Activísmo Derechos Humanos Paz

Organizaciones de derechos de las mujeres y de personas LGBTIQ presentan informes a la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos en medio de las manifestaciones

 9 de junio de 2021. Diversas organizaciones1 de derechos humanos de las mujeres y de personas LGBTIQ se reunirán con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la visita de trabajo que adelanta este organismo, para presentarle informes sobre diferentes formas de violencia sexual y basadas en género que han tenido lugar en las protestas en Colombia.

En contextos represivos, como el que se vive desde hace más mes y medio durante el estallido social en el país, las mujeres y personas LGBTIQ son arrestadas, humilladas, violadas, asesinadas y desaparecidas por desafiar roles tradicionales y patriarcales que les han sido impuestos.

Adicionalmente, las violencias basadas en género y la violencia sexual que se han vivido en el marco de la protesta son formas de violencia patriarcal que castigan la participación de las mujeres y personas LGBTIQ en el espacio público. Además, se les relega al ámbito privado y se los continúan imponiendo roles de génerobasados en estereotipos machistas, cisexistas y LGBTIfóbicos.

De acuerdo con la Campaña Defender la Libertad, entre el 28 de abril y el 2 de junio, se registraron 29 casosde violencia de género, incluida distintas formas de violencia sexual2. De acuerdo con la ONG Temblores, al 31 de mayo de 2021, se registraron 25 víctimas de violencia sexual y seis víctimas de violencia de género3. Por su parte, según la Defensoría del Pueblo, hasta el 21 de mayo de 2021 se recibieron reportes de 106 casos de violencia basada en género en contra de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. De estos 106 casos, 23 corresponden a hechos de violencia sexual4.

Las organizaciones de personas LGBTIQ resaltan que la violencia policial no se da solo en momentos de manifestaciones, sino que es una constante a lo largo de los últimos años. De acuerdo con el informe de Más que Cifras5 de Colombia Diversa, en el 2019 hubo 109 victimas de violencia policial y, en el 2020, 174. El panorama para personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas es preocupante, pues en el 2020 se registró un aumento alarmante en los asesinatos y amenazas.

Estas son algunas de las solicitudes que las organizaciones harán a la CIDH

Incorporar en las conclusiones de su visita que la Fuerza Pública ha utilizado las violencias sexuales y otras violencias basadas en género contra las mujeres y personas LGBTIQ como parte de la represión violenta de la protesta, lo que representa una violación a sus derechos humanos, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país, a la libre expresión y asociación, y a una vida libre de violencias.

En vista de los conocidos obstáculos que enfrentan las mujeres y personas LGBTIQ para denunciarcon rapidez la violencia sexual y la violencia basada en género, esté abierta a recibir sus testimonios con posterioridad a su visita, para conocer de primera mano las situaciones y violaciones a los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTIQ vividas en el marco del paro nacional, en cumplimiento de los estándares internacionales sobre confidencialidad, privacidad, intimidad, acompañamiento psicosocial y no revictimización.

Ofrecer recomendaciones específicas y apoyo técnico al Estado colombiano con el objetivo deasegurar que la investigación de casos de violencia policial contra personas LGBTI en el marco delParo Nacional se realicen de manera imparcial, seria y libre de prejuicios relacionados con la diversidad sexual y de género, y que tengan en cuenta como hipótesis investigativa que la violenciacontra manifestantes LGBTIQ puede estar motivada o agravada por el prejuicio hacia su orientaciónsexual, identidad de género y/o expresión de género.

Exigir al Estado que las investigaciones disciplinarias por abusos de autoridad contra mujeres y personas LGBTIQ en el marco del paro nacional sean adelantadas por la Procuraduría General de la Nación y no por la Inspección General de la Policía Nacional, para fortalecer y garantizar el acceso a la justicia. También pedimos que se inste al Estado a que se garantice la participación de las víctimas y sus representantes en los procesos disciplinarios relativos a la vulneración de los derechos humanos de personas LGBTIQ por parte de la Fuerza Pública. En ese mismo sentido, solicitar que las denuncias por violencias basadas en género, violencias por prejuicios y violencia sexual contra personas LGBTIQ por parte de agentes de la Fuerza Pública sean investigadas penalmente por la justicia ordinaria y no por la Justicia Penal Militar, por cuanto estos hechos involucran móviles discriminatorios que de ninguna manera hacen parte de las funciones de los miembros de la FuerzaPública.

Recomiende la creación de un Grupo Interdisciplinario de personas expertas Independientes (GIPEI) con un enfoque diferencial, para que contribuya en el esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública en el marco del paro nacional 2021, incluyendo la violencia sexual y la violencia basada en género.Solicitar al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, información sobre el número total de hechos de violencia sexual y violencia contra las mujeres y personas LGBTIQ ocurridas desde el 28 de abril de 2021 hasta la fecha, asociadas a las diferentes expresiones de la protesta social, y avances en las investigacionesdisciplinarias y penales, en particular frente a la Fuerza Pública. A su vez, exigir que el Estado Colombiano realice los esfuerzos necesarios y asigne recursos para la recolección y análisis de datos estadísticos desagregados respecto de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, así como por factores como la raza, la etnia, la edad, la condición migratoria, entre otras categorías sobre los casos de violencia que se registren en el marco del paro nacional.

Exhortar al Estado colombiano para que adopte las decisiones necesarias, entre ellas judiciales, queaseguren el respeto del debido proceso, el principio de juez natural e imparcial, y, en consecuencia,todos los hechos de violencia por parte de la Fuerza Pública, incluidos hechos de violencia sexual y otras violencias contra las mujeres y personas LGBTIQ, sean conocidos por la justicia.

Recomendar a Colombia la realización de una reforma profunda a la Policía Nacional, incluido el Entre las recomendaciones que pedimos están: que los integrantes de la Policía Nacional, odel cuerpo de seguridad humana que se defina, cuenten con procesos de formación permanentes enlos temas de derechos de las mujeres y personas LGBTIQ, violaciones a los derechos humanos de las mujeres y la población LGTBIQ con el fin de asegurar la no repetición de estos graves hechos. Y que se adopten medidas para la incorporación del enfoque diferencial en el accionar de la fuerza pública y para esto contar con protocolos y otras medidas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género contra las mujeres ejercida por agentes de la fuerza pública. Y velar por su estricto cumplimiento.

Ofrecer recomendaciones al Estado colombiano para la adopción de medidas inmediatas para garantizar la protección y seguridad de mujeres y personas marchantes LGBTIQ, y de defensoras y defensores de derechos humanos LGBTIQ que participan y/o acompañan las movilizaciones. En particular, recomendarle al Estado que fortalezca el rol de prevención y acompañamiento que realizan las duplas de género de las Defensorías regionales, por cuanto este es uno de los principales referentes que tienen las personas LGBTIQ de distintos territorios a nivel nacional para acudir en casos de vulneraciones de derechos.

Las organizaciones recuerdan que este tipo de violencias no son aisladas y se han usado siempre de forma estratégica para destruir identidades individuales y colectivas de las mujeres y personas LGBTIQ. Además, a lo largo de los años se han mantenido en silencio y son invisibilizadas, lo que genera estigma, miedo y falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas.

La justicia social no puede dejar de lado la violencia que sufren las mujeres y personas LGBTIQ. Si queremos prevenir este tipo de delitos y evitar la impunidad, deben ser nombrados y los responsables enjuiciados.