26 de enero de 2021. Hace casi medio siglo en Colombia amar o expresar amor a alguien de nuestro mismo sexo significaba la privación de la libertad. Fue gracias a la Ley 100 de 1980 que se logró dicho cambio, en materia de derechos en la legislación colombiana.
Sin embargo, pese a los avances en la legislación sobre la situación de derechos de la población LGBT, aún quedan muchos retos por enfrentar e imaginarios perjuiciosos que erradicar.
Manuel Antonio Velandia Mora, uno de los precursores del movimiento LGBT en el país, en diálogo con el portal OrgulloLGBT.co contó cómo se vivió este momento histórico en Colombia, ya que fue testigo directo de tan importante hecho. “Antes de la Ley 100 de 1980, existía el primer código penal colombiano que data del año 1837, que consideraba cualquier acercamiento sexo/afectivo entre personas del mismo sexo como abuso y se castigaba con tres o seis años de cárcel. Si ambas personas aceptaban su participación consentida, ambos eran judicializados, por considerar sus actos como trasgresores a la norma”, destaca Velandia.
En este tiempo Manuel Antonio junto con otros abogados lograron que estos artículos del código penal fuesen sometidos a discusión. Se logró eliminar la consideración de delincuentes y la ley empezó a regir a comienzos de 1981, no obstante, sólo se hizo válida un año después.
El activismo de Velandia y Jaime Galindo, también precursor del movimiento, consistía en una serie de acciones que posteriormente denominarían: “ARTivismo Queer”, la primera de ellas era salir a bailar y besarse en los bares. Situación que incomodaba a la policía, pero ellos sacaban su copia del código penal y afirmaban que dichas manifestaciones ya no se consideraban delito. Por supuesto, la fuerza pública ignoraba la ley, y esta fue la razón para que las acciones colectivas se trasladaran a la calle.
Fue así como se convocó a un performance en vía pública en dos avenidas muy importantes del centro de Bogotá: entre la carrera séptima con calle 19. Fue un evento que se realizó durante varios días y consistía en que varias parejas del mismo sexo se besaban apasionadamente en público y en el proceso se descubrió que no había una violencia social explicita, pero si miradas inquisitorias.
Cronológicamente hablando cada país despenalizó la homosexualidad en diferentes décadas y años, como también aún existen territorios donde ser homosexual se considera un delito y hay 8 países en los que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con pena de muerte como el caso de: Irán, Arabia Saudí, Sudan, entre otros. Para el caso latinoamericano la despenalización ha sido un proceso anacrónico, es decir, que cada país lo hizo en temporalidades diferentes.
Brasil fue uno de los primeros países de Latinoamérica en dejar de criminalizar los actos homosexuales y consensuados en personas adultas. Décadas después le siguieron Guatemala y México. Es cierto que ambos países enfrentan ausencias legislativas para proteger los derechos de LGBT y aún existen desafíos relacionados con la discriminación, pero ambos a finales del siglo XIX con sus respectivas reformas liberales, dejaron de penalizar actos afectivos entre personas del mismo sexo.
A comienzos del siglo XX a esta lista se unió Perú en dónde desde 1924 no existe ninguna sanción civil ni penal que condene relaciones homosexuales. Así como a finales de los noventa, Chile, Ecuador y Venezuela se sumaron al compendio de países latinoamericanos en despenalizar la homosexualidad. Sin embargo, el caso de Honduras representa una cuestión particular, si bien es cierto en Honduras ser homosexual dejo de ser un delito en 1899, pero hace pocos días se aprobó una reforma constitucional que prohíbe el matrimonio igualitario y el aborto sin ninguna excepción, este último poniendo en riesgo la salud y derechos reproductivos de mujeres LBT, especialmente de aquellas zonas rurales y marginadas de ese país.
En los últimos años la población LGBT en Colombia ha logrado importantes reconocimientos en materia jurídica: como la adopción homoparental, el matrimonio igualitario y el cambio de sexo en la cédula para personas trans.
Aunque todo lo anterior son triunfos muy valiosos para las personas LGBT, aún quedan muchos prejuicios por transformar. Desde 1980 amar ya no es un delito en Colombia, pero aún muchas personas con orientaciones sexuales diversas y por manifestaciones afectivas en escenarios públicos son víctimas de discriminación; en otros casos funcionarios públicos ponen trabas en los trámites de unión civil o documentación a la población y en los territorios periféricos de acuerdo con el informe: Contra la Pared, que describe la situación de Derechos Humanos de personas LGBT en el Caribe colombiano, entre el 2009 y 2019 se han registrado altos números de feminicidios y homicidios a personas abiertamente homosexuales o con orientaciones y expresiones de género diversas.
Se ha trabajado desde la investigación y participación política para modificar la norma y se ha capacitado a funcionarios públicos con un enfoque diferencial y de género, pero la violencia en los territorios, la revictimización y censura a personas LGBT de diferentes edades y orientaciones sexuales no cesa.
Como también se han denunciado a aquellas personas que ejercen una violencia por prejuicio o siguen sancionando manifestaciones de afecto entre personas del mismo sexo. Como en el caso de lo manuales de convivencia de varios centros educativos colombianos, que siguen perpetuando dinámicas de violencia y rechazo hacia niños, niñas y adolescentes con orientaciones y expresiones de género diversas.
Hay que recordar que hace 40 años amar dejo de ser un delito en nuestro país, esto es una invitación a una reflexión permanente sobre los avances, retrocesos y escenarios que aún quedan por transformar. Pensar que no sólo se trata de población LGBT en zonas urbanas, si no considerar una interseccionalidad de lo que significa ser LGBT en diferentes contextos: sea rural, indígena, afro o en situación de movilidad humana; y por supuesto no dejar de dar prioridad y análisis a las múltiples violencias vividas en el marco del conflicto armado colombiano y que tristemente siguen vigentes en las poblaciones periféricas del país.
Criminalizar las orientaciones y disidencias sexuales es un acto de crueldad, pues se está dando un trato delictivo a una realidad social que merece ser vista como protagonista en la agenda global de Derechos Humanos, y no como situaciones que confieran todo tipo de sanciones. Es nocivo seguir permitiendo que desde diferentes dogmas la homosexualidad sea vista como una perversión o “crimen moral”, cuando supone todo lo contrario. Como seres humanos en nuestros derechos fundamentales, somos libres de expresar nuestra orientación sexual y expresión de género y personalidad sin ningún tipo de penalización que obstruya la calidad de nuestras vidas.
CARIBE AFIRMATIVO en los últimos doce años ha trabajado por el respeto a los derechos y acceso a la justica de las personas LGBT en las diferentes regiones colombianas. Desde un trabajo comunitario con las Casas de Paz y expandiéndose en diferentes proyectos que buscan hacer memoria histórica y reconocimiento a las víctimas. Trabajando en alianza con diferentes organizaciones no gubernamentales y del estado para posicionar en la agenda pública el debate y consolidación de derechos en las personas LGBT.