Tras conocerse detalles sobre esta dolorosa escena del crimen, organizaciones sociales hemos identificado que, en el asesinato de Felipe, hay patrones y mecanismos de violencia por prejuicio presentes en otros crímenes registrados durante este año en Medellín.
16 de diciembre de 2022. El pasado jueves, 15 de diciembre, Colombia y, particularmente, el movimiento y las personas LGBTIQ+ iniciaron el día con una noticia desgarradora: el crimen de Felipe Garzón, un joven con orientación sexual diversa, de 22 años, ingeniero de sistema y modelo webcam, quien residía en el barrio Las Nieves, en la localidad Santa Fe en Bogotá. De acuerdo con autoridades, testigos y familiares de la víctima, su cuerpo sin vida fue encontrado en su apartamento, desnudo, atado de manos y pies, con aparentes signos de violencia física, incluyendo estrangulamiento o asfixia mecánica. Tras conocerse detalles sobre esta dolorosa escena del crimen, organizaciones sociales hemos identificado que, en el asesinato de Felipe, hay patrones y mecanismos de violencia por prejuicio presentes en otros crímenes registrados durante este año en Medellín.
En efecto, en la mayoría de los casos ocurridos en el área metropolitana de Medellín, se identificó un patrón de violencia ejercida contra personas LGBTIQ+ similar al registrado en el homicidio de Felipe Garzón. A principios del año 2022, en Medellín, fueron asesinados Osvaldo Adolfo Botero Giraldo, de 45 años, y Juan David López Alzate, de 31 años. Las víctimas fueron halladas en sus lugares de residencia, ambas se encontraban en una posición de indefensión, y habían sido asfixiados mecánicamente. Estos serían los primeros casos, los cuales fueron percibidos como hechos aislados por parte de las autoridades.
Sin embargo, estos mismos hechos se repitieron en las violencias ejercidas contra Gustavo Alberto Arango Jaramillo de 52 años, Sahmir Javier González Sarmiento, ciudadano colombo-venezolano de 28 años, Juan Danilo Bedoya Román de 30 años, quienes fueron asesinados en espacios privados donde habían concertado, de manera previa, un encuentro sexual. En los casos de Sahmir y Juan Danilo el patrón de violencia se reforzaría, pues sus cuerpos fueron encontradas atados de manos y de pies, y además habían sido asfixiados mecánicamente.
No obstante, estos hechos violentos no fueron visibles, sino hasta el asesinato de Hernán Macías López de 28 años, quien ingresó al Hotel Nuevo Milenio en la tarde del 30 marzo con un acompañante. Este último, habría salido del establecimiento durante la madrugada. Al día siguiente, el personal del hotel decidió ingresar a la habitación, encontrando el cuerpo de Hernán, tendido en la bañera de su habitación, atado de pies y manos, con la boca amordazada, el gesto del rostro compungido y, además, su muerte había sido provocada por asfixia.
La continuidad en la ocurrencia de diferentes tipos de violencia dirigidas hacia personas LGBTIQ+ ha cobrado la vida de 14 hombres gais en el área metropolitana de Medellín, entre ellos, se registran los crímenes de José Eduardo Gómez Galindo, Edin Correa, Omar Ciro Álvarez y Jefferson Alejandro Perdomo. Con base a lo mencionado, a través de un mapeo realizado por Caribe Afirmativo, fue posible tener conocimiento sobre las características en común de los asesinatos, entre las cuales destacan las agresiones en espacios privados, debido a que la víctima se encuentra en estado de desprotección, permitiendo un ejercicio de violencias sin posibilidad de recibir ayuda o socorro. Este estado de indefensión de la víctima se ratifica en el estado en el que han sido encontrados sus cuerpos, siendo recurrente el hecho de hallarlas atadas de manos, lo cual permite que se ejerza una violencia sin posibilidad de resistencia. Del mismo modo, el mecanismo de asfixia mecánica ha sido una constante en varios de los casos.
Por ello, es clave que las autoridades competentes indaguen sobre la conexidad entre los homicidios ocurridos en Medellín y el perpetrado en contra de Felipe Garzón en Bogotá. Ello en razón a que se evidencia un claro patrón de violencias ejercidas en contra de personas LGBTIQ+. Asimismo, es clave anotar que respecto a este caso se tiene información que indicaría un posible vínculo entre los autores de algunos de los hechos registrados en la capital de Antioquia y el que se registró entre el 14 y 15 de diciembre en la localidad de Santa Fe, puesto que una de las personas identificadas mediante las cámaras de seguridad de la residencia de Garzón podría estar vinculada a algunos de los hechos registrados en Medellín. Esto, sumado a las características de estrangulamiento o asfixia mecánica, ataduras de manos y pies y un posible contacto con la víctima por redes sociales y aplicaciones de citas deberían ser un posible indicio a tener en cuenta dentro del proceso de investigación y judicialización de los responsables.
Estos 15 homicidios, producto de una violencia sistemática ejercida contra personas LGBTIQ+, hace evidente la urgencia de implementación de acciones inmediatas por parte del Estado. Es decir, es necesario desarrollar con celeridad procesos de prevención de este tipo de violencias y, del mismo modo, en la investigación, además de indagar sobre quién lo hizo, es fundamental conocer las motivaciones detrás del crimen. Es así como se podrían prevenir las violencias contra personas con orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa.
Como segundo punto, es indispensable trabajar la cultura ciudadana para que los asuntos morales o religiosos no terminen validando la violencia por prejuicio y sigan siendo usadas como motivadores por los victimarios, que creen que con su actuación hacen un favor a la sociedad. El tercer aspecto, responde a la necesidad de acompañamiento a las víctimas en la denuncia, tanto en materia jurídica, como psicosocial, evitando la revictimización y buscando mecanismos de seguridad y reparación transformativa. El cuarto aspecto a considerar, es el hecho de atacar los problemas en sus causas, sin satanizar. Sobre esto, se debe mencionar que el problema no son las aplicaciones sexuales, ni las prácticas de sexo, sino la ausencia de mecanismos de protección de datos, rutas o espacios de las personas. Por último, como quinto aspecto, desde esta organización se hace un llamado al Estado a tomar decisiones judiciales ejemplares que no solo individualicen, sino que contribuyan a transformar prácticas estructurales que naturalizan la violencia contra las personas LGBTIQ+.