En la historia del conflicto armado, el país ha sido impactado de forma generalizada, sin embargo, algunos territorios han sido afectados de formas muy particulares, como es el caso del Norte del Cauca y Sur de Valle del Cauca. Existen dos aspectos a grandes rasgos que explican por qué esta región ha sido tan azotada por los actores del conflicto(1), la primera, sobre las condiciones de riqueza natural de sus montañas que configuran senderos para conectar con la costa pacífica y otros puntos de relevancia, sin desconocer que debido al abandono estatal se ha hecho más fácil la explotación para fines ilícitos.
La segunda, que es debido a las resistencias de las comunidades étnicas presentes en la región que hace un tiempo decidieron que no permitirían la presencia de actores armados o economías ilegales en el territorio, lo cual las ha expuesto a graves amenazas frente a estos grupos armados, lo cual ha decantado en masacres y homicidios en diversas zonas del territorio de jurisdicción indígena cuando la comunidad ha generado rechazo y oposición a su ingreso. Esta situación también se replica hacia el Estado, debido a que, en ocasiones, este envía de forma arbitraria fuerzas armadas a la zona irrespetando completamente la autoridad local de los pueblos originarios (2).
Debido a esto, en 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo creado en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) contemplado dentro del Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, decide abrir en 2018 el caso 005, considerando la representatividad del departamento, la concurrencia de todos los actores armados en el territorio y las graves afectaciones de DDHH a grupos vulnerables como pueblos afro, indígenas y campesinos.
Actualmente, a raíz de una adición territorial que realizó la JEP en 2019, esta situación territorial parte de 1993 hasta el primero de diciembre de 2016 y comprende los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Florida, Pradera, Palmira, en especial su zona montañosa, Jamundí, Candelaria, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada; en aras de esclarecer la participación de diversos actores en las dinámicas violentas sobre la población civil, enfocándose particularmente en las dinámicas de las FARC- EP y la Fuerza Pública.
En la recepción de informes presentados por SISMA Mujer, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros, se identifican conductas violentas como desplazamientos forzados, detenciones irregulares, tortura, violencia sexual, confinamiento, reclutamiento forzado, desaparición forzada y muertes producto del conflicto armado.
Todos los informes presentados ante la JEP por parte de las entidades/organizaciones mencionadas u otras, inician un proceso de revisión y validación para su acreditación, luego, una vez surtido este proceso se trasladan a los comparecientes vinculados para su conocimiento y que así estos aporten a través de versiones voluntarias para esclarecer los patrones de violencias ocurridas en esta zona en el marco del conflicto armado y cómo afectaron especialmente a poblaciones afrodescendientes, comunidades campesinas, pueblos indígenas, mujeres y personas LGBTI, considerando también que las mujeres LBT sufrieron una carga diferenciada de violencias, y, afectando así su estabilidad social, cultural, organizacional, política, ancestral y colectiva.
Para lograr esto, sobre la marcha se han venido implementando metodologías de investigación que estén orientadas a obtener información del contexto y la conducta, que permitan identificar los casos de violencia basada en género o violencia por prejuicio relacionada con la orientación sexual e identidad/expresión de género de mujeres o personas LGBTI considerando al mismo tiempo las demás interseccionalidades de las víctimas.
Finalmente, a la fecha de 23 de enero de 2020, esta jurisdicción especial reporta que para el caso 005 se han rendido 4 versiones voluntarias individuales, no hay reporte de versiones escritas o colectivas aún, que no es una cifra a despreciar debido al mismo volumen de víctimas en proceso de acreditación (aproximadamente unas 120.000 (3)), a la extensión territorial y al impacto histórico que tiene el territorio en el conflicto, por lo cual no es de sorprender que este sea uno de los procesos con mayor exigencia para el SIVJRNR y las organizaciones de representación de víctimas.