Este segundo Informe del CSM contiene 314 páginas divididas en nueve (9) capítulos, junto con una presentación, un apartado metodológico y uno final de referencias bibliográficas. Léelo aquí.
26 de junio de 2024. El Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CEV) presentó el 26 de junio de 2024 a las 8:30 a.m. en la ciudad de Bogotá su segundo Informe donde hace revisión de los avances, retos y retrocesos en la materialización de los puntos del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y muy especialmente, a las recomendaciones del Informe Final entregado hace dos años por la CEV en el Teatro Jorge Eliecer Gaitan.
Este segundo Informe del CSM contiene 314 páginas divididas en nueve (9) capítulos, junto con una presentación, un apartado metodológico y uno final de referencias bibliográficas. Los capítulos centrales revisan y analizan las recomendaciones, en clave de:
- Sobre el legado de la Comisión de la Verdad: este apartado hace especial hincapié en acciones adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Archivo General de la Nación, los logros de exposiciones tan importantes como “Hay Futuro si Hay Verdad. De la Colombia herida a la Colombia posible”; el importante trabajo de la Red de Aliados de la CEV; así como profundiza en los avances de las recomendaciones en una de las regiones de Colombia: el Caribe, haciendo un recorrido y reconocimiento de procesos de pedagogía, incidencia y difusión del legado de la CEV en esta región del país, en especial, por parte de las organizaciones sociales e instituciones de educación secundaria y superior.
- Sobre construcción de paz: el capítulo expone avances y estancamientos en la implementación del Acuerdo Final de Paz, así como las propuestas que son bandera en el Gobierno Nacional actual como la Paz Total y las demás búsquedas de diálogos de paz que se están movilizando con diferentes grupos armados ilegales. También, revisa el estado actual en los procesos de seguridad y reincorporación de las y los Firmantes de Paz; la institucionalidad para la Paz y la política internacional de construcción de paz.
- Sobre reconocimiento y reparación de las víctimas: en este apartado el CSM destaca actos públicos de reconocimiento de responsabilidades por parte de la JEP, de reconocimiento de la dignidad de las víctimas por la Cancillería, y también, actos públicos de reconocimiento a Sujetos de Reparación Colectiva (SRC). Por otro lado, el informe muestra las iniciativas de reforma que ha buscado el Gobierno Nacional actual a la Ley de Víctimas, los retos al respecto; hace un balance del estado en que se encuentra hoy la reparación individual como colectiva. Por otro lado, revisa las acciones que se han hecho en materia de atención psicosocial, salud, construcción de memoria y archivos de derechos humanos, los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y los avances legislativos y de política pública al respecto.
- Sobre consolidación de la democracia: el capítulo se centra en la construcción del pacto político nacional; la búsqueda de una reforma política y electoral; los mecanismos que se han intencionado para la garantía del derecho a la movilización y protesta social; avances legislativos por parte del Gobierno Nacional en el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección; la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad y sus acciones de política pública, programas y proyectos de inclusión a poblaciones, grupos y sectores sociales históricamente excluidos y discriminados.
- Sobre narcotráfico y políticas de drogas: en esta materia se encuentra un análisis de los avances relacionadas con respecto a la recesión y aumento de cultivos en zonas cocaleras; el trabajo participativo, aprendizajes y problemáticas para lograr una política nacional de drogas y en la implementación del programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS); por otro lado, se hace una revisión del cambio de paradigma global acogido y promovido por el Gobierno Nacional actual que plantea otros relacionamientos y discursos en la diplomacia internacional.
- Superación de la impunidad y acceso a la justicia: este apartado centra su atención en la judicialización e investigación sobre violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), protección ante hechos delictivos contra personas servidoras públicas, investigación de terceros civiles, los enfoques diferenciales en los procesos de judicialización y de investigación a violaciones a los DDHH y al DIH; destacando la articulación entre la jurisdicción ordinaria, la justicia transicional y otras jurisdicciones como la Jurisdicción Especial Indígena.
- Sobre una nueva visión de seguridad para la paz: en este tema el capítulo pone la mirada a los cambios en nuevas comprensiones en materia de seguridad, la transformación del sector por una más humana, la incorporación de los enfoques diferenciales a la hora de ajustar la doctrina de seguridad. Y como retos los archivos de inteligencia, el adecuado uso de la fuerza pública, el funcionamiento de las empresas de seguridad y el control de las armas en Colombia, así como los asuntos de seguridad en zonas fronterizas del país y zonas rurales, con propuestas gubernamentales como el Servicio Social para la Paz.
- Sobre paz territorial: en este apartado se muestra un balance del CSM de las recomendaciones de la CEV en materia de Reforma Rural Integral y Paz Territorial; la restitución de tierras y estrategias como el desarrollo territorial sostenible para la paz territorial y la equidad, en búsqueda de la recuperación de los diálogos territoriales sobre macro territorios étnicos, jóvenes y educación rural, los conflictos del uso y utilización del suelo, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), la frontera agrícola y la adjudicación de baldíos.
- Sobre cultura para vivir en paz: sobre este punto el CSM revisa las recomendaciones relacionadas con educación para la paz y la igualdad de género, los medios de comunicación como agentes de paz y la calidad, acceso y permanencia en la educación de niñas, niños, jóvenes y víctimas del conflicto armado en el país.
En el recorrido de estos nueve capítulos, desde Caribe Afirmativo destacamos que el Comité de Seguimiento y Monitoreo haya planteado en todo el documento análisis que dan cuenta de una revisión comprometida sobre el estado actual en avance o estancamiento de las acciones que favorecen y garantizan la vida y los derechos humanos de los sectores sociales LGBTIQ+ en el país, con relación a las recomendaciones que dejó la CEV.
En ese sentido, del informe resaltamos un número significativo de temas y análisis, no obstante, por la amplitud del documento destacamos los siguientes retos:
- Avanzar en la incorporación real de los enfoques diferenciales y el reconocimiento de las poblaciones con orientaciones sexuales, expresión e identidades de género diversas dentro de las políticas de la Policía Nacional y su uso de la fuerza.
- Incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género (OSIG) no normativas en la ley estatutaria que busca regular la educación como derecho fundamental.
- Dentro de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, es vital la adopción del enfoque de OSIG y el reconocimiento de estas poblaciones y la particularidad de la sistematicidad de las violencias que viven.
- Acelerar los procesos de reconocimiento y reparación integral a Sujetos de Reparación Colectiva LGBTIQ+, procesos que tienen un enorme retraso. Al igual que, la indemnización individual a víctimas del conflicto armado que han sufrido hechos victimizantes en razón de su orientación sexual e identidad de género no heteronormativa, teniendo en cuenta el enorme rezago y la continuidad de las violencias. En ese sentido, también es vital medidas de rehabilitación para personas LGBTIQ+ -especialmente quiénes están en zonas rurales o periféricas de las ciudades- que partan de los saberes previos, las necesidades particulares y el lugar de enunciación de cada unx para la dignificación de la vida. En especial, se tenga en cuenta la implementación de acciones contundentes en la atención psicosocial a víctimas de violencia sexual, más aún, en el marco de la apertura del Macro Caso 11 de la JEP.
- Siguiendo lo relacionado con víctimas del conflicto armado LGBTIQ+, es crucial que se logre erradicar trámites y prácticas revictimizantes. También, asegurar un acceso efectivo y cobertura adecuada. Lo anterior, requiere de políticas públicas efectivas y personal capacitado en sensibilización y empatía hacia las realidades y necesidades diferenciales de la población LGBTIQ+.
- En cuanto a políticas de memoria y verdad, subrayamos la necesidad de materializar acciones que ya se vienen proyectando en el país en cuanto a políticas públicas, leyes y proyectos que garantizar el derecho a una memoria plural que reconozca las atrocidades del pasado y contribuya a superar el dolor y el trauma. Como Caribe Afirmativo consideramos esencial para enfrentar las dinámicas de estigmatización, deshumanización y negacionismo que perpetúan la violencia contra personas LGBTIQ+, el fortalecimiento de procesos museológicos, museográficos y de memoria comunitaria donde se reconozcan las múltiples existencias e identidades que habitan los territorios.
- Si bien, como lo plantea el CSM destacamos el trabajo comprometido de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) , por ejemplo, en la inclusión de un módulo de enfoques diferenciales considerando variables como “sexo, género, orientación sexual, identidad trans, discapacidad y pertenencia étnica, entre otras” (UBPD, 2023, p. 5) o en llevar a feliz término el Proyecto de Ley sobre mujeres buscadoras que las reconoce como agentes de contrucción de paz y sujetos de especial protección constitucional, no obstante, es necesario en el fortalecimiento de los proceso de búsqueda:
- Continuidad en la implementación de un enfoque de género para personas LGBTIQ+ en el reconocimiento de la desaparición en Colombia.
- Continuidad con mayor ahínco en acciones que garanticen la participación de las personas buscadoras y de las familias sociales de lesbianas, bisexuales, trans, travestis, gais y maricas.
- Consolidar el equipo de trabajo que hace asesoría y son referentes específicxs para el acompañamiento a los Grupos Internos de Trabajo Territoriales en la implementación de los enfoques étnicos, diferenciales y de género, y la incorporación de unidades de análisis específicas desde estos enfoques.
- Consolidar y verificar (con estrategias desde el enfoque) las cifras reportadas por la UBPD con respecto al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, respecto a los cuerpos recuperados y recibidos para su identificación.
- Reconocer que hoy por hoy, la búsqueda de personas LGBTIQ+ es sin duda uno de los principales retos del movimiento social LGBTIQ+, toda vez que en la actualidad solo se tiene registro de 22 solicitudes de búsqueda. Cifra que da cuenta no solo del alarmante nivel de subregistro sino de la invisibilización y naturalización del continuum de violencias que viven las personas sexo-género diversas en el país. Es por esto que se requiere de la participación activa de familiares, organizaciones sociales, líderes y lideresas que robustecen las unidades de análisis y hagan posible la aparición de todas, todos y todes les que nos faltan.
- Consideramos como lo plantea el CSM que es necesario en cuanto a la construcción de paz territorial, profundizar los diálogos entre los diversos actores de los territorios para la construcción de consensos sobre futuro y una noción compartida de desarrollo territorial, sobre la propiedad y concentración de la tierra y, por otro lado, el abordaje equitativo y pacífico de los conflictos en el uso del suelo, así como la protección de los ecosistemas sensibles. En ese sentido, la voz y participación activa en los diferentes territorios de los sectores LGBTIQ+ es imprescindible en esos diálogos, con el fin de que se diseñen y materialicen programas de acceso a tierras, crédito y acompañamiento que permitan combatir las desigualdades estructurales y garantizar el bienestar y la dignidad de las personas, así como, garanticen el reconocimiento del derecho a la restitución de tierras en familias diversas y parejas del mismo sexo.
- Por otro lado, frente a las nuevas políticas nacionales de drogas, resulta ser trascendental estas acciones, ya que podrían ayudar a la deconstrucción de paradigmas estigmatizantes y discriminatorios que han prevalecido históricamente, específicamente, en contra de la población LGBTIQ+. Hay que decir que la ejecución de esta nueva política permitirá reconocer las particularidades y vulnerabilidades de personas con OSIGEG diversa, quienes a menudo enfrentan una doble marginalización, tanto por su orientación sexual y por su vinculación, en virtud a los prejuicios sociales, como por el consumo de drogas. El objetivo de reducir la estigmatización y proporcionar acceso efectivo y cobertura adecuada en servicios de salud, es esencial para evitar nuevos repertorios de violencia y exclusión contra personas LGBTIQ+
- En lo concerniente con el acceso a la justicia y superación de la impunidad, destacamos los esfuerzos en la aplicación del enfoque territorial en las metodologías investigativas macrocriminales por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN); también, la introducción de elementos de diversidad sexual y de género que permiten abordar con criterios específicos el feminicidio contra mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans, así como los avances en la JEP respecto en la investigación y judicialización de las violaciones de DD.HH e infracciones al DIH, con la creación del macrocaso 11 de violencia sexual, donde estamos como Caribe Afirmativo aportando y acompañando en este proceso a las personas LGBTIQ+ víctimas.
- Continuando lo anterior, nos sumamos a lo referido por el CSM sobre exhortar a magistradas y magistrados de la JEP para que fortalezcan la dimensión prospectiva del principio restaurativo, en el marco de sus casos a cargo. Igualmente, a que se sigan actualizando estrategias de investigación y judicialización de las violencias, atendiendo a los enfoques diferenciales y acordes con la sistematicidad, masividad, carácter generalizado y colectivo de las mismas.
- Como bien lo destaca el Informe del CSM, es valiosa la creación y puesta en marcha del Ministerio de Igualdad y demás medidas de inclusión de grupos históricamente excluidos por parte del Gobierno actual, que responde a medidas señaladas tanto por el Acuerdo de Paz de la Habana como por la Comisión de la Verdad; por ejemplo, vale la pena nombrar la creación de la Gerencia de Justicia Étnico Racial e Igualdad de Trato, así como el Equipo especializado en asuntos de género y diversidad del Ministerio del Interior. En ese sentido, subrayamos la necesidad de acelerar el trabajo y profundizar en la acción para la actualización de la Política Pública Nacional LGBTIQ+ y su plan de implementación, así como del Sistema integral de información sobre violencias contra personas LGBTIQ+ (este último creado en el actual Gobierno).
Para finalizar, agradecemos al CSM el reconocimiento al trabajo que hemos hecho como Caribe Afirmativo en difusión, incidencia y pedagogía para la construcción de paz y en el sistema integral de paz. Por otro lado, valoramos el enfoque que hizo en este segundo Informe sobre las acciones implementadas en el Caribe Colombiano por múltiples colectivos, organizaciones sociales e instituciones públicas del territorio, en la difusión de reflexiones, de los hallazgos y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, por lo que su labor tan importante ha permitido hacer más cercano a las comunidades y personas de a pie los resultados del Informe Final y del Legado de la CEV, ante la percepción de distancia entre la ciudadanía con el legado, o del olvido del mismo.
Esto último lo destacamos porque son muchas las organizaciones en el Caribe colombiano como en resto del país que vemos imprescindible en tiempos de mayor recrudecimiento de la conflictividad armada, no sólo difundir el Legado de la CEV sino también, coadyuvar a hacer veeduría y motivar el compromiso institucional y de gobiernos locales para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que a su vez contribuyen a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Es por ello que, en el marco de la conmemoración el 28 de junio de los dos años de entrega del Informe Final de la CEV, vemos fundamental la triada entre justicia, memoria y verdad para la construcción real y efectiva de la paz en los territorios y la profundización de la democracia.
Invitamos a todas las comunidades, instituciones, colectivas, procesos organizativos, medios de comunicación, y ciudadanía en general a una lectura concienzuda, detenida y crítica del Segundo Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la CEV, un informe que nos convoca a una mirada crítica, analítica pero sobre todo, a no caer en la desesperanza frente a las transformaciones sociales necesarias y cotidianas para una Colombia con una paz estable y duradera.