Rechazamos los asesinatos a líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional, y exigimos respuestas inmediatas en materia de protección y prevención por parte de las autoridades públicas competentes.
De acuerdo a la organización Somos Defensores, en el año 2016, 80 defensores(as) de DDHH y líderes(as) sociales fueron asesinados(as), y otros 49 fueron víctimas de atentados contra su integridad personal. En ese momento, las organizaciones de la sociedad civil y los(as) líderes(as) sociales, preocupados por el incremento de los asesinatos (que de acuerdo a Somos Defensores aumentó en un 22% respecto al 2015), nos movilizamos exigiendo “Que la Paz NO nos cueste la VIDA”. Sin embargo, en el año 2017, los asesinatos de líderes(as) y defensores(as) siguieron aumentando, tal como lo documentó Somos Defensores en su informe Piedra en el zapato, organización que registró un total de 106 asesinatos. De acuerdo a Indepaz, hasta el pasado 5 de julio, se habrían registrado 123 asesinatos en lo corrido de este año.
A pesar de que los avances en el proceso de construcción de paz y la implementación del Acuerdo -tales como la desmovilización de un amplio número de miembros de las FARC y el inicio de su reincorporación, la puesta en funcionamiento de la JEP, el inicio de la fase de preparación de la CEV, la reactivación de los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia, los procesos de formulación de PDTs, entre otras-, es imposible pensar en la consolidación de una paz estable y duradera teniendo ante nuestros ojos un panorama tan desolador en materia de garantías integrales para los(as) defensores(as) de DDHH y los(as) líderes(as) sociales de nuestro país. En el último mes, no sólo hemos visto con dolor cómo líderes y lideresas de los distintos territorios han sido asesinados(as), también sabemos que muchos(as), que continúan con vida, viven en medio del terror a causa de los panfletos y las amenazas que se han ido propagando por las regiones sin que el Estado ofrezca una respuesta oportuna y efectiva.
Hacemos un llamado a las distintas instituciones del Estado -especialmente aquellas que deben prestar protección a la ciudadanía o activar las rutas de protección como la Policía, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, entre otras- a que asuman la responsabilidad que recae sobre sus hombros con la debida diligencia, para garantizar la vida a quienes, desde los territorios, han luchado de manera incansable por los derechos de las personas más vulnerables, activando las rutas de protección y prevención efectiva de manera oportuna.
Por último, lamentamos profundamente las muertes de los(as) defensores(as) y líderes(as) a quienes les han arrebatado la vida por haber trabajado en la construcción de un mejor país. Seguiremos ejerciendo la movilización social para exigir que ninguna persona pierda la vida por defender sus derechos y los de las demás personas.