Solo transformando la estructura social, la construcción de paz será sinónimo de dignidad para las personas LGBTIQ+.
Conmemorar 6 años de la firma y puesta en marcha del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, luego de más de 50 años de confrontación, nos permite mirar hacia el 2016 y ver que valió la pena la movilización, la esperanza y el apoyo hacia una iniciativa que nos proponía pasar la página de la violencia sistemática, pero también ser conscientes de que tenemos mucho camino que recorrer para que la paz sea cotidiana y se haga realidad en la vida de cada persona en Colombia. Por ello, acciones creadas para construir un futuro con base a la cultura de paz como el Comité de Monitoreo y Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que tiene como tarea verificar la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CEV y hacer incidencia desde ellas, es una oportunidad que permite aunar esfuerzos en torno a un asunto que suele prestarse poca importancia, pero que es necesario cuidar en los procesos de paz: que se creen y mantengan las transformaciones necesarias para que nunca más vuelva a ocurrir.
La Comisión de la Verdad entregó el pasado 28 de junio —día del orgullo LGBTIQ+— el Informe Final al que da cuenta de las causas del conflicto armado en Colombia, en 12 volúmenes testimoniales, historiográficos y narrativos, que sistematizó un proceso de más de tres años y medio de escucha, informes presentados y trabajo de campo que juntaron la polifonía de voces de víctimas, organizaciones sociales y colectivos poblacionales, también recogió décadas de trabajo de sociedad civil y academia que en procesos de sistematización, memoria, proyectos de resistencia y acciones de movilización que han venido preguntándose durante años por las causas estructurales de un conflicto armado que precarizó los proyectos de vida de personas y comunidades.
Este ejercicio extrajudicial con un poder de convocatoria para la transformación y la convivencia contó con un grupo dentro del enfoque de género que acompaño la construcción de memoria de las personas LGBTIQ+, dio como resultado el apartado ‘La verdad en arcoíris’, dentro del volumen de género titulado ‘Mi cuerpo es la verdad’. En este, se relatan los hechos victimizantes, las acciones de resistencia y persistencia en los escenarios de confrontación, así como las responsabilidades individuales y colectivas de los grupos insurgentes, contrainsurgentes y la Fuerza Pública, donde la existencia de un prejuicio naturalizado permitió la consolidación de prácticas de violencia que hicieron más difícil a vida de las personas, pues los proyectos morales y políticos de estos actores del conflicto no solo buscaban invisibilizar las vidas de las personas sexo-genero diversas, sino que, además, activaron acciones directas de violencia hacia ellas, como las amenazas, la desaparición forzada, el desplazamiento, los asesinato, entre otros. Estos actores del conflicto mandaron un mensaje de aniquilización de las vidas gais, lesbianas, bisexuales, trans y no binarias en los territorios.
En un volumen exclusivo se desarrollan las recomendaciones de las mismas víctimas y organizaciones de la sociedad civil que no solo respondieron a las preguntas de ‘¿Qué ocurrió?’ y ‘¿Cómo ocurrió?’, sino que también contaron a la Comisión de la Verdad cómo ellas crearon formas particulares de sobrevivencia que hoy se proponen como iniciativas de paz y qué esperan ellas de un proceso como el actual para poder construir un proyecto de vida libre y en paz. Dichas recomendaciones —que se recogieron a lo largo y ancho del país, en reuniones tanto poblacionales, como temáticas, individuales y colectivas— dieron como resultado más de 10000 propuestas surgidas de ese imaginario de vida digna que, por décadas, ha construido el pueblo colombiano. Este fue un universo de propuestas que, en debates y análisis ciudadanos, terminó decantada en 67 recomendaciones finales que, en un universo de corto, mediano y largo plazo, buscan pasar de la vida perseguida a la vida vivida, como expresión de la implementación del acuerdo.
Las recomendaciones, para su abordaje y comprensión, fueron agrupadas en nueve categorías: 1. Construcción de paz, como estandartes de la ciudadanía colombiana; 2. Garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, 3. Reconocen que el modelo de seguridad ha fracasado y que urge una concepción de seguridad más humana e integral; 4. Fortalecer el sistema de justicia, tanto ordinario, como transicional y reconocer el valor de la justicia comunitaria; 5. Darle centralidad a los territorios periféricos en la construcción de garantías de justicia social; 6. Buscar la paz con otros actores armados para que no tengamos más episodios de conflictos; 7. Generar consciencia que la mayor necesidad es un escenario de transformación cultural; 8. Pedir a la comunidad internacional reconocer que se ha perdido la lucha contra el narcotráfico y orientar las acciones a un tratamiento más humano e integral; y 9. Consolidar la democracia en la vida cotidiana y que la política no se traduzca en violencia.
Estas recomendaciones en su mayoría —una de cada tres— fueron propuestas por la sociedad civil en los territorios de mayor afectación del conflicto armado y por los grupos poblacionales más invisibilizados por las acciones del Estado. Del mismo modo, contribuyeron las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de víctimas, la comunidad internacional, la academia y el mismo Estado Colombiano. En el proceso, todas respondiendo a la pregunta: ¿Cómo hacer que esto no se repita? Un cuestionamiento que encontró escenario de oportunidad en invertir energías, esfuerzos y recursos en la construcción de paz, en promover enfoques transversales y rutas de atención a las acciones del Estado para garantizar derechos humanos, hacer realidad la reparación integral de las víctimas, promover nuevos diálogos con actores armados que siguen poniendo en riesgo la paz como máximo valor y emprender una acción sin precedentes de transformación social, para que nunca más respondamos con violencia a las diferencias cotidianas. Estas recomendaciones, en su mayoría, se dirigen al Estado (80%) y este, tanto en su estructura nacional, como territorial. Asimismo, también se dirigen a la sociedad para romper con la indiferencia ante el dolor que ha sembrado como norma de vida el conflicto armado. También está dirigido a los actores sociales, académicos, económicos y culturales para que asuman su responsabilidad con la implementación de la paz.
En materia del apartado LGBTIQ+ del volumen de género, tanto en sus recomendaciones particulares, como en las recogidas por el capítulo propio de recomendaciones —entendiendo que no son aisladas, sino que se articulan a los hallazgos encontrados por el informe— se pueden leer siete propuestas que dan derrotero para pensar un país en paz para las personas sexo-género diversas: 1. La urgencia de promover transformaciones estructurales en la sociedad, que ha sido cómplice de múltiples violaciones a derechos y que han invisibilizado su exigibilidad de vida digna; 2. Activar un mecanismo de respuesta por parte del Estado para que la existencia de protocolos y rutas de atención; 3. Poner fin de inmediato a procedimientos y acciones que son reproductoras de lenguajes violentos, de prácticas binarias y desconocedoras de la dignidad, 4. Activar en el sistema de salud pública todo un plan de atención integral con enfoque diferencial, prestando una especial atención a la vida de las personas trans, su acceso a derechos y el desarrollo pleno de sus proyectos de vida; 5. Dar inicio a las acciones de reparación de las víctimas del conflicto armado, reparación que sea tanto individual, como colectiva, monetaria, simbólica y que, sobre todo, asuma un compromiso con acciones transformativas; 6. Poner atención a las personas en la ruralidad y en los sectores más marginales de las grandes ciudades y activar acciones de servicios económicos sociales y culturales que permitan superar el déficit de derechos; y 7. Convocar un gran pacto social contra la discriminación y la exclusión que precariza su vida.
Este grupo de recomendaciones propone todo un plan de trabajo a una sociedad que debe pasar de ser escenario de violencia y desprecio hacia la vida de las personas LGBTIQ+. Que en cada uno de sus rincones —rurales y urbanos, centrales o periféricos— se pueda vivir la vida de las personas sexo-género diversas. Ello implica una ruta que inicia con un compromiso individual y colectivo por la transformación de prácticas y acciones que, a veces de forma sutil, ponen en riesgo la vida para pasar luego a un gran ejercicio de pedagogía social para hacer consciente los prejuicios y desmontar su persistencia, que conduzca luego a fortalecer los espacios de diálogo y participación donde las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans, intersex y no binarias participen seguras de que sus voces serán tenidas en cuenta, esto debe garantizar que dicha experiencia se dé en todos los territorios del país, partiendo de la realidad contextual de cada uno de ellos, que conduzca aquellos entornos y creen pactos de nuevos proyectos sociales y políticos con base al reconocimiento de la diversidad como valor ciudadano.
La publicación del informe en cada uno de sus volúmenes —que es lectura obligada para la ciudadanía— ha cumplido si se quiere, las dos primeras tareas que el acuerdo le entregó a la Comisión de la Verdad; a) esclarecer las causas del conflicto y b) convocar al reconocimiento de responsabilidades. Pero, también, dejó cimientos para sus otras dos tareas que las debe materializar la sociedad en su conjunto y estarán bajo la custodia del sistema de monitoreo y evaluación del Comité: c) promover la convivencia y d) reforzar garantías de no repetición. Allí realidades tan sensibles como acceso a tierras con equidad; la seguridad vista de forma integral y la urgencia de consolidar una democracia participativa deben, no solo priorizarse, sino contenerse de enfoques de género, étnico y territorial, que permita que la activación de dichas recomendaciones responda a la identificación del problema dado en factores de persistencia, hechos victimizantes y violencias estructurales que se agudizaron en este conflicto y exigen ser superados.
El esfuerzo, que por tres años y medio la ciudadanía LGBTIQ+ y sus organizaciones hicieron para aportar al informe final con testimonios, informes autónomos y documentación de casos, requiere hoy —para hacer incidencia en lo territorial y nacional— la implementación de las recomendaciones que garanticen la transformación social que requerimos. El informe de la verdad no es un dogma de fe, es un libro abierto para que, entorno a un episodio tan doloroso como el conflicto armado, el pueblo colombiano discuta, proponga, haga memoria y, sobre todo, encuentre caminos para superar tantos horrores y daños. Allí, as recomendaciones son las pistas propuestas por la misma ciudadanía desde el diálogo social y bajo qué ruta debe establecerse el proceso de transformación. Será tarea del Comité de Monitoreo y Seguimiento acompañar, durante los próximos siete años, pero debe ser compromiso de toda la sociedad y el Estado acogerlas e incorporarlas en sus planes institucionales y personales. Solo de esta manera se podrá transitar del horror de estas narraciones violentas a la ciudadanía plena para vivir en paz.
Wilson Castañeda Castro
Director de Caribe Afirmativo