Entre 2018 y 2022, en el gobierno de Iván Duque, se desaceleró la agenda de los derechos LGBTIQ+, dando paso al incremento de la violencia y a los discursos de odio.
La administración de Iván Duque Márquez, como presidente de Colombia, llega a su fin, sin ningún resultado sobresaliente para el reconocimiento de la diversidad sexual y de género; todo lo contrario, no solo no avanzó en materia de garantía de derechos, sino que su apoyo a grupos antiderechos y al poner por delante principios morales particulares a las garantías de vida digna, hizo más difícil el ejercicio del activismo en el país, dejando en la memoria este como el gobierno de la inacción y el olvido de su ciudadanía diversa.
No esperaba mucho el movimiento LGBTIQ+ colombiano cuando en 2018 los resultados electorales dieron como ganador al candidato de derecha Iván Duque, quien a pesar de su juventud e ideas “frescas” (como lo presentaron otrora), cuando militaba en los procesos juveniles de FESCOL, apoyó las agendas LGBTIQ+; sin embargo, siendo Senador, no apoyó el matrimonio igualitario, pues en campaña ya mostraba afinidad con grupos que promovían acciones de odio y en su propuesta de Gobierno, que se esbozó luego en su Plan de Desarrollo, por más presión de la sociedad civil y recomendaciones de la comunidad internacional, no incluyó propuestas en materia de derechos de personas LGBTIQ+, solo asumió el reto tímidamente de implementar la política pública, acción que tampoco realizó.
Sin embargo, bajo la premisa de que el Estado y el proyecto político de sociedad está por encima de los partidismos y los sesgos ideológicos, se esperaba que, respetando el Estado Social de Derecho y honrando los compromisos internacionales, el presidente Duque consolidara acciones para protegerlos y garantizarlos y con respecto a las agendas LGBTIQ+, recibía tres puertas abiertas del gobierno Santos: a) hacer e implementar el plan de acción de la política pública, b) fortalecer el trabajo en la Mesa de Casos Urgentes para prevenir y sancionar la violencia contra las personas LGBTIQ+ y c) activar un plan de choque para poner fin a las sistemáticas expresiones de violencia que viven las personas trans en el país. Puertas que no solo fueron cerradas, sino también obstaculizadas para que otros actores del Estado no avanzaran, haciendo del cuatrienio de su gobierno, uno de inacción para los derechos de la diversidad sexual y de género.
A esto se suma que otras entidades del Estado, por la falta de liderazgo del gobierno, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía Nacional, desestabilizaran sus pequeños avances en materia de compromisos con las personas LGBTIQ+, los cuales fueron obtenidos, en su mayoría, a partir de informes de la sociedad civil y apoyo de cooperación internacional que demostraban que las barreras institucionales, la falta de rutas de atención y de enfoques diferenciales, agudizaban un ambiente desfavorable para las personas LGBTIQ+, imposibilitando su ciudadanía plena. Así, por ejemplo, la Fiscalía a pesar de que con el apoyo del gobierno e los Estados Unidos y de Caribe Afirmativo, construyó en el año 2018 un protocolo para la investigación sobre violencia por prejuicio, en estos cuatro años esta entidad no logró que dicha directiva fuera firmada e implementada ni por el fiscal Martínez, ni por el actual fiscal Barbosa; de otro lado, la procuraduría, que venía de la carga histórica de perseguir al movimiento LGBTIQ+ en la administración de Ordoñez, no mostró en Carrillo ni mucho menos en Cabello, avances para hacer uso de su poder preferente en lo que se refiere a investigar y sancionar la violación de derechos humanos motivada por prejuicios. Y la Policía no solo desactivó su directiva 006 de 2010 con la que atendía interna y externamente asuntos de abuso de autoridad contra personas LGBTIQ+, sino que acabó con programas como el Policía de Enlace y procesos de monitoreo y evaluación a su función policial en la vida cotidiana.
Todo esto ocurrió en un cuatrienio que además y como consecuencia de la desatención del Estado, empezó a presentar un incremento de casos de violencia contra las personas LGBTIQ+ en el gobierno de Duque; por ejemplo, los homicidios y feminicidios llegaron a la cifra preocupante de más de 200 casos por año, se incrementaron las amenazas a los liderazgos LGBTIQ+ que le apuestan a la construcción de paz y se agudizaron los ataques a las personas trans en el espacio público. Como reacción, mucha de la ciudadanía salió a las calles, en el marco del paro nacional, particularmente las más jóvenes, pero fueron repelidas por actos de violencia policial, abuso de autoridad e incluso prácticas de violencia sexual.
En este periodo de riesgo para los derechos humanos, las calles y plazas fueron escenarios que permitieron resignificar el sentido de la igualdad para el movimiento social y el avance de la implementación del acuerdo de paz. También, dio la oportunidad de exigir pasar de la enunciación a la realización con respecto a la aplicación del enfoque de género, que es el enfoque de menor avance según el Instituto KROC en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, dejando constancia de que el patriarcado y la exclusión seguirán siempre obstáculo para la transformación estructural de nuestra sociedad. Oportunidades tuvo, como las agendas de paz y la acogida a la movilidad humana, pero las pocas acciones de su programa “Paz con legalidad” y su política migratoria, que con el Estatuto de Protección Temporal busco tener como acción afirmativa la protección de personas trans, con requisitos discriminatorios, generaron fue obstrucciones y tratos desiguales a las personas venezolanas, por ejemplo, el no contemplar el reconocimiento y protección a las parejas del mismo sexo.
Esta soledad de compromisos también fue evidenciada en su grupo de trabajo: el Ministerio del Interior, que es el encargado de los asuntos LGBTIQ+, no solo puso al frente de las agendas a personas contrarias a los derechos que promueven el odio, sino que no respondió a las solicitudes de la sociedad civil. El Ministerio de Educación dejó como tarea pendiente avanzar en la implementación de la orden judicial de revisar y actualizar manuales de convivencia en establecimientos educativos y promover una cultura de respeto para prevenir la homofobia y la transfobia. El Ministerio de Salud no avanzó en la urgencia de mejorar su política de acceso a salud sexual y reproductiva a mujeres lesbianas, bisexuales y hombres trans y la atención al incremento de la prevalencia del VIH/sida a hombres que tienen sexo con hombres y personas LGBTIQ+ en procesos de movilidad humana. Esta ausencia de compromiso presentó una acción destacada, pero tardía en el censo poblacional aplicado por el DANE, que si bien es oportuno en un sector de la sociedad: gay, capitalino y en guetos específicos, no deja constancia de los problemas reales del resto de la población (asunto que debe ser continuado y mejorado por el nuevo gobierno).
En la crisis sanitaria por el COVID 19, la ausencia de un ejercicio de atención diferencial que fue prometido, pero incumplido por la ministra Alicia Arango, provocó que muchas personas LGBTIQ+ se empobreciesen al punto que algunas de ellas pasaron a ser habitantes de calle, otras padecieron inseguridad alimentaria e inseguridad laboral. Situación que tampoco ha sido atendida en el proceso de recuperación y que, por el contrario, ha incidido en el incremento de los estigmas y la discriminación de quienes están en condición de mayor precariedad.
En materia de política internacional, pasamos de ser lideres en la igualdad a exportadores de odio: el nombramiento y desempeño de Ordoñez en la Organización de Estados Americanos, OEA, liderando acciones para obstruir derechos en materia de salud sexual y salud reproductiva y la ausencia de Alicia Arango, embajadora en Ginebra ante Naciones Unidas en debates que buscaban sancionar Estados que promueven acciones de violencia, rompieron con una tradición histórica de liderazgo internacional en derechos humanos. Además, la desatención de las relaciones vecinales con los países del sur hizo que la política migratoria y de atención humanitaria y de integración de este Gobierno careciera de enfoques diferenciales, haciéndoles la vida más difícil a las personas que llegaban a Colombia o transitaban por ella buscando tener mejor calidad de vida. Quizás, el momento más emblemático de estos cuatro años de su acción retardataria, en materia de política internacional, fue desestimar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violencia em el marco del paro nacional donde muchas de las personas afectadas eras LGBTIQ+.
Finalmente, la indolencia en asuntos políticos de expresiones prejuiciosas dieron cuenta de que las vidas de las personas LGBTIQ+ no importaron en este gobierno: silencia los ataques recibidos por el Representante Mauricio Toro en la iniciativa del proyecto de las “Terapias de Conversión”; consiente los casos aberrantes de violencia conocidos cotidianamente; se ausenta de espacios simbólicos del movimiento como el Encuentro de Liderazgos Políticos, las Marchas del Orgullo y la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, primer informe de un tribunal de la verdad que da cuenta de las afectaciones en un conflicto armado debido a diversidad sexual y de género.
Se va Duque dejando el país peor para la diversidad sexual y de género, esperamos que el nuevo gobierno, en el plan de 100 días, atienda los asuntos urgentes y en la formulación del nuevo Plan de Desarrollo, acoja con inmediatez estas demandas que fueron paralizadas por cuatro años y garantice que este sea un Estado que respete, reconozca y promueva los derechos de las personas LGBTIQ+ en el marco de la dignidad humana y la libertad. Urge que en este país todas las vidas puedan ser vividas y respetadas.