Según la Defensoría del Pueblo, se habían registrado 113 hechos de violencia basada en género. De esos, 112 casos fueron presuntamente ocasionados por la fuerza pública y su ESMAD, 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBTI. Entre las denuncias se incluyen 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento y 22 tocamientos.
8 de julio de 2021. El día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH[i], entregó una serie de recomendaciones a Colombia sobre la situación de Derechos Humanos, en adelante DDHH en el contexto de la protesta social, debido al paro nacional que inició el pasado 28 de abril del presente año.
El informe de la CIDH brinda una serie de recomendaciones, considerando las particularidades de la movilización social, entre estas, que dichas jornadas de protestas se han extendido por todo el país y que además contemplan múltiples reclamos, reivindicaciones, y demandas sociales de diversa índole tanto nacionales, departamentales y municipales. En ese orden de ideas, convergen gran variedad de grupos poblacionales que hacen parte de una interseccionalidad que se conjugan en los más de dos meses de protesta que llevamos. Dichos grupos son indígenas, personas LGBT, mujeres, jóvenes, trabajadores, sindicalistas, personas afro y estudiantes escolares y universitarios.
Sin embargo, el presidente Iván Duque rechazó estas recomendaciones, alegando que se tratan de “tolerar la criminalidad y el vandalismo” en estás últimas semanas de crisis social y que además la respuesta militar desmedida sólo es un acto de “defensa” frente al “terrorismo urbano”[ii]. De igual manera múltiples sectores y algunos medios de comunicación han rechazado este informe bajo distintos argumentos, como que los bloqueos perjudican a comerciantes y desabastecen las ciudades y en otros casos las autoridades siguen sin reconocer el abuso policial y las violencias cometidas en los más de 60 días que llevan las movilizaciones.
Así las cosas, desde Caribe Afirmativo respaldamos el trabajo de la CIDH, en especial porque junto con varias organizaciones de la sociedad civil estuvimos compilando información de casos y construimos un informe sobre las cifras de violencia y hechos victimizantes que vivieron personas LGBT a lo largo y ancho del país. Gracias al trabajo de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de todas y todos y Temblores ONG que a diario han estado registrando las agresiones que han vivido los y las marchantes en las movilizaciones en todo el país y a varias organizaciones de la sociedad civil que estamos brindando orientación jurídica y atención psicosocial a las personas que se han visto afectadas en el marco de las protestas.
Sin embargo, ante las estadísticas y los hechos de acoso, violencia sexual y agresiones contra mujeres y personas LGBT que se calcula que más de estos 122 casos fueron presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública y su ESMAD, 99 de estos contra mujeres y 13 contra personas LGBT, es posible que haya un subregistro de los mismos ya que a diario se presentan estas situaciones de vulneración de DDHH y las personas temen denunciar por miedo a recibir represalias por parte de sus agresores.
Entre las recomendaciones que hace la CIDH en materia de violencia basada en género, este tipo de violencia la identifican como un mecanismo de represión contra mujeres, niñas y personas LGBT, que no solo incluyeron a las personas marchantes, si no también a quienes se encontraban en zonas aledañas donde ocurrían las movilizaciones y los enfrentamientos y arremetidas por parte de agentes de la fuerza pública contra las protestas pacíficas.
Se señala además situaciones que conmocionaron al país a nivel nacional, como el caso de una adolescente que fue agredida en Popayán por parte de la fuerza pública y que posterior a esto se suicidó el 12 de mayo. Además, de que se observa con extrema preocupación los casos graves de violencia de género denunciados contra mujeres indígenas quienes denuncian haber sido violentadas y estigmatizadas por sus expresiones y simbología ancestral durante las manifestaciones. En Cali, se reportó el caso de una mujer indígena que fue abordada por dos agentes de la policía que se transportaban en una motocicleta y que luego la habrían agredido física y sexualmente.
Las detenciones arbitrarías y el tiempo que algunas mujeres permanecieron en los centros de detención o estaciones de policía las pusieron en alto riesgo, ya que gran mayoría de ellas reportan haber recibido amenazas, tocamientos, violaciones y abuso sexual durante el tiempo en que permanecieron privadas de su libertad por encontrarse en las marchas. Así mismo se señalaron 15 casos de violencias basadas en género ocurridas contra mujeres afrodescendientes en el marco del paro nacional, de ahí que se concluya que mujeres afros e indígenas sufran una discriminación racial y estructural que evidencian los patrones históricos de violencia al que han estado sometidas por siglos.
En relación a la violencia por prejuicio que desencadena en agresiones sexuales y físicas contra personas LGBT a nivel nacional resonaron tres casos, el de un hombre gay en Barranquilla, que al conocerse su orientación sexual sufrió una agresión sexual durante la detención arbitraría a la que fue sometido; y las agresiones físicas y sexuales que contra dos mujeres trans una en Pasto y otra en Tunja. En los tres casos los responsables fueron miembros de la fuerza pública. El caso de Barranquilla ha sido acompañado por parte de Caribe Afirmativo en orientación jurídica a la víctima y atención psicosocial, de igual manera durante los espacios de comunicación y de escucha con la CIDH desde nuestra organización ha trabajado en conjunto con GAAT, documentando los casos de violencia y agresiones que han vivido personas LGBT en el marco del paro nacional.
La CIDH en consonancia con estos casos le exige al Estado que todos y cada uno de estos sean investigados con un enfoque diferencial y una perspectiva de género interseccional que garantice el acceso a la justicia y la reparación a las mujeres víctimas de estos hechos. Si bien es cierto, es difícil determinar cuando los actos de violencia contra personas LGBT están motivados por una violencia por prejuicio, por eso es preciso que el Estado colombiano al realizar las debidas investigaciones haga un estudio minucioso de las razones que motivaron dichas violencias, así sean perpetradas por agentes privados o agentes de la fuerza pública.
Referente al caso particular de las mujeres indígenas y afrodescendientes el Estado debe considerar todos los factores de riesgo que ellas puedan encontrar debido a su origen étnico-racial, y edad. Una gran conclusión de la CIDH es que la impunidad de estas violencias evidencia que estas agresiones son toleradas y que esto favorece su perpetuación.
Entre las recomendaciones más relevantes que hace la CIDH al Estado sobre el uso excesivo y desproporcionado en la fuerza en el marco de las protesta, se indica que es necesario ejecutar operativos de seguridad que se apeguen a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en cumplimiento a los principios de legalidad absoluta establecidos por los estándares internacionales. Las acciones de la fuerza pública deben caracterizarse por el respeto a la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a los y las manifestantes o violar sus derechos en cualquier otro escenario.
La CIDH enfatiza que es necesario usar medios de control no letales de orden público, que estén sometidos a un protocolo estricto que prevenga y sancione su uso grave y de afectación a la integridad y a la salud de las personas manifestantes, como también implantar mecanismos que prohíban de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.
Una de las grandes apuestas de la CIDH es devolverle la civilidad a la policía y que se tenga como grupo de reacción al ESMAD, sólo en casos excepcionales. De ahí que la CIDH sugiera separar la Policía Nacional y al Esmad del Ministerio de Defensa, con el objetivo de que esta institución se entrene con un enfoque ciudadano y cívico y de DDHH y no bajo una perspectiva militar. A su vez recomienda que se refuercen y se reestructuren los procesos de formación y entrenamiento de la fuerza pública incluyendo el enfoque étnico-racial y de género y que además se adopten medidas para que la rendición de cuentas frente a denuncias de violación de DDHH sea imparcial, exhaustiva y acarren una sanción para los responsables.[iii]
Finalmente, la CIDH advierte que aún hay muchos desafíos que enfrentar en materia de protección a los derechos humanos en futuras movilizaciones sociales en Colombia, lo cual representa como una oportunidad en conjunto con la sociedad, pues respecto a la situación actual se puede consolidar una nueva etapa de participación ciudadana.
Desde Caribe Afirmativo esperamos que el Estado colombiano acoja estas recomendaciones y en materia jurídica y estructural se garantice el legítimo derecho a la protesta social y el respeto a la vida y la integridad de los y las marchantes en futuras movilizaciones sociales, como también que la orientación sexual, identidad o expresión de género, etnia o raza no sean un motivo que involucre riesgos en el momento de participar en el paro nacional y que finalmente la fuerza pública cuyo objetivo esencial es proteger y cuidar se mantenga como tal y orienten su accionar en el respeto por los DDHH de las personas y no contribuyan a la violencia sistemática por diferentes actores armados que se ha vivido históricamente.
[i] Tomado de https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2021/07/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf
[ii] Tomado de https://www.aa.com.tr/es/mundo/colombia-rechaza-las-recomendaciones-y-el-informe-de-la-cidh-sobre-protestas/2297523
[iii] Tomado de https://www.elpais.com.co/colombia/separar-la-policia-del-mindefensa-entre-las-recomendaciones-de-la-cidh-a.html