La violencia por prejuicio no solo representa agravios directos a la vida de personas LGBTI, sino también los discursos de odio, la falta de garantías, la obstaculización al acceso a la justicia y la falta de la aplicación del enfoque diferencial en todas las esferas estatales
31 de mayo de 2021. El día viernes 28 de mayo de 2021 en horas de la noche, Valentina, una mujer trans venezolana de 35 años residente de Cartagena, fue atropellada por un conductor de un vehículo Mazda 3 con placas JHV 917.
Sumado a esto se adelantó un proceso judicial y de denuncia en contra del conductor del automóvil, sin embargo hasta el momento hay vacíos en el procedimiento adelantado, como la falta de identificación del conductor y de los ocupantes de vehículo, su estado en el momento de los hechos y la pérdida del croquis levantado por el accidente de tránsito, deja ver situaciones preocupantes en el caribe y en todo el país.
Los “malos procedimientos”, como los denominan portales de noticias de la ciudad, son la punta del iceberg de la violencia por prejuicio. De igual forma, relata que no es la primera vez que sucede, puesto que es el segundo caso conocido en donde las autoridades ocultan información relevante.
Por otro lado, la situación de violencia hacia mujeres trans venezolanas y colombianas que ejercen el trabajo sexual en zonas como la Villa Olímpica o el centro histórico de la ciudad revela el alto índice de agresiones por parte de la fuerza pública y ciudadanía cartagenera, que amparada en prejuicios sociales naturaliza prácticas que cobran las vidas de las mujeres trans.
Las personas LGBTI, especialmente mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans, están desproporcionadamente representadas en los índices de pobreza, falta de acceso a la vivienda y falta de atención médica. Estas experiencias de desigualdad y discriminación se ven agravadas por la discapacidad, el origen étnico-racial, la edad, la pertenencia a un pueblo indígena, la situación socioeconómica, la movilidad humana, el desplazamiento interno, ser víctima del conflicto armado, la opinión política, la ubicación urbana/rural y el estado de salud.
En los últimos días se han intensificado las agresiones hacia mujeres trans que se dedican al trabajo sexual y que particularmente son mujeres en condición de movilidad humana, en especial cuando desde el año anterior sus condiciones de vulnerabilidad han aumentado considerablemnte con motivo de la pandemia global y teniendo en cuenta la coyuntura de la protesta social. Debido a este panorama actual el día a día de las personas trans se ha hecho más dificil, por la exposición a trabajos informales y las dificultades para conseguir ingresos para su sostenimiento diario.
Por esta razón, desde CARIBE AFIRMATIVO hacemos un llamado al Estado y a las autoridades locales a establecer garantías en derechos humanos a las personas LGBT y a reforzar los planes y políticas que regulan el trabajo sexual en las zonas de tolerancia, en el caso puntual de las mujeres trans. Exigimos también claridad y eficacía en el proceso judicial de la víctima y celeridad en la identificación del responsable de estos hechos.