Y a uno, aun así, le ha tocado mantenerse de pie, con mucho miedo que había, uno aguantaba.
Mujer trans, El Carmen de Bolívar
El día que supe que se firmaría un acuerdo, algo me llegó al alma, una felicidad. Y yo me decía: “¡Hay un acuerdo, hay un acuerdo!”. Mientras decía “¡hay un acuerdo!”, supe que no moriría callada, que la verdad llegaría a nuestros territorios, que podríamos cambiar los prejuicios y los estigmas que tanto nos han lastimado, que hay unas leyes que nos protegen y que nosotras lucharemos por esos derechos.
Las voces que contribuimos al informe
¡Nosotras Resistimos! Informe sobre violencias contra personas LGBT en el conflicto armado en Colombia fue construido por Caribe Afirmativo, a partir de las voces de personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) víctimas del conflicto armado en Colombia. Se trata del primer informe sobre este tema que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición colombiana recibe por parte de una organización social desde el inicio de su mandato.
¡Nosotras Resistimos! presenta una lectura sistemática, contextual y amplia de las violencias contra las personas LGBT en el conflicto armado colombiano, a partir del análisis de casos de violencias sufridos por personas LGBT en las subregiones del Urabá antioqueño, el Sur de Córdoba y Montes de María a manos de paramilitares, FARC-EP y Fuerza Pública. En él se evidencia que las personas LGBT fueron víctimas de formas diferenciadas de violencia por prejuicios relacionados con su Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (OSIGEG) por parte de actores armados legales e ilegales con el fin de legitimar y fortalecer su poder y control en estos territorios.
El informe es construido desde las voces de las víctimas. A lo largo del texto, se encontrarán fragmentos de entrevistas de las víctimas y relatos de sus vidas reconstruidos a partir de sus testimonios. Tanto los fragmentos como los relatos guían el desarrollo del informe, y ocupan un lugar central en el mismo, para contribuir a romper con el silencio que, durante años, las armas, la naturalización de las violencias y la complicidad de la sociedad impusieron a las víctimas LGBT. Asimismo, dado el enfoque amplio del informe –que toma en consideración las violencias, sus impactos, y sus resistencias–, la centralidad de las voces de las personas LGBT en el documento, es también una apuesta por su reconocimiento como víctimas y sobrevivientes, como personas que resisten y se mantienen en pie.
En términos metodológicos, la investigación se desarrolló, principalmente, a partir entrevistas, grupos de discusión, observación y talleres con personas LGBT víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, Montes de María y Sur de Córdoba. En total se realizaron 56 entrevistas en profundidad, 4 grupos de discusión, 8 recorridos de campo y 5 talleres pedagógicos. La información aportada por las víctimas en estos espacios fue posteriormente analizada y sistematizada por un equipo interdisciplinar integrado por abogadas, politólogas, internacionalistas, enfermeras y psicólogas. Posteriormente, la información primaria fue analizada bajo marcos teóricos sociológicos, jurídicos y psicosociales y en relación con el análisis del contexto territorial en que se enmarcaron los casos de violencia documentados.
El informe está divido en 8 capítulos. En el Capítulo I. Factores de persistencia de las violencias contra personas LGBT en el marco del conflicto armado en Colombia se explican los factores de persistencia o situaciones sociales estructurales que facilitaron y permitieron la perpetración y exacerbación de las violencias por prejuicio contra personas LGBT en el marco del conflicto armado. También, se abordan las desigualdades, desde una perspectiva interseccional, para introducir un análisis del sistema de sexo-género binario y patriarcal. En el marco de este sistema, se ha impuesto la distinción binaria hombre-macho-masculino y mujer-hembra-femenina –a partir de una concepción biológica del sexo y la asignación social de roles de género determinados–. Quienes cumplen con los estándares heteronormativos y binarios de este sistema –personas heterosexuales y cisgénero– son consideradas normales. Mientras tanto, quienes los transgreden –personas con orientaciones sexuales, identidades de género o expresión de género diversas– son consideradas anormales o desviadas y sobre ellas se ejercen formas de opresión.
Posteriormente, se explica cómo los estereotipos y prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad o expresión de género son funcionales a su justificación y perpetuación. Esto, en el contexto el colombiano, donde claramente impera el sistema de sexo-género binario y patriarcal. Así, la sociedad, que percibe a las personas LGBT como anormales, comparte estereotipos negativos respecto a ellas y ejerce violencias por prejuicios en razón de su OSIGEG. Las violencias por prejuicios operan en contextos de complicidad social, es decir, donde la sociedad comparte ampliamente los estereotipos y prejuicios que justifican las violencias y, por ello, estas son percibidas como merecidas, siendo naturalizadas. Además, tienen un impacto simbólico importante, porque generan miedo en las demás personas LGBT que no sufren la victimización directa y refuerzan los prejuicios hacia ellas.
Es claro que el conflicto armado no creó relaciones de opresión asociadas al género, ni tampoco los prejuicios respecto a las OSIGEG diversas. Sin embargo, estos incidieron en las formas de las violencias y en la selección de las víctimas, lo que contribuyó a la consolidación y legitimación del sistema de sexo-género binario y patriarcal por parte de los actores armados. En el conflicto, la confrontación no solo fue armada, sino que también se disputó el control de los territorios y el apoyo de la población civil (útil para lograr el primero), lo que resulta imprescindible para su supervivencia en el tiempo. Por ello, en contextos de naturalización y normalización de los roles de género socialmente asignados y de la jerarquía de los cuerpos, para los grupos armados era fuente de legitimidad, frente a la población civil, que se ejercieran violencias diferenciadas contra las personas que “transgredían” tales roles.
Asimismo, es en estos contextos que la impunidad estructural también constituye un factor central de persistencia. En los casos de violencias por prejuicio contra personas LGBT no hubo reproche penal (ni retributivo ni restaurativo del Estado o los grupos armados ilegales), ni social (por parte de las comunidades). Por el contrario, estas violencias les permitieron a los grupos armados legitimarse en los territorios en los que se encontraban. Por ello, la impunidad estructural hace evidente que las violencias se adecuaban al orden social excluyente compartido por los actores armados y las comunidades. En otras palabras, este tipo de violencia significó que ellos podían continuar cometiendo estas violaciones, sin temor a recibir reproche alguno por parte de las comunidades, ya que consideraban estas transgresiones como justas y merecidas, por lo cual el hacerlo continuaba teniendo sentido a la luz del fin estratégico de legitimación de los grupos armados. De ahí que incluir la impunidad estructural como un factor de persistencia y generación de patrones de criminalidad es también un reclamo a quienes justificaron y normalizaron estas violencias dentro de las comunidades; a quienes, desde el Estado, se han negado –con o sin la intención de apoyar a los grupos armados– a activar las rutas que garanticen el acceso a la justicia (no necesariamente retributivo); y a quienes, desde los grupos armados legales e ilegales, contribuyeron a fortalecer la naturalización de estas violencias.
El Capítulo II. “Geografía por presencia de actores”, referencia de manera concisa las estructuras de FARC–EP y paramilitares que estuvieron presentes en el Urabá antioqueño y el Sur de Córdoba y Montes de Maríam además de los efectivos de la Fuerza Pública que se encontraban en este último territorio, durante las violencias analizadas en este informe. Esto ofrece un panorama sobre la presencia de los actores armados (legales o ilegales) que resulta útil para la comprensión de los capítulos que siguen. Además, mejora el entendimiento de los contextos sociales marcados por disputas territoriales entre actores armados legales e ilegales.
Los siguientes tres capítulos explican las formas de violencias por prejuicio contra personas LGBT perpetradas por las FARC–EP en las subregiones del Urabá antioqueño, Montes de María y Sur de Córdoba (Capítulo III. Violencia contra personas LGBT por parte de las FARC-EP); por los paramilitares en el Urabá antioqueño, los Montes de María y el Sur de Córdoba (Capítulo IV. Violencia contra personas LGBT por parte de grupos paramilitares); y por la Fuerza Pública en los Montes de María (Capítulo V. Violencia contra personas LGBT por parte de la Fuerza Pública). En el caso de las FARC-EP y los paramilitares se identificaron como principales violencias, las amenazas, el desplazamiento forzado, el homicidio/feminicidio (consumados o no), distintas formas de violencia sexual, la tortura y la esclavitud. En el caso de la Fuerza Pública, las principales violencias fueron la detención arbitraria la tortura, el causar lesiones personales y diferentes formas de violencia sexual. Desde una perspectiva interseccional, se identificó que estas violaciones fueron cometidas por prejuicios relacionados con el hecho de tener una OSIGEG diversa. Estas afectaron a personas LGBT de distintas edades –principalmente niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes–; y de condiciones socioeconómicas escasas; las cuales vivían, principalmente, en territorios rurales o zonas periféricas de núcleos urbanos.
En estos tres capítulos se evidencia que, por un lado, los hechos perpetrados por cada uno de los actores armados contra las personas LGBT no fueron aislados, sino que constituyeron patrones de criminalidad que configuraron el crimen de persecución. Específicamente, los casos que se relatan en este informe ilustran la manera en cómo se desarrollaban estas violencias –sus modus operandi regulares– y permiten entender un aspecto fundamental de las mismas: los actores armados perpetraron estas violencias bajo un móvil prejuicioso y con un fin estratégico. Este último, consistía en fortalecer un orden social excluyente y heteronormativo que les permitiera, a su vez, reforzar su legitimidad frente a comunidades que también compartían sus prejuicios.
Asimismo, analizar sistemáticamente las violencias permite entender sus similitudes y diferencias, e inferir, consecuentemente, –incluidos el móvil y el fin compartido por las violencias–, que estos hechos hacen parte de un plan criminal sistemático. Ahora bien, para comprender adecuadamente el móvil y el fin, es necesario partir del contexto en el que se desenvolvían. De ahí, la relevancia de comprender los factores de persistencia que facilitaron y permitieron estas violencias, los cuales deben ser transformados para lograr una verdadera garantía de no repetición.
Reconocer que, como sociedad, Colombia ha permitido, facilitado, naturalizado y normalizado las relaciones de dominación y exclusión enmarcadas en el sistema patriarcal y heteronormativo es indispensable para identificar los prejuicios que han fundamentado las violencias contra las personas LGBT. En este sentido, se interseccionaron las relaciones de dominación y exclusión asociadas a la diversidad sexual y de género con factores étnicos, raciales, socioeconómicos y de diversidad funcional, posicionando a las personas históricamente dominadas o excluidas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las violencias.
El Capítulo VI. Impactos de las violencias contra personas LGBT en el marco del conflicto armado amplía la narrativa de las violencias para presentar los impactos diferenciados de las mismas. Entendiendo que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) se enmarca principalmente en el paradigma de la justicia restaurativa y que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) tiene un mandato amplio e integral. Por ello, resulta esencial que se comprendan y dimensionen las afectaciones que sufrieron las personas LGBT en el conflicto armado y cómo estas se interrelacionan con las situaciones de discriminación y exclusión que vivieron tanto en el marco de la guerra, como fuera de esta.
En el informe se analizan los impactos psicosociales, físicos, socioeconómicos y colectivos. Entre los psicosociales se encuentran el miedo, el estrés postraumático, la depresión, el aislamiento, entre otros. Entre ellos, destacan también el “autocontrol” de la orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género –muchas personas LGBT se vieron forzadas a ocultar o disimular su OSIGEG por miedo a sufrir nuevas violencias en razón de estas– y el sufrimiento derivado de la negación del acceso a la justicia –ante la naturalización y percepción de las violencias contra personas LGBT como merecidas, estas sufrieron el total silenciamiento e impunidad de estos–. Entre las afectaciones físicas se encuentran los daños corporales permanentes, las cicatrices, las mutilaciones, entre otras. Estas secuelas han agudizado, en distintos casos, las afectaciones psicosociales y socioeconómicas. Entre los impactos socioeconómicos se destacaron distintas afectaciones a nivel laboral, habitacional y educativo. Estas afectaciones se vieron agravadas por la discriminación y exclusión que enfrentaron las personas LGBT para acceder a estos derechos en la cotidianidad. Por último, los impactos colectivos se refirieron a las afectaciones de los procesos organizacionales y de movilización social de las víctimas LGBT, que fueron objeto de ataque por parte de los actores armados.
El Capítulo VII. A pesar de todo, nos mantenemos de pie: Experiencias de resistencia LGBT cuenta las resistencias y prácticas de reconciliación de las víctimas LGBT. Estas personas, las cuales hicieron posible este informe, son ejemplo de fortaleza, resiliencia y valentía. Este capítulo rinde un homenaje especial a las resistencias de estas víctimas, con el fin de que sean reconocidas como actores y actoras con agencia, que han sido capaces de mantenerse en pie ante la adversidad y contribuir a la transformación de lo que les rodea. En él, se narran los testimonios de personas LGBT que, desde su cotidianidad, se han convertido en agentes de cambio social y que, asimismo, han transformado el dolor en fortaleza para luchar por un país mejor. Además, se narran las resistencias colectivas que incluyen los distintos procesos de organización y movilización social liderados por víctimas LGBT, que han contribuido a la defensa de sus derechos.
El Capítulo VIII. Reparaciones colectivas señala una serie de alternativas de reparación colectiva reconstruidas a partir del trabajo con las víctimas. En gran medida, estas alternativas de reparación buscan deconstruir y desnaturalizar los prejuicios y las relaciones de dominación y opresión que estuvieron en la base de las violencias contra las personas LGBT, ya que que las víctimas consideran que esto es indispensable para lograr una verdadera garantía de no repetición. Entre las medidas que se proponen, se encuentra la construcción de placas conmemorativas en plazas públicas, de casas comunitarias LGBT, de un museo de la diversidad en el conflicto, etc.
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, proponer la verdad como bien público brinda las herramientas necesarias para consolidar un diálogo social que promueva la convivencia y la reconciliación. Esto, se logrará partiendo de un diálogo entre iguales, así como diversos y donde la verdad asuma una función catalizadora de la implementación del Acuerdo Final, convirtiendo la relación entre la CEV y la sociedad civil en una herramienta para alcanzar la paz.
En Caribe Afirmativo se comparte la idea de que la verdad tiene igual importancia que la justicia, ya que, además de castigar a los culpables para que asuman sus responsabilidades y adquieran compromisos que garanticen la reparación y la no repetición, es necesaria la búsqueda de la verdad para conocer las razones, motivaciones y el fin último de estas violaciones, puesto que, solo así, se logrará romper el cerco del continuum de violencias. En otras palabras, mientras no se desinstalen de la sociedad los imaginarios colectivos que han arraigado esta violencia prejuiciosa en la cotidianidad, los esfuerzos que se realicen para contrarrestarla no serán eficaces, puesto que no contribuyen al hecho de aceptar a la diversidad como un valor social; por ello, son determinantes las discusiones sobre los patrones de la violencia y sus efectos en los proyectos de vida de todas las personas.