Muchas personas en procesos de migración que llegaron a Colombia encontraron un contexto marcado por realidades históricas derivadas del conflicto armado y fueron víctimas de violencias en este escenario. ¿Qué acciones deben tomar las instituciones para asegurarse de que no sufran de revictimización?
A 6 años de la firma del Acuerdo de Paz[1], es necesario realizar un análisis desde el fenómeno de la migración forzada y desde la noción de Colombia como un país no solo de tránsito, sino receptor de personas migrantes. Es por ello que, si bien las personas migrantes provenientes de Venezuela, condujeron sus vidas hacia aquí huyendo de circunstancias que amenazaban su integridad en búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo de su proyecto de vida, al llegar se vieron enfrentadas a realidades históricas sumergidas en procesos de cambio.
De esta forma, el contexto de conflicto armado que atraviesa todo el territorio nacional, que rodea y ha rodeado por décadas la seguridad e integridad de los nacionales colombianos, también acoge a la población migrante que, a diferencia de los primeros, no tiene consolidada aún una vía para la garantía de sus derechos en un país que desconoce. Lo anterior supone que, dada la presencia de actores armados en los territorios, especialmente en lugares de paso fronterizo como Norte de Santander y Arauca[2], se desarrollen hechos de victimización en el contexto del conflicto armado a personas migrantes, refugiadas y retornadas provenientes de Venezuela[3].
En ese sentido, es necesario dar una mirada a la situación de las víctimas migrantes en el marco del aniversario número 6 del acuerdo final para la paz, firmado por parte de la sociedad, las instituciones y los actores armados de las FARC-EP, en el que se establecieron los principales puntos para contribuir a la transformación nacional y para la búsqueda de una paz estable y duradera. Dentro del Acuerdo de Paz, el punto de víctimas fue estructurado en torno al reconocimiento de las víctimas y las responsabilidades, la satisfacción de derecho de las víctimas, su participación, el esclarecimiento de la verdad, las garantías de protección y seguridad, la garantía de no repetición y el principio de reconciliación.
Los anteriores principios enmarcan a las víctimas en una posición central dentro del Acuerdo, a partir de los cuales se dispone la necesidad de realizar el reconocimiento de todas ellas, no solo como víctimas sino también como ciudadanos con derechos. Sin embargo, dicho reconocimiento no está siendo asumido de forma integral por la mayoría de las instituciones que en Colombia asumen los procesos de verdad, justica, reparación y garantías de no repetición ligados a los derechos de las víctimas. Por esto, la realidad de las víctimas migrantes supone en la mayoría de ocasiones habitar un territorio como Colombia, que se encuentra implementando un sistema de justicia transicional pero que desatiende su reconocimiento por falta de disposiciones claras al respecto.
En este contexto, Caribe Afirmativo ha acompañado procesos de personas LGBTIQ+ migrantes venezolanas, víctimas del conflicto armado, a las que a pesar de haber realizado la declaración de los hechos victimizantes aún no se les reconoce y mucho menos se les otorgan las garantías existentes para la búsqueda de su reparación. Por el contrario, a dichas víctimas les son impuestas barreras asociadas a si el paso fronterizo se realizó de forma regular o si se cuenta o no con un documento que acredite un estatus migratorio regular en el territorio nacional, aún cuando son conocidas las dificultades recurrentes en la entrega de documentos como el Permiso por Protección Temporal.
Las mencionadas barreras han acercado a las personas LGBTIQ+ migrantes venezolanas víctimas del conflicto a un estado de desprotección en el que se les dificulta encontrar alternativas de protección, que a su vez contribuyan al desarrollo de su integración. Además, se están viendo obligadas a realizar desplazamientos de forma recurrente con el fin de proteger su vida y desarrollo personal y el de sus familias.
La negativa de garantizar el reconocimiento a las víctimas migrantes va no solo en contra de los principios dispuestos por el Acuerdo Final para la Paz, sino también de argumentos que han adoptado otros instrumentos de justicia tradicional, que en el marco del mencionado sistema integral han dispuesto sus objetivos en la búsqueda de la verdad. Un ejemplo de ello es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que en su Informe Final menciona:
“Las personas venezolanas han tenido un acceso limitado a los servicios de asistencia del gobierno colombiano para las víctimas del conflicto armado Además, la llegada de venezolanos, que suman ya 800 mil en el país y al menos 82 mil en Norte de Santander, es aprovechada por los grupos al margen de la ley para nutrir sus filas, debido a la situación de pobreza de los migrantes y a su condición de irregulares”[4]
Para Caribe Afirmativo resulta urgente seguir insistiendo a las instituciones del estado colombiano para que en el marco de una interpretación que responda a los principios de igualdad y reconocimiento de las víctimas, garanticen los derechos y el acceso a servicios que además vayan en búsqueda de su seguridad y protección y la prevención de posibles escenarios de victimización.
Finalmente, desde Caribe Afirmativo continuamos comprometiéndonos con la incidencia en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ migrantes; en ese sentido, instamos a que desde las instituciones se reanuden los esfuerzos de reconocimiento de los hechos victimizantes a los que han sido sometidas y que les han afectado de forma desproporcionada, dadas sus condiciones de vulnerabilidad. Así, en los términos de Acuerdo Final para La Paz, se podrá continuar en la búsqueda de una trasformación tangible y conducente al establecimiento de una paz real y duradera.
[1] Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera. (2016)
[2] Comisión para El esclarecimiento de la Verdad. Colombia adentro. Frontera Nororiental. “en ambos lados de la frontera los grupos armados –especialmente el ELN– han impuesto una serie de normas para la población, en las cuales se regula desde la movilidad hasta las actividades cotidianas de supervivencia: «Estas normas incluyen toques de queda; la prohibición de delitos como la violación sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares”
[3] CODHES. Graves violaciones a los derechos Humanos a la población proveniente de Venezuela en Colombia. 2020. “Desde 2015 a agosto de 2020, por lo menos 6.151 personas refugiadas y migrantes venezolanos han sido victimizadas, sufriendo delitos que atentan contra el derecho a la vida y el derecho a la integridad(…) Este monitoreo da cuenta de la afectación desproporcional a las mujeres por delitos sexuales, que es el delito de mayor impacto en la población venezolana y de los estudiados en este informe, corresponde al 37.7% del total de victimizaciones; seguido por homicidios 28,78%, la desaparición forzada 13.59%, amenazas 12,76%, desplazamiento forzado interno 6,62% y reclutamiento forzado, 0.55%”
[4] Comisión para El esclarecimiento de la Verdad. Colombia adentro. Frontera Nororiental. Pág. 186.