Años de sufrimiento, violencia e impunidad buscan ser reparados con un informe que quiere transformar una sociedad que se acostumbró a la violencia como forma de vida.
El pasado 28 de junio empezó a escribirse una nueva narrativa en Colombia: la verdad como escenario de movilización social y transformación política. Ello porque la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) entregó a la ciudadanía un voluminoso informe fruto del trabajo que, por tres años y medio, fue liderado por once Comisionadas y Comisionados con sus equipos de trabajo y sus oficinas regionales, dando voces a las víctimas de múltiples territorios y de diversos grupos poblacionales para contar lo que pasó con los proyectos de vida que fueron truncados por el conflicto armado; para dar cuenta de los usos desproporcionados de la violencia como modo de relacionamiento y de cómo resistieron y sobrevivieron miles de personas que hoy confían que este ejercicio de paz les permitirá vivir en un mejor país para sus proyectos de vida.
Este informe, que tiene como antecedentes años de trabajo y activismo de la sociedad civil organizada, que ha escrito millones de páginas dando cuenta de las explicaciones narrativas del conflicto, y que se ha esperado por décadas de una institución como la Comisión por su mandato constitucional y su formación estatal, tiene una misión catalizadora para transformar el dolor en memoria y la memoria en construcción de paz. Además, su presentación es el primer cierre de resultados institucionales de lo esperado en la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en la Habana y que con su entrega da cuenta, desde el sistema de justicia transicional, de lo importante de la arquitectura institucional para consolidar la paz –en este caso, como escenario extrajudicial que acompañó a la ciudadanía colombiana a narrar hechos victimizantes y, a partir de allí, reconstruir un tejido social roto que pide a gritos tener garantías de transformación social para ser reparado.
Esperábamos su recepción para finales de año 2021, de acuerdo a lo estipulado por el decreto ley y la sentencia C-017 de 2017; sin embargo, por motivos de la Pandemia, la Corte Constitucional alargó su mandato por seis meses más, que tuvieron la fortuna de hacer coincidir la presentación del Informe con el fin de un gobierno –que puso muchas trabas a la implementación del acuerdo– y la llegada de un nuevo proyecto político, que recién electo para esa fecha, no dudo en hacer presencia en el teatro Jorge Eliecer Gaitán
ante la mirada esperanzadora de miles de colombianas y colombianos, que aún embargadas por los retos del triunfo electoral, escucharon a su nuevo presiente decir: “los espacios de paz se convertirán en espacios de reconciliación, porque estas recomendaciones serán eficaces en la historia de Colombia” y cinco semanas después, en su posesión, refiriéndose al mismo informe, aseveró: “lo cumpliremos a rajatabla”.
El escenario político que recibió el informe, que a la postre, no es vinculante, es leído como ideal para buscar el “cambio” y activar un nuevo proyecto político que haga del diálogo, a partir de los relatos de la verdad, la oportunidad de transformar la división por la reconciliación. Allí la voluntad del gobierno, materializada por el presidente con estas declaraciones ya citadas, su vicepresidenta, que ha dicho que luchará hasta que la dignidad sea costumbre, su ministra de Agricultura que asumió de entada la tarea de la reforma rural integral, el ministro de Educación que asumió desde el primer día la campaña “la Escuela abraza la Paz; y el ministro de Relaciones Internaciones que, de inmediato, le apostó con la apertura de conversaciones con el ELN a la Paz Total. Ello se suma a la voluntad manifestada por el Congreso de la República, semanas atrás, al crear la Comisión de Paz y fortalecer la de derechos humanos para que legislen a favor de la promoción de caminos por donde transite la paz; y a la de la Comunidad Internacional que consolida su compromiso con la implementación del acuerdo y se acerca a las acciones de la sociedad civil en los territorios.
Este panorama tan favorable para un informe de Comisión de Verdad, más favorable que el de El Salvador, Perú y Sudáfrica, nos deja la tarea, como sociedad civil, de activar un ejercicio de apropiación del texto que convoque a unas lecturas sanadoras en clave de transformación social y activen un diálogo social que nos permita mirarnos a los ojos para que, reconociendo responsabilidades y omisiones, podamos decir “nunca más”. De esta manera, la guerra dejará de ser el combustible político del país, la paz dejará de ostentar ese estatus de propiedad para unos pocos privilegiados y que el proyecto de sociedad que nos junte a unas y otras, sea el de la equidad, justicia social y vida digna que se resume en la paz completa. Esta paz no debe ser entendida como una promesa de campaña política, sino como el reclamo de años de movilización de la sociedad civil, que nos permita, no solo hacer realidad lo acordado en La Habana con las FARC-EP, sino que impulse al Estado y a la sociedad al cierre definitivo de expresiones de violencia como formas de vida, cualquiera que sea su tipo, manifestación o propósito, para que, sin consideración, enarbolemos la consigna: “para la guerra nada, para la paz todo”.
Por ello será todo un ejercicio epifánico para la sociedad, la lectura de extensos volúmenes con historias dolorosas, momentos históricos desgarradores de la vida del país y la memoria de millones de víctimas que fueron aniquiladas por la dureza de la guerra. Pero también la resistencia como ejercicio motivador de otros miles que sobrevivieron y crearon proyectos de vida que hoy se posesionan como buenas prácticas de pacificar y reconciliar un territorio. Narrativas que concluyen con un apartado de recomendaciones al Estado y a la sociedad que, si bien por su extensión pueden clasificarse en diferentes tiempos y momentos, encuentran en la realidad actual del país, una oportunidad invaluable de implementación, donde no solo el Estado, desde sus instituciones, tiene la posibilidad de hacer reformas estructurales para asegurar la convivencia pacífica, sino que también la sociedad tiene la tarea de ajustar el tejido social con formas de cultura ciudadana más incluyentes, participativas y reconocedoras de la diversidad como el mayor valor social; pues solo un ejercicio abierto y participativo de reparación permitirá la transformación que requiere el país.
Por ello, las recomendaciones de este informe son las herramientas políticas y sociales que, de ser acogidas, permitirán el posicionamiento de la construcción de paz en perspectiva de territorialización, dinamizando siempre la estrategia del diálogo colectivo que favorezca eliminar factores de persistencia del conflicto armado o de nuevas formas de violencia. Para ello, la CEV, las ordenó en 9 temas; estos son: 1. Aquellas que son estructurales para profundizar la construcción de paz como vocación de país; 2. Las específicas que lograrán, con su activación, garantizar la reparación de las Victimas; 3. Las institucionales que exigen un fortalecimiento ético de la democracia para consolidar el régimen político y hacer de la participación ciudadana su mayor valor; 4. La históricamente necesaria de Colombia, que le permita comprender al país que perdió la guerra contra las drogas y es hora de encontrar otras formas de poner fin a la práctica del Narcotráfico; 5. Aquellas que buscan romper la impunidad, fortaleciendo los canales de justicia más cercanos a la ciudadanía; 6. Las de promoción de un gran debate social para construir un concepto de seguridad humana integral, más allá de la seguridad armada que por años nos ha asistido; 7. Las que tienen que ver con darle centralidad a las regiones para consolidar la Paz territorial; 8. Aquellas de fortalecimiento de la educación, aplicando una estrategia transformativa de cultura para la paz; y, 9. La de mantener el legado de la Comisión a través del ejercicio de Comité de Seguimiento y Monitoreo (al que pertenezco).
Además de esto, el informe trae cuatro grandes apuestas para la estructura política y social del país: a) consolidar el compromiso de todos los sectores con la implementación integral del acuerdo de paz; b) solicitar la Creación del Ministerio de Paz como órgano rector de las acciones establecidas como políticas de Estado; c) construir todo un programa sostenible de medidas humanitarias que supere la pobreza a la que el conflicto armado sometió a las víctimas; y d) hacer del diálogo social el principal mecanismo de comunicación del país.
Como el conflicto armado continua, pese a tantos esfuerzos, el mayor propósito y más urgente debe ser el de la paz total, a través de la cual se podrá hablar de la reparación integral de todas las víctimas, del reconocimiento de responsabilidad de todos los actores directos e indirectos y de acciones estructurales que permitan superar la victimización en todos los espacios de la sociedad; ello implica seguir profundizando los enfoques psicosociales, hacer política en clave de reconciliación, convocar a un gran pacto desde lo territorial y fortalecer estrategias de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la promoción de la descentralización, autonomía y organización político-administrativa de los territorios. Cambio político, desde el Informe de la Comisión de la Verdad, es dar inicio a un proceso arquitectónico de sociedad y este tiene que ser en perspectiva de paz que evite cualquier atisbo de guerra y consolide instituciones éticas de paz para que puedan formular la política pública aterrizada de memoria y verdad.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo