Las últimas expresiones de violencia contra una pareja de hombres trans y otra de mujeres lesbianas y el mantenimiento de prácticas de persecución motivadas por la orientación sexual, identidad o expresión de género en diferentes países del mundo, evidencia que los prejuicios y la exclusión son aún una realidad cotidiana para las personas LGBTIQ+.
Si bien las noticias relacionadas con las personas LGBTIQ+ son quizás, –hablando de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad– quienes aparecen con mayor frecuencia en medios de comunicación, portales web y redes sociales, esta recurrencia no está relacionada, en la mayoría de las ocasiones, con acciones de buenas prácticas, acceso a derechos o transformación de contextos homofóbicos y transfóbicos; por el contrario, tiene mucho más que ver con asesinatos, amenazas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y restricciones a sus libertades. Estos son titulares cotidianos en todo el mundo, encabezados relacionados con impunidad, indefensión y ausencia de políticas de prevención; realidades que distan de “la vida rosa” que ingenuamente creemos que existe para ellas.
En los últimos días dos hechos evidenciaron esta situación: una pareja de hombres trans de origen peruano, que se encontraba de luna de miel en Indonesia, fue retenida en el aeropuerto de Bali, donde las autoridades los sometieron a un proceso de violencia verbal y emocional relacionada con su identidad de género y su carácter migratorio. Además, los golpearon al confundir su medicación hormonal con sustancias de uso ilícito para, al final, extorsionarlos como contraprestación para dejarlos en libertad. Fruto de las múltiples golpizas, ambos fueron trasladados a un hospital local de esa ciudad, donde uno de ellos murió y el otro fue aislado por guardia policial hasta el regreso a su país, sin permitirle contacto con sus abogados.
Por otro lado, en Irán, en la ciudad de Urmía, un juez dictó sentencia de muerte contra dos mujeres lesbianas de 24 y 31 años, atribuyéndoles los delitos de sodomía, práctica del cristianismo y promover el activismo. Cargos que le permitieron aplicar la pena “corrupción terrenal”, qué según su ley sagrada, le da la competencia al tribunal de aplicar el mayor castigo según su legislación: la pena de muerte.
Tanto Indonesia, como Irán, hacen parte de un grupo de 27 países en el mundo donde las legislaciones sancionan, criminalizan y persiguen a las personas LGBTIQ+, pues anteponen preceptos religiosos y de conducta moral al reconocimiento de derechos y no ha sido posible que su pertenencia a órganos garantes de derechos como la ONU, o sus políticas de cooperación con países de occidente como EE.UU. o la Unión Europea, les imponga como prerrequisito reconocer y respetar la dignidad humana y la libertad de expresión, dando cuenta que los derechos humanos como política universal en el mundo es aún un asunto pendiente.
Y es que por más que se quiera mostrar que el asunto de la diversidad sexual y de género es una agenda globalizada, porque en junio las calles se engalanan con los colores del arcoíris, las empresas aumentan los discursos de orgullo y en las prácticas del consumo, se aborda como un nicho en crecimiento de las sociedades modernas, esto no podría estar más lejos de la realidad, puesto que la sociedad que sigue siendo hostil y deja constancia de que es mejor ser heterosexual, blanco, cisgénero y capitalista.
En nuestros países a las personas LGBTIQ+ les aplica la máxima de que: “a mayor visibilidad, mayor riesgo”, y lejos de pensar que este es un mejor mundo para quien, con valentía, sale del clóset o asume libremente su diversidad sexual o expresión de género, prácticas como pena de muerte, terapias correctivas, criminalización de la homosexualidad, persecución al liderazgo y negación de derechos siguen vigentes en nuestra era, dejando sin efecto esfuerzos internacionales como el de Naciones Unidas con sus declaraciones sobre SOGIE que desde 2005, exhortan a los Estados a tomar medidas para la erradicación de la violencia y discriminación contra las personas LGBTIQ+. Del mismo modo, con la creación de los principios de Yogyakarta y la puesta en marcha de la figura del Experto Independiente, en los últimos 5 años, se ha tratado de que, con sus visitas a terreno, informes temáticos y alocuciones con los países, se ponga fin a la discriminación y los prejuicios y se asuman compromisos reales.
De la misma manera, para nuestro hemisferio, la Comisión Interamericana de DD.HH. con la relatoría LGBTIQ+, de forma valiente, no solo ha denunciado prácticas sistemáticas de violencia, sino que, en diferentes audiencias temáticas, a solicitud de la sociedad civil, ha exhortado a los Estados miembros a transformar sistemas legales y prácticas consuetudinarias que enquistan la violencia. Pese a ello, seguimos presentando altos niveles de violencia contra las personas LGBTIQ+, solo para el último año, se sumaron más de 1000 personas asesinadas entre Brasil, México, Colombia y Honduras, cuyos crímenes estuvieron motivados presuntamente por su orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.
Algunos países donde ha sido más benévola la cultura ciudadana con las personas LGBTIQ+, han activado acciones de cooperación, unidas a sus prácticas de relación y desarrollo, como EE.UU., Canadá, la UE[1], entre otros y han puesto como condicionante de sus procesos de ayuda, la garantía de derechos de personas LGBTIQ+. Algunos Estados, como los de Medio Oriente, lo ven como una intromisión y un proceso de invasión a su cultura y otros como los de occidente, lo asumen solo para ajustar teóricamente algunas acciones, pero no intervienen la cultura ciudadana, donde se presenta el mayor número de violaciones, dando como resultado una precaria situación cotidiana que hace insostenible la vida de las personas sexo-género diversas.
Esta realidad tiene al mundo, en materia de derechos LGBTIQ+, dividido en tres grandes bloques: países garantes de su vida digna, que son muy pocos y que suelen coincidir con acceso a niveles de vida equitativos, donde leyes como la del matrimonio igualitario y de protección a personas trans, se compagina con una cultura ciudadana que respeta a las personas sin importar su orientación sexual, identidad y expresión de género. Países en los que se han asumido caminos judiciales, legislativos y ejecutivos para responder a convenios internacionales que se expresan en cuerpos normativos, políticas públicas o acciones afirmativas, pero que no tienen un compromiso con la transformación del tejido social, donde se cometen los actos de discriminación y violencia. Y, un tercer grupo de países, casi 30, que hoy contra todos los preceptos universales de derechos humanos, penalizan, criminalizan y estigmatizan a las personas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género, lapidándolas, condenándolas a muerte o sometiéndolas a expresiones de violencia como latigazos, encierros en calabozos y el escarnio público.
Ahora bien, no se puede afirmar que los países del primer grupo están libres de violencias, o que en los del tercer grupo no existan buenas prácticas. Por el contrario, cuando se habla de diversidad sexual, la realidad puede ser mucho más compleja. Existen asomos de expresiones de odio en los países más comprometidos y expresiones de resistencia en aquellos que han querido “desterrar” a las personas LGBTIQ+, lo cual sigue dando cuenta de que la agenda con mayores retos sigue siendo la de los derechos humanos. A ello se le suma que los discursos de odio, los grupos antiderechos y los fundamentalismos religiosos la hegemonía política neoconservadora y las prácticas esencialistas que están desde lo público han contribuido a hacer más difícil la vida de las personas LGBTIQ+, condenándolas a la invisibilidad como el lugar que les pertenece.
Definitivamente esta sociedad de hoy, que se moderniza con celeridad y se precia de ser asertiva en lo que compete a las agendas de diversidad sexual y de género, deja constancia una vez más, con su estela de violencia, de que esa visibilidad se basa, de manera accesoria, en el marketing, la cosificación y el consumismo, pero no en la transformación real del mundo para que las personas LGBTIQ+ tengan proyectos de vida plenos y felices.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo
[1] Si bien no es un país, se menciona entendiéndola como una única fuerza política.