14 de abril de 2020. En las últimas semanas, mientras transcurre el aislamiento social preventivo decretado por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19, han sido amenazados, atacados y asesinados varios líderes y lideresas sociales, excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC-EP y población campesina de los departamentos de Cauca, Putumayo, Córdoba y Antioquia. La situación es grave y las respuestas colectivas de la sociedad civil, en muchos casos la única herramienta para defenderse ante la inacción del Estado, se encuentran limitadas por los riesgos asociados a la pandemia.
Entre los hechos ocurridos en los últimos días, los días 11 y 12 de abril, en el municipio de Argelia, Cauca, la comunidad denunció que grupos armados organizados estaban buscando a excombatientes de las FARC-EP para asesinarlos. En el corregimiento de Santa Clara, el Sinaí, el Mango y la vereda El Encanto, las comunidades denunciaron que los actores armados estaban ofreciendo recompensas por información sobre los excombatientes y sobre campesinos y campesinas firmantes del Acuerdo de Paz, quienes se han resistido a la presencia y consolidación de grupos armados en la zona. A pesar de las denuncias señaladas, la Fuerza Pública señaló que se encargará de defender a la población, pero continúan las denuncias por estos hechos.
Igualmente, en Antioquia apenas un día antes, el 10 de abril, la Defensoría del Pueblo denunció que tuvieron que sacar a varios excombatientes de las FARC-EP y sus familias, quienes vivían en la vereda La Blanquita, municipio de Frontino, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz. Las amenazas contra sus vidas eran reiteradas y, aunque había presencia de las Fuerzas Militares, no existían garantías para asegurar sus vidas, enfrentando mayores dificultades en el proceso de aislamiento preventivo. Lo anterior ocurrió como consecuencia de una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo el 7 de abril, denunciando estos graves riesgos que estaban viviendo los excombatientes y sus familias no solo en Frontino, sino también en Urrao, donde también hay un punto de reincorporación. La situación en Antioquia no solo se está viviendo en las zonas rurales, sino también en el casco urbano, donde hace pocos días en la ciudad de Medellín, mientras trabajaba por el bienestar de su comunidad durante la cuarentena, intentaron asesinar al líder LGBT Jhon Restrepo.
En Córdoba la situación tampoco es muy diferente, y el día 13 de abril varios líderes y lideresas sociales fueron declarados objetivo militar por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los mensajes llegaron directamente los teléfonos celulares de los líderes y lideresas, quienes han advertido que en el medio de la pandemia la respuesta del Estado debe ser oportuna para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía y la vida de quienes llevan años dedicados al trabajo por sus comunidades. Los líderes y lideresas sociales amenazados han sido actores fundamentales en la implementación del Acuerdo de Paz y, al igual que en Cauca, han denunciado y resistido a la presencia de actores armados en sus territorios.
Por otro lado, en Putumayo ya han asesinado a 12 líderes y lideresas sociales durante la cuarentena, y en estos días la comunidad ha reiterado su temor por la presencia de actores armados, asociados al paramilitarismo, que estaban asediando los territorios. Quienes trabajan por los derechos humanos en la zona advierten que están siendo amenazados por denunciar los daños provocados por empresas extractoras de petróleo, denunciar irregularidades del gobierno en el cumplimiento de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y por oponerse a la presencia de actores armados en sus territorios. Lo anterior ocurre en medio de unas medidas nacionales que les impiden moverse y protegerse, como históricamente han hecho cuando el Estado no lo ha hecho, y que los hacen más vulnerables ante los intereses de los grupos armados. La respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.
Todo lo anterior ha sido denunciado tanto por la sociedad civil, como por instituciones del Estado y organismos internacionales como la ONU, quien a través de su Misión de Verificación ha advertido sobre la necesidad de que se fortalezcan los mecanismos de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y la exigencia al Estado de que cumpla con sus compromisos en los territorios. La seguridad es una de las garantías de no repetición, y una condición necesaria para el cumplimiento de todo el Acuerdo de Paz, especialmente en aquellos territorios donde los líderes y lideresas sociales, igual que quienes dejaron las armas, resisten a la violencia, a los retrasos en el cumplimiento, a las políticas de Estado que los siguen desconociendo y a unas condiciones estructurales que siguen movilizando su agenciamiento social.
De esta manera, Caribe Afirmativo solicita al Estado que esta cuarentena no invisibilice la situación de derechos humanos que se vive en Colombia y que se garantice la vida de quienes diariamente se dedican a la construcción de la paz desde sus territorios. La coyuntura actual no es excusa para que el Estado siga retrasando una respuesta oportuna e inmediata frente a la violencia, ni siga omitiendo lo pactado en el Acuerdo de Paz. Finalmente, el compromiso con la ciudadanía debe ser total y la nueva crisis que vive el país no se le puede sumar a la violencia sistemática contra líderes y lideresas sociales en diferentes territorios del país.