Una mirada desde el Caribe
Lideres y lideresas LGBTI del Caribe analizan con la Policía de los Once Comandos de la región la aplicación de la directiva 006 de 2010 que comprometió a ésta institución con la protección a las personas LGBTI.
Para hacer un balance de los avances y retos que cinco años después de ser emitida presenta la directiva 006 de 2010, con al cual la Policía Nacional se compromete con el respeto y reconocimiento de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans e intersex; a partir del compartir de experiencias exitosas emprendidas en la región y propuestas de la sociedad civil que permitan propiciar una dinámica de construcción de un escenario de derechos en un marco de la responsabilidad del Estado de protección a sus ciudadanos y de esta manera avanzar en la construcción de rutas y estrategias metodológicas para un plan decenal (2015 – 2025) para el trabajo de aplicación de dicha directiva.
Colombia en el Caribe colombiano se ha venido identificando a nivel de las administraciones locales y de la sociedad civil, la importancia y urgencia de trabajar en la promoción de derechos para la población LGBT en dos vías importantes: de un lado en la garantía y protección de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas y allí es importante la articulación con la Policía Nacional y los Funcionarios Públicos para una atención en derechos y de otro lado motivar a la población LGBT para que se empoderen de los espacios de participación dados a la ciudadanía logrando así a través de acciones afirmativas lograr la igualdad, la equidad y la justicia social.
La Dirección Nacional de la Policía en cabeza del entonces General Oscar Naranjo emitió una directiva permanente sobre el respeto y el acompañamiento que la policía debe brindar en materia de derechos humanos a la población LGBT en Colombia: la Directiva 006 de 2010. Aparece ésta de forma permanente luego de experimentar una directiva transitoria, la 058 de abril de 2009 que rigió hasta el 31 de diciembre de ese año y que permitió que la fuerza pública nacional generar procesos iniciales internos de sensibilización sobre el respeto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans y conocieran de primera mano, con la aplicación de protocolos, sus quejas respecto al trato policial.
El origen de esta directivas radica en la presión del movimiento social que durante varios años y de manera sistemática ha denunciado como la policía lejos de brindar las garantías ciudadanas a la población LGBT, dentro de su deber constitucional vienen siendo los principales agresores y vulneradores de sus derechos en prácticas tales como: detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, aplicaciones selectiva de la ley, prejuicios morales y religiosos en su actuación. Son muchas los casos conocidos de abuso de autoridad por parte de la policía que van desde asesinatos cometidos contra mujeres trans en Barranquilla hasta persecución en el espacio público de gays y lesbianas en las principales ciudades del país como Cartagena, Medellín, Bucaramanga y Cali.
En el caso especifico del ejercicio estatal, el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Interior creo y puso en marcha hace dos años la oficina para asuntos LGBT y ha venido implementando estrategias para una Política Pública Nacional en este tema, y al igual que la Policía Nacional se ha comprometido en su defensa con la puesta en marcha de la directiva 006 de 2010 que garantiza la protección de sus derechos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y ONGs internacionales y nacionales, durante los últimos años han llamado la atención sobre prácticas, su impunidad y refugio en prejuicios morales y la falta de voluntad por parte de la fuerza pública para reconocer la ciudadanía plena de la población LGBT, además se han documentado casos de éste tipo de violencia que presentan a ésta institución como una de las principales vulneradoras de los derechos humanos de la diversidad sexual; además, la insistencia de muchas de éstas organizaciones de adelantar investigaciones, emitir sanciones y generar compromisos , solo se viene tomando en serio hace unos meses con la creación en algunas ciudades de la figura de Policía enlace para la población LGBT, sin embargo aun no se generan procesos estructurales dentro de la institución, ni en la formación, ni en las instrucciones, que desmonten estas prácticas violadoras de los derechos humanos de éste grupo poblacional.
En los actuales Planes de Desarrollo de los entes territoriales, se logro, gracias a la incidencia política de la sociedad civil, consolidar diferentes escenarios para propender por el respeto y reconocimiento de derechos de la diversidad sexual y las identidades de género; situación que encuentra su respaldo en los planes de acción de la Policía Nacional y sus disposiciones para la construcción de la Política Pública Nacional LGBT que se encuentra en marcha.