterior, y en busca de sentar compromisos significativos por parte del Estado en el avance hacia la construcción de una paz real, introduce la obligación de establecer dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales la fijación clara de políticas, programas y proyectos dirigidos al logro de la paz y a un desarrollo social equitativo, integrando las regiones tradicionalmente marginadas por el conflicto armado. También se establece que, en los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales ubicadas en las zonas PDET, se priorice lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI) y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y los Planes Nacionales Sectoriales (PNS).
No obstante, este capítulo contiene una de los puntos más controversiales, pues la ley 418 de 1997 plantea dotar de facultades especiales al Gobierno Nacional para que, a través de sus representantes autorizados, pueda establecer conversaciones, diálogos, negociaciones y suscribir acuerdos especiales de Paz con estructuras o grupos armados organizados al margen de la ley con el único propósito de promover la reconciliación, la convivencia pacífica y lograr la paz total en todo el territorio nacional. Para ello, podrá adoptar medidas como la de autorizar la suspensión de órdenes de captura que se hayan proferido contra los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con quienes se adelanten los diálogos, incluyendo las órdenes de captura con fines de extradición.
En este sentido, y para adelantar dichas negociaciones y diálogos de Paz, el presidente de la República podrá constituir regiones de paz, priorizando además de los territorios PDET, los municipios categorizados como ZOMAC, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, o en las que haya ausencia o débil presencia del Estado.
Otra de las estrategias de este capítulo será establecer de manera obligatoria en cada uno de los Ministerios componentes de la política pública de paz que hagan parte de su competencia y funcionalidad. La finalidad de la estrategia es realizar sesiones bimestrales donde los Ministerios conformados como un Gabinete de Paz presenten informes sobre los asuntos a su cargo en relación con la implementación de la política pública de la Paz.
2. Servicio social para la paz
El capítulo segundo tiene un contenido social, y su propuesta principal, es crear por primera vez en Colombia, el Servicio Social para la Paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, con una duración de doce (12) meses y una remuneración equivalente a la otorgada por este servicio.
Para garantizar que el Estado ofrezca varias alternativas a los jóvenes para servirle al País, se crearían varias modalidades de servicio social, entre las cuales se destacan:
- Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
- Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
- Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
- Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
- Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
La implementación de esta iniciativa se realizaría de forma gradual, pero su innovadora creación tiene como objetivo principal contribuir al cierre de brechas de desigualdad que se presenta actualmente entre los jóvenes del país, pues busca beneficiar directamente a los jóvenes de estratos 0, 1, 2 y 3, que son quienes principalmente prestan el servicio militar obligatorio al no contar con otras alternativas de vida profesional. Ofrecerles diversas opciones para desempeñarse laboralmente desde un trabajo social fortalecería el sentido de pertenencia nacional y promovería la construcción de una paz real.
3. Fondo para la paz
El gobierno busca modificar la Ley 368 de 1997 que creó el Fondo de programas especiales para la paz (hoy conocido como Fondo para la paz), para que esté presidido o direccionado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y se le permita financiar programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas. También permite financiar todo tipo de proyectos relacionados con el logro y la consecución de una paz total y definitiva.
Frente a la Subcuenta Fondo Colombia en Paz (FCP), el proyecto contempla que podrá ser administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas. Las funciones administrativas estarán bajo el direccionamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en coordinación con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación o quien haga sus veces, y el ordenamiento del gasto lo ejercerá, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica -DAPRE-.
Desde Caribe Afirmativo surgen varias reflexiones sobre si el concepto de seguridad humana y paz total incluye el reconocimiento de la existencia de violencias diferenciadas cometidas contra las personas LGBT en el marco del conflicto interno armado, entendiendo que este grupo poblacional ha sido víctima de múltiples vejámenes por parte de actores armados ilegales al margen de la ley y categorizado como vulnerable por las dinámicas propias de la sociedad.
Es por esto que el Estado tiene el gran reto de asegurar enfoques diferenciales, en especial de género, en la implementación no sólo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, sino también en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos programas, tras casi cinco años de su creación, han mostrado pocos avances en cuanto a la ejecución de iniciativas que permitan concretar la presencia del Estado no sólo con presencia policial o militar, sino una presencia estatal con infraestructura, salud, educación y portafolios de economías legales, brindando mejores condiciones de bienestar a las comunidades de las zonas rurales del país principalmente afectadas por la violencia.
Como segunda reflexión, nos cuestionamos si la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como entidad encargada de la dirección del fondo para la paz junto con las subcuentas adheridas, realizará un seguimiento y control más exhausto y riguroso frente a los recursos que se giran a los OCAD-Paz para el financiamiento de los proyectos cuyo objeto es la construcción de una paz real y definitiva. Esto, teniendo en cuenta el presunto hurto denunciado públicamente de aproximadamente 500 mil millones destinados a financiar cerca de 355 proyectos PDET por una aparente red conformada por altos funcionarios del Estado que impedía que el recurso girado desde el fondo especial para programas de paz llegara en su totalidad a la Alcaldía del territorio donde debían ejecutarse los proyectos. Con esto, es claro la necesidad de una reforma legislativa para garantizar el acceso efectivo a la información pública y el equilibrio de pesos-contrapesos ante los inminentes riesgos de corrupción que fueron materializados.
También celebramos en Caribe Afirmativo la innovadora creación del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar al que se veían obligados a realizar principalmente los jóvenes de estratos bajos del País es fundamental. El proyecto no explicita si desaparecería la Libreta Militar o si se reemplazaría con un certificado de culminación del servicio social. En su desarrollo se debe ahondar en el acceso para personas No Binarias o Trans teniendo en cuenta la imposibilidad práctica que viven actualmente a los hombres trans para definir su situación militar, enfrentando cientos de obstáculos materiales, burocráticos y de seguridad que le impiden vivir su vida cotidiana como cualquier otra persona.
Como organización de la sociedad civil que propende por el reconocimiento y la promoción de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ y ha aportado significativamente a investigaciones para la construcción de la verdad, reconociendo las formas diferenciadas de violencia que han sido perpetradas contra personas LGBT en el marco del conflicto armado por actores ilegales en contextos de complicidad social e impunidad estructural, aplaudimos la iniciativa gubernamental reconociendo el compromiso del Gobierno Petro – Márquez por trabajar en la verdadera consecución de una paz total en el todo el territorio nacional, y lo visualizamos como la puerta de entrada a cambios estructurales que deben darse desde el Estado.
Esperamos que dentro de la implementación de este proyecto las demás normas en el marco de esta iniciativa, se tenga en cuenta un enfoque diferencial de género y diversidad sexual para la población LGBTIQ+, garantizando su derecho a la verdad, a la convivencia pacífica, a la participación y a la garantía de la no repetición de las violencias sistemáticas ejercidas contra las personas con OSIGEG diversa.