De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en 48 horas el Clan del Golfo ha realizado una acción violenta cada 20 minutos y además existen amenazas directas contra la vida de personas LGBTI en los territorios.
7 de mayo de 2022. Desde el jueves 5 de mayo varios municipios en las subregiones del Bajo Cauca, Montes de María y Sur de Córdoba amanecieron con comercios, escuelas y demás lugares cerrados y con las vías de acceso bloqueadas debido al paro armado que decretó el Clan del Golfo este fin de semana, como retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, jefe máximo de este actor armado ilegal.
Ya se han presentado hechos de violencia en distintos lugares del país, quemas de buses en algunas ciudades, homicidios, amenazas y tiroteos, como también hostigamientos a través de la difusión de panfletos o audios por redes sociales donde amenazan a las personas y les insisten en no salir, porque quien lo haga será asesinado. De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en 48 horas el Clan del Golfo ha realizado una acción violenta cada 20 minutos, pues este paro armado afectó gravemente los derechos a la movilidad de las y los ciudadanos en 119 municipios de 11 departamentos en Colombia.
En síntesis, de acuerdo con lo documentado por la UIA de la JEP se han presentado 5 tentativas de homicidio contra civiles; 10 vías bloqueadas; 12 homicidios selectivos a civiles; 20 municipios tienen en sus calles y algunas casas grafitis del Clan del Golfo; hay 50 ceses de actividades relativas al transporte y cierre de terminales; se calcula que hay 74 comunidades en situación de confinamiento y 8 medios de comunicación locales afectados y hasta el momento se han registrado 8 ataques armados a la fuerza pública y 80 incidentes que corresponden a la destrucción de bienes civiles.
Esta situación de zozobra nacional ha afectado a los 15 municipios que integran la subregión de Montes de María y a la zona del Sur de Córdoba, territorios que históricamente han soportado las crueldades del conflicto armado, y que han liderado procesos de construcción de paz y de memoria histórica en línea con la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. Esto expone a las personas que viven en estos lugares del Caribe y sobre todo a quienes ejercen liderazgos visibles en sus regiones, particularmente a las personas LGBTI que son líderes y lideresas.
Recientemente se conoció un panfleto del Clan del Golfo que amenaza con hacer una limpieza social en el departamento de Sucre. Esta amenaza señala a personas con ideologías de izquierda, a vendedores de droga y puntualmente a la población LGBTI, lo cual representa no sólo un retroceso en los procesos de construcción de paz si no que da cuenta de la violencia sistemática y diferenciada que viven las personas LGBTI en los territorios, ya que está ocurre en razón de su orientación sexual, expresión e identidad de género diversa. Además, en este comunicado se decretan toques de queda y se amenaza a quienes salgan después de las 10 de la noche o se vean fuera de sus casas, pues este actor armado ilegal, señala que quienes desacaten sus órdenes serán castigados con la muerte. Aquí también son vulneradas grupos poblacionales como personas indígenas, afro y sobre todo campesinas que habitan la ruralidad colombiana, donde este tipo de actos violentos se despliegan con facilidad.
Ante esto la respuesta del Estado ha sido casi que nula, pues las zonas periféricas del país son las más vulnerables y afectadas y no hay garantías de protección a la vida y la seguridad de las personas, porque han pasado varios días y aún en la mayoría de los municipios las personas se ven obligadas a tomar medidas de protección y cuidado por su cuenta, debido a la ausencia de la fuerza pública y la institucionalidad en el casco urbano de los mismos.
Desde Caribe Afirmativo exigimos al Estado tomar acciones inmediatas que garanticen la seguridad y protección al derecho a la vida e integridad de las personas y hacer presencia en las vías nacionales y municipios donde la ausencia de la institucionalidad favorece la toma del poder y el control por parte de actores armados ilegales. Es imprescindible cuidar y proteger a la población civil, y sobre todo a las personas que se ven expuestas a todo tipo de violencias desde el prejuicio por su orientación social, expresión e identidad de género, raza o etnia.
Todo lo anterior ocurre días antes de las elecciones presidenciales y desde el mes de abril se han reportado hechos de violencia y campañas criminales que buscan coartar el derecho libre al voto de las personas, y generar tensión a quienes tengan posiciones políticas relacionadas con ideologías de izquierda. Es necesario que en vísperas de esta jornada electoral se refuerce la seguridad en los territorios y zonas rurales del país y toda decisión se tome desde la protección de los derechos humanos y el respeto por la vida de todos y todas.