El Plan Titan es una medida que genera persecución a personas trans y trabajadoras sexuales, moraliza lugares de homosocializacion y cuestiona ejercicios de libertades sexuales amparados por la Constitución. Caribe Afirmativo ha denunciado el delito de trata de personas para que se persiga penalmente a los agresores y victimarios, y no a las víctimas.
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18 de marzo del 2024. Nuevamente en Cartagena se realizan operativos de seguridad en el marco del Plan Titán 24. Estos ocurrieron el reciente fin de semana cuando fue clausurado un establecimiento comercial que era un punto de encuentro para personas LGBTIQ+ donde había posibilidad de tener prácticas sexuales consentidas, se encontraba ubicada en el barrio Las Gaviotas. La información manifestada por la propia Alcaldía es que el espacio era un “punto focal de actividades degradantes y considerado por la comunidad circundante como un “antro”.
El Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, confirmó la clausura de este establecimiento en el marco del Plan Titán 24, un esfuerzo prioritario para la administración municipal destinado a restablecer la seguridad en la ciudad. Según Hernández, la acción se llevó a cabo tras investigaciones y denuncias de la comunidad que señalaban el lugar como un epicentro de degradación sexual.
“No dejamos de sorprendernos con el nivel de aberraciones sexuales que encontramos en cada acción que ejecutamos. Esta vez, en el barrio Las Gaviotas, se procedió a clausurar un establecimiento en medio de un operativo enmarcado en nuestro Plan Titán 24. Tenemos que cuidar nuestros niños, nuestra juventud; la calle está llena de degenerados“, expresó Hernández.
El establecimiento, ubicado en plena Avenida Pedro de Heredia, fue clausurado por la Policía Metropolitana en colaboración con varias entidades, incluyendo la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, el Cuerpo de Bomberos, la Gerencia de Espacio Público y la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo y Desastres, así como la Alcaldía de la Localidad 2.
Según la información que circula en prensa se destacó la carencia de un plan de evacuación, condiciones de insalubridad y el uso inapropiado del lugar para actividades económicas. Se solicitará la revocación de permisos a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) y el Cuerpo de Bomberos.
Sin embargo, este accionar de la institucionalidad genera alarmas de manera inmediata. En primer lugar, se debe partir que el Plan Titán es una apuesta de la Alcaldía para combatir el turismo sexual y la trata de personas, así como medidas en contra de la comercialización y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el accionar de la institución dista lo contrario, puesto que se consolida un discurso que criminaliza las prácticas sexuales. Esto último ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando desde la organización social refutamos el Decreto 003 de 2024 que criminalizó el trabajo sexual de mujeres cis-género y trans en el Centro Histórico, pues desde el año 2020, Caribe Afirmativo ha denunciado el delito de trata de personas para que se persiga penalmente a los agresores y victimarios, y no a las víctimas.
Evidentemente, el Plan Titán trae consigo una criminalización de prácticas sexuales, de la mano de la perfilación de sujetos sexuales. La criminalización contribuye a la marginalización y estigmatización, el coctel perfecto para que personas LGBTIQ+ y disidentes sexuales empiecen a ser perseguidas. Una sensación que la ciudadanía con orientaciones sexuales e identidades de género diversas empieza ya a sentir de parte de la Alcaldía de Cartagena, la cual desconoce que son las víctimas del delito, y no las victimarias.
Esto conlleva a un segundo punto, las leyes colombianas penalizan la actividad sexual cuando son realizadas sin consentimientos, ejercidas bajo violencia o coacción; en contraposición, el Estado no tiene injerencia cuando estas se realizan de manera consentidas. Este operativo difundido en redes sociales, como un triunfo para la institución, es a costa de la penalización de las relaciones sexuales entre adultos consentidos, perpetuando un clima de miedo y discriminación, lo cual aumenta el riesgo de violencia y abuso, y la consolidación de prejuicios imaginarios negativo. Es por ello que la intervención estatal debe ser cuidadosamente considerada para evitar reforzar dinámicas de discriminación y opresión.
Como consecuencia de la criminalización de las prácticas sexuales surge otro riesgo: la estigmatización de los lugares frecuentados por personas LGBTIQ+. Estos sitios no solo son espacios de encuentro social, sino también refugios donde individuos pueden expresar libremente su identidad y sexualidad. La intervención abrupta y pública en estos lugares puede reforzar estereotipos negativos, en especial cuando se empelando discursos como el usado por el Secretario del Interior y Convivencia ciudadana.
La clausura de establecimientos que sirven como puntos de encuentro para personas LGBTIQ+ y la intervención en actividades sexuales consensuadas, como parte del Plan Titán 24 en Cartagena, plantea importantes desafíos y riesgos que merecen una reflexión más profunda, notablemente todo empieza con una premisa clara: “La Alcaldía de Cartagena encabezada por Dumek Turbay Paz debe reconocer que hay libertades amparadas por la Constitución Política que bajo ningún escenario puede desconocer”.
La intervención en establecimientos y actividades ilícitas es un deber de Estado, pero siempre que se realice con la responsabilidad correspondiente, de lo contrario, solo consolida los riesgos mencionados anteriormente. La identificación y señalamiento público de personas involucradas en prácticas sexuales legales y consensuadas puede tener consecuencias graves, incluyendo otras más: el acoso, la discriminación y la pérdida de empleo u oportunidades educativas.
La Alcaldía de Cartagena reafirma como justificación la protección de los niños, niñas y adolescentes, lo cual es completamente valida en bienestar de este grupo poblacional, pero no puede ser justificable para cercenar la libertad individual. Es supremamente cuestionable, el uso del discurso falaz para justificar la limitación de los derechos sexuales siendo una estrategia que, lamentablemente, ha sido utilizada repetidamente para promover agendas moralistas y discriminatorias. Esta retórica, aunque aparentemente altruista al destacar la importancia de salvaguardar a los más vulnerables, en realidad oculta una agenda que busca imponer normas y valores específicos sobre la sexualidad, ignorando la diversidad y la autonomía de las personas en el ejercicio de sus derechos.
Que el Secretario del Interior, Bruno Hernández, se atreva a decir a enunciar en sus discursos frases como “aberraciones sexuales” o “degenerados y enfermos” plantea una Cartagena del siglo XX, cuando la homosexualidad todavía era delito, es decir, aquella ciudad donde se perseguía a personas que tenían prácticas sexuales no heteronormativas, cimentada sobre raíces clasistas y racistas.
Al instrumentalizar la preocupación legítima por el bienestar de los niños, este discurso perpetúa estigmas y prejuicios hacia comunidades sexuales diversas, al mismo tiempo que desvirtúa el verdadero propósito de proteger a los menores de situaciones de abuso y explotación. Al centrarse en la supuesta amenaza que representan las prácticas sexuales consensuadas para la moral pública, este enfoque ignora las evidencias que demuestran que la educación sexual integral y el respeto a la diversidad sexual son elementos fundamentales para promover relaciones saludables, prevenir el abuso sexual infantil y la trata de persona.
De manera más preocupante, se resalta la confusión y desinformación sobre el delito de Trata de Personas, las relaciones consentidas y el trabajo sexual. La falta de comprensión sobre la diferencia entre relaciones consentidas y explotación sexual puede llevar a la desinformación y malentendidos, por ello, es esencial distinguir entre prácticas sexuales consensuadas y situaciones de trata de personas, donde individuos son coaccionados o explotados. La intervención debe ser sensible a estas distinciones para evitar la victimización adicional de personas involucradas en relaciones consentidas y para abordar adecuadamente los casos de explotación y trata.
Si bien es importante abordar la seguridad y el orden en la ciudad, la intervención en sitios de encuentro y prácticas sexuales debe ser realizada con sensibilidad y consideración hacia los derechos y la dignidad de todas las personas involucradas. Es esencial trabajar en colaboración con las personas LGBTIQ+ y organizaciones de derechos humanos para garantizar que estas intervenciones no perpetúen la estigmatización, la discriminación y la violencia hacia comunidades sexuales diversas.
Como organización social rechazamos rotundamente las medidas y uso de las comunicaciones para generar estigmatización sobre personas LGBTIQ+, en especial, en medidas que afectan la intimidad, el goce efectivo de los derechos sexuales y continúan criminalizando el trabajo sexual consentido. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, en especial a la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación en hacer seguimiento sobre esta situación de riesgos para trabajadoras sexuales y personas LGBTIQ+.