19 de abril del 2021. El segundo informe que entregó CARIBE AFIRMATIVO a la Comisión de la Verdad fue “Resistimos callando, re-existimos gritando: memorias de experiencias de sujetos colectivos en el marco del conflicto armado en Colombia”, informe que compila testimonios desde las voces de los tres primeros sujetos de reparación colectiva LGBTI, siendo estos: Casa Diversa de la Comuna 8 de Medellín, el Colectivo LGBTI Crisálida de San Rafael, Antioquía, y el Colectivo LGBT del Carmen de Bolívar.
No obstante, antes de describir en que consistió este informe es importante definir dos nociones: ¿qué es la reparación colectiva y quiénes son sujetos de reparación colectiva? En ese orden de ideas, de acuerdo con la Unidad de Víctimas la reparación colectiva, según la Ley 1448 de 2011 y los decretos de la Ley 4633, 4634 y 4335 del mismo año, establecen para las comunidades y pueblos étnicos un conjunto de medidas administrativas, individuales y colectivas en beneficio hacia las víctimas cuyos derechos humanos han sido vulnerados
Es por esto, que uno de los aportes fundamentales de la Ley de Víctimas es la creación del Programa Administrativo de Reparación Colectiva, desde el reconocimiento de los daños colectivos que han afectado comunidades colectivas, barriales, pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron. Lo anterior tiene como fin contribuir a su reparación desde lo componentes político, material y simbólico, por medio de medidas como restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Ahora bien cuando se habla de sujetos de reparación colectiva se refiere a aquellas comunidades, grupos o movimientos sociales que sufrieron daños colectivos en el marco del conflicto armado, como vulneraciones graves a sus derechos humanos y derechos colectivos en este contexto de guerra.
Históricamente los colectivos LGBTI que se documentan en este informe, nacieron y se constituyeron como experiencias de resistencia a los estigmas sociales por sus orientaciones y o identidades de género diversas, que posterior a eso se convirtieron en objetivos militares de actores armados en las distintas regiones, porque estos grupos buscaban establecer un orden social y moral excluyente con el fin de mantener el control político en las regiones. Teniendo en cuenta esto iremos profundizando brevemente en cada uno de estos tres sujetos colectivos y el impacto que dejó el conflicto en sus historias.
En la Comuna 8 de Medellín, grupos paramilitares en complicidad con la fuerza pública cometieron amenazas, desplazamientos forzados, agresiones físicas y psicológicas por prejuicios contra los y las integrantes de la mesa LGBTI, para desarticularla, ya que la razón de su nacimiento fue la conformación de una resistencia juvenil con el fin de desnaturalizar la violencia, reconocerse como sujetos políticos y apropiarse de los espacios públicos con el objetivo de visibilizar la diversidad sexual y de género.
Por su parte, en San Rafael Antioquía el Colectivo LGBTI comenzó a buscar espacios para reunirse, hacer actividades culturales y trabajo comunitario con expresiones de diversidad sexual y de género, así poco a poco construyeron un colectivo con aceptación social en su municipio, pero que desde la mirada de los grupos armados irrumpía con sus propósitos violentos y hostiles, incluso la fuerza pública perpetró detenciones arbitrarias, agresiones físicas y psicológicas para mantener un control sobre sus cuerpos y comportamientos, ejerciendo así una autoridad en el territorio.
Mientras tanto en El Carmen de Bolívar, los cuerpos de las personas LGBTI son ejemplos de resistencia ante la crueldad del conflicto, especialmente porque ellos y ellas llevaron su expresión de género a los espacios públicos, como las calles, las plazas, y los parques, escenarios para afrontar al violencia cotidiana en el contexto de un conflicto. De ahí que paramilitares en alianza con la fuerza pública, consideraran estas manifestaciones como perturbadoras del orden público, haciendo uso de la violencia por prejuicio y de su investidura de poder y autoridad se encargaron de castigar, corregir, y eliminar las OSIGEG diversas de las personas que integraran el colectivo, de quienes se reunieran, de quienes socializaran y de quienes expusieran sus cuerpos. Atentado contra ellos y ellas a través de hechos víctimizantes como torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, psicológicas y desplazamiento forzado, siendo así un repertorio de violencias que les permitió legitimar su lógica de guerra en el territorio.
Por todo lo anterior es que este informe significa un aporte con la construcción de paz y de memoria histórica que se viene realizando desde el 2019, es por eso que es una invitación a reflexionar sobre las dinámicas de violencia por prejuicio contra las construcciones colectivas en diversos territorios del país, resaltando así la apropiación que estas colectividades tienen en los territorios y la lucha por los derechos humanos.