Dichas medidas corren el riesgo de criminalizar aún más a las personas que ejercen el trabajo sexual, en lugar de abordar las causas subyacentes de la explotación y garantizar su protección y acceso a servicios sociales y de salud.
01 de abril de 2024. En la reciente comunicación el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, comunicó el contenido de Decretos que están dirigidos a mitigar la explotación sexual en zonas de Medellín mediante una estrategia con enfoque de seguridad ciudadana basada en el policiamiento del espacio público.
En primer lugar, la decisión de suspender temporalmente por seis meses la prestación de trabajo sexual en zonas como el Parque Lleras, el Parque de El Poblado, el Parque de la Presidencia, Provenza y áreas adyacentes, bajo el pretexto de mitigar la explotación sexual, es profundamente preocupante. Por otro lado, el cambio en los horarios de los establecimientos comerciales, reduciendo su funcionamiento hasta la 1:00 pm
Estas medidas generan preocupación sobre el riesgo de afectación a la dignidad humana y el mínimo de trabajadoras y trabajadores sexuales. Es importante destacar que no se está negando la problemática que se ha cimentado en la ciudad de la eterna primavera, por el contrario, se exhorta a tomar acciones orientadas a reducir o mitigar los riesgos de trata de persona. Sin embargo, si se hace un llamado a los fundamentos sólidos en materia de protección y derechos humanos, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas que dependen de esta actividad para subsistir.
Con respecto a la intención de controlar el accionar de estructuras criminales y perseguir penalmente a quienes explotan a personas, demandan servicios sexuales a víctimas de explotación o toleran la explotación comercial, debe ser cuestionada. Dichas medidas corren el riesgo de criminalizar aún más a las personas que ejercen el trabajo sexual, en lugar de abordar las causas subyacentes de la explotación y garantizar su protección y acceso a servicios sociales y de salud.
Se genera preocupación, puesto que estas medidas que están completamente justificadas por la protección de los niños, niñas y adolescentes, lo cual es completamente valida en bienestar de este grupo poblacional, tiene un trasfondo en la práctica, puesto que se cercenan las libertades individuales, especialmente, los derechos sexuales. Lo mencionamos enfáticamente en la práctica de la Alcaldía de Cartagena, pues se identifican riesgos:
- Criminalización de prácticas sexuales, de la mano de la perfilación de sujetos sexuales al contribuir a la marginalización y estigmatización, el coctel perfecto para que personas LGBTIQ+ y disidentes sexuales empiecen a ser perseguidas.
- Una sensación que la ciudadanía con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que inicia con el desconocimiento del delito de trata, y la persecución de las víctimas como victimarias.
- Cuestionamiento sobre la constitucionalidad del trabajo sexual y/o prostitución, en consecuencia, sobre las prácticas sexuales consensuadas vs la moral pública. Se resalta la confusión y desinformación sobre el delito de Trata de Personas, las relaciones consentidas y el trabajo sexual
Como uno de los puntos finales, el decreto de manera preliminar no ha resuelto que van hacer las, los y les trabajadores sexuales que se encuentran en el espacio público, puesto que se deben reubicar y facilitar la continuidad en otros espacios. Asimismo, tampoco se deja claro cuál va a hacer la ruta para sopesar la afectación al mínimo vital.
Exhortamos al Alcalde de Medellín a reconsiderar estas medidas y a dialogar de manera abierta y transparente con las comunidades afectadas, así como con organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia. Es fundamental que cualquier acción tomada por las autoridades se base en un enfoque de derechos humanos, respetando la dignidad y la autonomía de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo.
La defensa de los derechos humanos y la inclusión de todas las personas, especialmente de aquellas que históricamente han sido marginadas y discriminadas, deben ser los pilares sobre los cuales se construye cualquier política pública. Reiteramos nuestro rechazo a medidas que afecten la vida de personas históricamente excluidas y ponemos en firme voluntad y disposición de alimentar discusiones en pro de solucionar la problemática pero con garantías para las minorías y excluidas.