Con el proyecto de ley 222 de 2022, el gobierno busca crear un órgano rector de carácter ministerial que, con agendas concretas y líneas claras, permita superar el déficit estructural de derechos que sufren mujeres, personas LGBTIQ+ y grupos étnicos, causado por la invisibilidad a la que han estado sometidos.
El pasado martes 18 de octubre, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, rodeada de algunas personas de grupos poblacionales históricamente excluidos y discriminados –que éste Estado patriarcal ha condenado como “los nadie”– presentó ante el congreso el proyecto de ley que busca crear en el país el Ministerio de Igualdad y Equidad, cartera que pretende ser la infraestructura gubernamental desde donde se articulen todas las acciones del Plan de Desarrollo Nacional (PND) tendientes a garantizar el acceso a derechos y garantías de ciudadanía plena a las mujeres, personas afro, indígenas, LGBTIQ+, habitantes de calle, personas con discapacidad, campesinas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas empobrecidas, buscando hacer realidad aquella potente declaración de Márquez el pasado 7 de agosto cuando juró la vicepresidencia “(…)Hasta que la dignidad sea costumbre”.
La existencia de este órgano especializado en el reconocimiento de derechos de los grupos poblacionales históricamente excluidos y marginados no es una idea novedosa de Colombia; hoy más de 27 países en el mundo cuentan con carteras similares, algunas de estas están enfocadas en políticas sociales y otras son especializadas en asuntos poblacionales. La mayoría de estos organismos empezaron por ser ministerios de asuntos de mujeres, que luego se fueron ampliando a cuestiones de género y diversidades, acogiendo a las personas LGBTIQ+ y que, en algunos casos, como se pretende en Colombia, acoge también a los grupos étnicos. Estas poblaciones, que si bien tienen agendas distintas, comparten una experiencia de vida en común: sus procesos de desarrollo en la sociedad, de manera permanente, han estado marcados por estructuras de discriminación y ausencia de derechos.
Francia, Canadá y Corea del Sur, en los años 80, fueron los primeros países en construir estas entidades especializadas de rango político-administrativo que, en su momento, vincularon acciones afirmativas y corrección de prácticas soterradas de exclusión, a través de actividades reparadoras enfocadas principalmente en temas de género y familia. Luego, en el marco del nuevo milenio, –y respondiendo a disposiciones de organismos regionales para superar la desigualdad como los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)– más de 20 Estados de ese continente fueron generando sus propias estructuras ministeriales. Para el caso de Latinoamérica, experiencias como la de Chile con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y Argentina, con el Ministerio de la Igualdad, son los pares más cercanos a Colombia y de donde se acogieron muchos puntos de este proyecto de ley.
Lecciones aprendidas en otros países de estas carteras dejan hoy estos retos a tener en cuenta para el enfoque que tendrá el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia: 1. Crear normas rectoras para todo el Estado, tendientes a asegurar la igualdad, las oportunidades y el acceso a derechos de forma paritaria, aplicando acciones afirmativas a quienes históricamente han estado excluidos; 2. Activar cambios estructurales para prevenir prácticas de exclusión y discriminación motivadas por genero, sexo, étnia, orientación sexual o identidad de genero, generación, territorio, movilidad reducida, entre otras; 3. Proponer servicios especializados con mecanismos idóneos y concretar acciones para superar la inequidad que sufren grupos poblacionales por su diversidad; 4. Buscar la erradicación de las violencias que se reproducen en la sociedad, tanto física, como verbal y simbólica, motivadas por la desigualdad y la inequidad, que naturalizan la exclusión y hacen de la pobreza sinónimo de su diversidad.
En el caso particular del proyecto de ley presentado el pasado martes, se propone lo siguiente: 1. Establecer un puente de interlocución entre las agendas de los grupos poblacionales y la estructura estatal con miras a que esta tenga los mecanismos adecuados y los programas requeridos para que nadie tenga limitación en acceder a derechos por su pertenencia étnica, orientación sexual o identidad de género, territorialidad o ciclo vital; 2. Desarrollar acciones especializadas que le permitan al Estado en su conjunto identificar las fuentes estructurales de la exclusión y la discriminación y luchar contra ellas; 3. Activar una herramienta ágil al interior de las instituciones del Estado que permita que el Plan de Desarrollo Nacional –que se encuentra en construcción– no solo tenga medidas especializadas para los grupos poblacionales en mención, sino que, además, logre canalizar todas las acciones y recursos en perspectiva de sus derechos diferenciales para que, efectivamente, puedan hacer realidad sus proyectos de vida; 4. Tener una batería propia de tareas con indicadores, resultados y metas que, con especialidad en cada grupo poblacional, les permitirá al gobierno cumplir el cometido de ofrecer servicios según las necesidades de cada población; 5. Hacer de las acciones del cuidado una política pública con las garantías necesarias para su implementación; 6. Promover espacios participativos con enfoques territoriales y metodologías propias de las comunidades; 7. Promover acciones de sistematización y análisis de información que le permita al Estado los argumentos necesarios para tomar decisiones políticas; y, por último, 8. Promover la vinculación de actores territoriales, locales, privados y sectoriales para que sea una acción de transformación de toda la estructura social.
Lograremos medir que esta decisión política contribuye al bienestar de la ciudadanía si se empieza a materializar la igualdad de acceso a servicios del Estado, a partir de la aplicación de protocolos diferenciales, también si se oferta trabajo digno con remuneración y calidad de vida entre hombres y mujeres; que el tiempo que las mujeres y algunas personas de estos grupos poblacionales dedican al cuidado y al hogar sea tenido en cuenta para el acceso a servicios de seguridad social y goce pensional. Se medirá la efectividad de este organismo si se empiezan a dar recursos sistemáticos y justos a las mujeres que se dedican a la crianza, o son cabeza de familia; también cuando, en procesos a los que se acerca el país, como a la reforma agraria y la política rural, existan espacios reales y acciones concretas que le den participación efectiva a los grupos marginados. Será posible medir la contribución de esta decisión política al bienestar de la ciudadanía si se reconoce la expresión e identidad de género de todas las personas desde la autodeterminación y se territorializan acciones especializadas que activen la interseccionalidad.
En lo que compete a las personas LGBTIQ+, la llegada de este proyecto de ley puede poner fin a la interinidad que las agendas gubernamentales han tenido frente a la diversidad sexual y de género desde que en el año 2012, cuando se dio inicio a la construcción de la Política Pública que, si bien en su momento se entregó dicha responsabilidad al Ministerio del Interior en su dirección de Minorías, la ausencia de compromiso político lo redujo. También, la poca maniobrabilidad que tiene esta dirección en el concierto del ministerio, la falta de capacidad instalada, presupuesto y equipo de trabajo, han hecho imposible un plan congruente. Esto, sumado a que, en el último gobierno, se paralizaron las pocas acciones que, desde esta cartera, se hacía en materia LGBTIQ+, como son la dirección de la Mesa de casos Urgentes para prevenir la violencia, la implementación de la política pública y las acciones afirmativas hacia las personas trans, a pesar que han sido años de un incremento preocupante de violencia y discursos de odio que, incluso, han puesto en riesgo los avances alcanzados.
Tener un ministerio rector de las agendas LGBTIQ+ en Colombia puede permitir que el gobierno honre su compromiso en materia de reconocimiento de derechos activando dentro de este, cinco asuntos que, a mi modo de ver, son estratégicos: 1. Crear e implementar de forma participativa la implementación de la política pública LGBTIQ+; 2. Crear una batería de acciones afirmativas para superar la inequidad con presupuesto, metas y resultados que tenga especial atención a las mujeres LBT y, particularmente, a quienes se encuentran en zonas más periféricas; 3. Articular las acciones que se activan en el enfoque de género de la implementación del Acuerdo de Paz, con las responsabilidades ordinarias del Estado para garantizar la ciudadanía plena de las personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado; 4. Activar un sistema de intersección con enfoque territorial que le permita al Ministerio verificar sus acciones a las personas de base; y 5. Ofrecer proyectos de desarrollo de vida que integren ciclo vital, pertenencia étnica, acceso a recursos con equidad y garantías para el desarrollo de las apuestas culturales y políticas.
Para ello, este debe ser un Ministerio con dos características: 1. Rector de los asuntos de diversidad sexual y de género que le permitan no solo liderar acciones, sino articular, exigir y consolidar rutas que involucren la misionalidad de otros ministerios; y 2. Tener programas específicos en sus viceministerios con cada grupo poblacional, con recursos, personal idóneo, proyectos, metas e indicadores que respondan en tiempo real a las agendas de cada sector y puedan ser realidad. Esto no solo debe quedar claro con líneas de acciones específicas en el Plan de Desarrollo que se discute estos días, sino que debe empezar a buscar su ejecución en este ministerio. Por ello, esperamos su pronta aprobación para que podamos ver su implementación en este gobierno y, para esto, esperamos un debate democrático en el Congreso de la República en perspectiva de derechos, con amplia participación ciudadana, con enfoque territorial y generacional y que vean la oportunidad histórica que brinda este Ministerio en la renovación del Estado. El integrar la precariedad de diversos grupos poblaciones bajo la causa de la equidad, logrará poner en práctica la máxima de la filosofía política: las instituciones deben acomodarse al bienestar de la ciudadanía como su mayor compromiso ético.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo