12 de mayo de 2020. La antigua y perenne discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), se reanudó este 2020, con ocasión de un recurso judicial en el que se afirma -14 años después de la despenalización parcial del aborto-, que “hay nueva evidencia científica que podría asegurar que el derecho a la vida debe regir antes del nacimiento” y por tanto debería volverse a penalizar en su totalidad. Esta propuesta de regresión jurídica y política, no es más que la materialización de un debate moral e ideológico profundo entre dos formas incompatibles de ver el mundo y de interpretar la misma realidad. La discusión en los términos que se presenta, invisibiliza realidades muy particulares que viven las mujeres lesbianas y bisexuales.
La penalización total del aborto, regresa como un Frankenstein, que tiene una “nueva pieza”, representa el eco de una discusión que ya había sido zanjada por la Corte. De allí la decisión del Alto Tribunal de mantener la despenalización en las tres causales conocidas: riesgo para la vida o salud de la mujer, malformación del feto y violación. Conclusión: el “nuevo hallazgo científico” no fue sino una excusa para retroceder en lo conseguido e imponer una visión conservadora del tema. Este debate nos pone frente a cuestiones tan delicadas como si el Estado puede obligar a una mujer embarazada a vivir un proceso que no desea; si el Estado puede obligar a una mujer a asumir sacrificios heroicos en función de un interés general abstracto y una moral determinada; si el Estado puede obligar a una mujer a renunciar a sus propios derechos en beneficio de alguien o algo más; si el Estado puede hacer prevalecer los derechos de un ente que tiene protección constitucional y que en derecho se denomina nasciturus, frente a los derechos de una persona de la cual no se tiene ninguna duda de plena existencia y reconocimiento (la mujer).
Estas cuestiones generalmente sacan de foco consideraciones de carácter pragmático que deben ser evaluadas, como si la penalización total o parcial de la IVE representa un camino respetuoso de los derechos humanos de la mujer y si en la práctica, la tipificación y castigo total o parcial del aborto, logra que las mujeres, que por cualquier razón acudan a este mecanismo, desistan. Si es cuestión de eficiencia, bastaría con analizar las estadísticas:
La Fiscalía, encargada de la persecución penal del delito de aborto, reportó que han ingresado 5.833 noticias criminales por este delito entre 1998 y 2019, lo que palidece frente los 400.412 abortos que calcula se realizan anualmente en el país. O sea que en los últimos 21 años se estima que, por cada 1.440 abortos realizados, se ha abierto una investigación[1].
Esto demuestra que “el establecimiento del aborto como delito no es una variable que influya en las tasas realización del procedimiento (…) el tipo de aborto más prevalente es el clandestino y su penalización, dicen expertos, incentiva la práctica de procedimientos más peligrosos para las mujeres”[2], según expresó el Magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares. Aquello quiere decir que lo que verdaderamente se logra con la penalización del aborto, no es la disuasión de las mujeres ni la prevención de la ocurrencia del mismo, sino un combate simbólico con una carga moral muy fuerte: la perpetuación de la discriminación y la estigmatización de la mujer, a través del reforzamiento de los roles históricamente atribuidos al sexo-género femenino.
La ponencia del Magistrado Alejandro Linares, conocida en febrero de 2020, incluía la propuesta de legalizar la IVE hasta el tercer mes de embarazo y mantener las excepciones vigentes durante el resto del tiempo. La legalización traería como consecuencia un gran desafío para el cuerpo médico encargado de este procedimiento, pues por ejemplo, en Alemania, donde se cuenta con una despenalización tímida como la de Colombia, el cuerpo médico puede hacer uso de la objeción de conciencia y tiene prohibido, publicitar la realización de abortos[3]. El desafío consistiría en lograr que en la práctica el aborto no se vuelva un procedimiento clasista y excluyente, ni que se criminalice y estigmatice a las médicas y médicos que realizarían estos procedimientos. En consecuencia, la legalización debería necesariamente estar acompañada de políticas públicas.
Un aspecto generalmente olvidado en las discusiones de la IVE, es el hecho de que la violencia sexual contra las mujeres lesbianas y bisexuales (e incluso hombres trans), es una práctica teñida de impunidad, que, en muchos casos, ha llevado a embarazos forzados. Las “violaciones correctivas” y violencia sexual como mera tortura, por parte de familiares y personas que motivan sus prácticas criminales en la orientación sexual o identidad de género diversa, esto es, violencia por prejuicio, suelen ser naturalizadas o escondidas en el “ámbito de lo privado” o enmarcadas en la “crianza” perversa que muchas familias imponen sobre las mujeres lesbianas, bisexuales y hombres trans[4]. Precisamente por ser estas violencias tan desconocidas y tan invisibilizadas, la mera posibilidad de la IVE legal, representa una garantía de sus derechos a la autonomía y libre desarrollo de la personalidad, cuando el embarazo se usa como mecanismo para purgar o borrar la diversidad.
Estos casos, no sólo han ocurrido en el marco de las relaciones de convivencia familiar, sino también, al interior del conflicto armado. La violencia sexual, como se relata en ¡Nosotras Resistimos![5], es una forma de castigar o corregir la orientación sexual o identidad de género y de mantener un control moral y social en las poblaciones; se tiene evidencia de que los actores armados cometieron estas conductas, causando embarazos forzados. Ahora bien, lo importante de tener estos lamentables casos en mente, implica cuestionarse esos roles atribuidos a las mujeres, cuya configuración no respetan las construcciones identitarias y sexuales de las mismas. Ante este panorama, la IVE se constituiría en una garantía de emancipación, también para las mujeres lesbianas y bisexuales. En un escenario ideal, el Estado no debería permitir la violencia sexual naturalizada por prejuicio y una forma de demostrar esa protección a las mujeres lesbianas y bisexuales, sería permitiéndoles acceder sin estigmatización, trámites tediosos y gratuidad, en condiciones de igualdad, a la IVE.
Así, es claro que tanto el embarazo forzado como la penalización del aborto, son unas de las muchas formas de instrumentalización de los cuerpos de las mujeres. La penalización de la IVE es una forma en la que la sociedad, a través del poder punitivo, ejerce control directo sobre el cuerpo de la mujer. Someter a las mujeres a los riesgos de la clandestinidad, a perder la vida en la ignominia, no es una perspectiva pro vida. Mantener el rol reproductivo de la mujer no es un fin legítimo del derecho penal, en este caso, es una función no declarada de la pena que se cumple en la realidad. Penalizar el aborto puede llegar a ser una auténtica tortura (lo cual indiscutiblemente está tipificado como delito), pues se despoja a la mujer de su autonomía y dignidad reduciéndola a ser un “vientre” que carga algo/alguien que tiene mayor valor que su propia existencia.
La mejor apuesta ante esta realidad y discusión interminable y evidentemente intrusiva en la intimidad de la mujer, es la interrupción voluntaria del embarazo de manera informada para la mujer, con garantías de confidencialidad, no discriminación, rápida, oportuna, segura y gratuita, como expresión de la garantía de la dignidad, libertad, soberanía reproductiva, salud, vida e integridad e igualdad de la mujer. Debemos movernos hacia la legalización total del aborto.
[1] Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-argumentos-claves-del-magistrado-linares-para-pedir-aborto-libre-hasta-la-semana-16-articulo-905423
[2] Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-argumentos-claves-del-magistrado-linares-para-pedir-aborto-libre-hasta-la-semana-16-articulo-905423
[3] Véase en: https://www.dw.com/es/activistas-quieren-que-el-aborto-sea-removido-del-c%C3%B3digo-penal-alem%C3%A1n/a-50618553
[4] Veáse en: https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2018/10/A-0539_OS_Investigacion-enterezazBAJA.pdf
[5] Veáse en: https://caribeafirmativo.lgbt/nosotras-resistimos-informe-violencias-personas-lgbt-conflicto-armado-colombia/