La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 033-2022, en la cual especifica los riesgos de la expansión y dominación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Clan de Golfo en la subregión de los Montes de María.
13 de diciembre de 2022. La subregión Montes de María permanece bajo el control constante de grupos armados al margen de la ley que imponen el orden social y territorial, tomando funciones propias del Estado como la financiación de obras públicas y eliminando la diferencia mediante distintos mecanismos y violencias.
La Defensoría del pueblo emitió el 12 de diciembre de 2022 la Alerta Temprana 033-2022, en la que indica que esta es la sexta alerta temprana emitida por la entidad para dar al Estado colombiano recomendaciones sobre las acciones inmediatas que se requieren para salvaguardar la vida e integridad de las personas del territorio. Esta alerta temprana incluye además consideraciones puntuales sobre las afectaciones diferenciales de las violencias, particularmente la violencia sexual, hacia personas LGBTIQ+.
En la alerta se señala que el poder militar y la dominación social de las AGC se ha construido mediante amenazas, violencia física, reclutamiento, violencia sexual, financiación de proyectos productivos aprovechándose de la vulnerabilidad de la subregión por la ausencia estatal, entre otras. En esta subregión existen disputas sociales por el derecho a la tierra, el territorio y el agua, enfrentando a las comunidades locales con modelos económicos extractivistas y hacendatarios.
Entre el 2020 y 2022 se han evidenciado más de 550 amenazas en el territorio y más de 134 homicidios, además de acciones como desplazamientos forzosos y violencias sexuales que no tienen un registro preciso por las barreras de acceso a la justicia que tiene la población. También han existido ataques a personas LGBTIQ+ por sus liderazgos, sumando acciones específicas que evidencian violencias por prejuicio en las agresiones físicas y el lenguaje hacia las víctimas.
La violencia sexual además ha sido utilizada continuamente como forma de castigo y control de los cuerpos, especialmente dirigida hacia mujeres y personas LGBTIQ+. Esta violencia tiene consecuencias como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y daños a la integridad física y psicológica, las cuales suman mayor vulnerabilidad ya que no existe un acceso efectivo al sistema de salud en el territorio.
Entre el 2019 y el 2021 se han registrado 38 casos de violencia sexual en la subregión; 90% de ellos han tenido como víctimas a mujeres cisgénero y 10% a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El subregistro en este tema se debe a la intimidación, el miedo a la estigmatización y la falta de confianza en el sistema judicial que impide que las personas puedan denunciar libremente.
En este contexto, la Defensoría indica que la acción estatal para la prevención se enfoca en el homicidio y los delitos contra el patrimonio, restando importancia a la violencia sexual como forma de control. Las cifras de violencia sexual y otras violencias hacia personas LGBTIQ+ son escasas, indicando por un lado la existencia de barreras de acceso a la justicia, y por otro, la dificultad de la organización social para este grupo.
En la alerta también se resalta la mayor vulnerabilidad que viven grupos poblacionales como personas indígenas, afro y migrantes frente a estas violencias, especialmente las mujeres. El nivel de riesgo que presenta entonces esta subregión es alto, por lo cual la Defensoría del Pueblo emite recomendaciones a alcaldías, personerías municipales, gobernaciones, Fiscalía, UNP, URT, UARIV, ARN, ICBF, Minsalud, Minjusticia, Procuraduría, ART, ANT y ADR. Entre las recomendaciones destacan aquellas dirigidas a prevenir y atender las violencias diferenciadas a personas LGBTIQ+ mediante la definición de acciones específicas y la sensibilización a funcionarios públicos sobre políticas de reconocimiento y protección de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Desde Caribe Afirmativo solicitamos a todas las instituciones aquí nombradas que acojan las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo para proteger la vida y seguridad de las personas de Montes de María, especialmente a las personas LGBTIQ+ que son víctimas de violencias diferenciadas. Especialmente solicitamos a la Unidad Nacional de Protección que reconozca los riesgos a los que se enfrentan las personas LGBTIQ+ que ejercen liderazgos sociales en la subregión Montes de María y en todo el territorio nacional, llevando a cabo acciones efectivas para su protección.