Nos urge madurar el proceso de movimiento social, persiguiendo cambios estructurales en la cultura ciudadana, exigiendo acciones de prevención y transformación al Estado y poniendo los derechos de las personas trans y no binarias como prioridad en la agenda.
Inicia un nuevo año y, con la rapidez y la celeridad que van tomando las agendas sociales por la búsqueda del reconocimiento de derechos, parece algo mecánico pasar de un año a otro como un simple pare para seguir adelante hasta que la igualdad sea costumbre. Sin embargo, aprovechando que el inicio de los procesos es una oportunidad de revisar, ajustar y mejorar, vale la pena —en lo que compete a las acciones referentes a la diversidad sexual, identidades y expresiones de género en Colombia— hacernos preguntas que, dentro de nuestra agenda, insten al debate y reflexión. Estas serían algunas: ¿Cómo consolidar las ganancias obtenidas en los últimos quince años?; ¿cómo hacer frente a los discursos de odio que se han afianzado en el país, buscando echar atrás el reconocimiento de libertades?; ¿cuál será la estrategia para superar las acciones aisladas y construir un proceso movilizador con agenda propia?; y, por último, ¿de qué manera entender la demanda de la agenda transfeminista y darle centralidad a nuestras acciones bajo el liderazgo de las personas trans y no binarias? A continuación, trataré de plantear algunas propuestas.
En lo que se refiere a no perder lo ganado, hay una narrativa mediática que inició desde la aprobación del matrimonio igualitario referente a que Colombia es, hoy por hoy, un gran país para las personas LGBTIQ+. De hecho, en estadísticas regionales, nos ponen en tercer lugar —luego de Uruguay y México— como el mejor país para la diversidad sexual y de género, amparados en asuntos como los avances constitucionales y la alta visibilidad que tienen la población, bien sea por acciones gubernamentales, políticas públicas locales, cargos de elección popular o por el ejercicio mediático que vienen teniendo las Cámaras de Comercio y las prácticas denominadas “gay friendly”.
Sin embargo, en contraste está la ausencia de compromiso del Congreso de la República —que nunca ha legislado para proteger derechos de personas sexo-género diversas—, la ausencia de políticas locales de grande aliento, el mantenimiento de violencia homicida y feminicida que afecta mayoritariamente a mujeres trans y hombres gais y la ausencia de acciones estructurales de cultura ciudadana que eduquen sobre la diversidad y desmonten los prejuicios. Estos factores hacen que nuestros avances se vean frágiles. Es decir, no basta con que las instituciones nos nombren; necesitamos exigir acciones estructurales de prevención de violencia y que se pongan en práctica acciones educativas que desmonten la naturalización de los prejuicios. También debemos ser críticos con ese posicionamiento gaseoso y cosificante que se queda en lo gay, urbano, clase media y donde parece que se están concentrando las pocas acciones de algunas instituciones del Estado.
En relación a poner fin al incremento de los discursos de odio es importante reconocer que, además de estarse naturalizando, están siendo usados como herramienta político-electoral, mostrando en ocasiones a las personas LGBTIQ+ como “los enemigos de la sociedad”. Con expresiones comunicativas cargadas de odio están creando imaginarios colectivos orientados a un grueso de la población, buscando con ellos el desprecio, por parte de la sociedad, hacia las vidas sexo-género diversas en comunidades donde muchas de nosotras desarrollamos nuestros proyectos de vida. Ellos, con discursos sencillos e impactantes, logran lo que nosotras aún no y esto puede corresponder al componente de racionalidad y complejidad que, en ocasiones, le ponemos a la discusión ciudadana.
Sobre lo mencionado, debemos tener en cuenta de que este es un año electoral y, por experiencia, sabemos que para muchos políticos el hecho de promover odio hacia nuestros proyectos de vida es el combustible de sus campañas. Ante eso, debemos salir al paso; de un lado, exigiendo a la clase política, medios de comunicación y lideres de opinión que respeten nuestras vidas y no nos usen para chistes o miedos infundados porque eso es discriminación y, en este país, es un delito. De otro lado, no debemos caer en confrontaciones, que es lo que muchas de esas personas buscan. Por el contrario, es la oportunidad de conectarnos con nuestras comunidades, romper el gueto y promover espacios pedagógicos con la ciudadanía a través de metodologías sencillas y que calen en la cotidianidad. De esta manera será posible empoderarles desde el significado que tiene en la sociedad el hecho de reconocer la diversidad como un valor de integración.
Frente a la urgencia de construir movimiento, considero que, si bien muchas personas nos llaman así, la verdad, todavía no lo somos. Aún nos urge una agenda de integración mínima y procesos de incidencia a escala, donde la acción colectiva provoque cambios significativos. Por supuesto hemos crecido y se debe reconocer que hay un florecimiento de activismo LGBTIQ+ en todos los territorios del país —particularmente lésbico, trans, feminista y juvenil— en donde se consolidan colectivas y organizaciones sociales. Eso está bien y es necesario mantener las agencias sectoriales y organizativas. No obstante, nos falta aún hacer una gran juntanza de país, sin sacrificar las particularidades, reduciendo niveles de protagonismos e identificando un par de acciones clave que nos agrupen como proceso colectivo y que nos proporcionen estratégias de trabajo unificado. Esto nos permitirá conseguir cambios contundentes que solas, o desde las organizaciones, no podremos obtener. Del mismo modo, su práctica irá forjando en nosotras —desde los diversos procesos en los que estamos y seguiremos— acciones como movimiento social y maduración necesaria para que un proceso poblacional consiga cambios integrales en la sociedad.
Finalmente, frente a los ataques y el desconocimiento que algunos sectores tienen hoy en relación al reconocimiento de la plenitud de derechos de las mujeres trans, importante la consolidación de la agenda trans-feminista. Han sido décadas movilzándonos entorno a las solicitudes gais que, en su momento, tenían emergencias que urgían atender, como lo son las altas cifras de homicidios, la aparición del VIH, la necesidad de reconocer derechos de las parejas y corregir prácticas de discriminación. Si bien en algunos de estos puntos hay asuntos pendientes, aún existe una deuda histórica con las personas trans y no binarias que, durante todos estos años, han sido las más vulnerables a la violencia. Son las persona trans y no binarias quienes primero ponen su vida y las que más urgencia de dignificación reclamaban, debido a que están en contexto de mayor pobreza. Ellas acompañaron nuestras luchas con generosidad y, este año, es el momento clave para que el movimiento tenga expresión trans y no binaria y que esta se exprese en liderazgos, vocerías, agendas y acciones, donde gais, bisexuales y lesbianas rodeemos y acompañemos y no ocupemos sus espacios. Poner la agenda de sus derechos como prioridad será la mejor acción de activismo para madurar el proceso movilizador que, desde hace más de 40 años, por las tímidas calles de la séptima en Bogotá, decía: “Ni enfermos, ni antisociales. Orgullosamente homosexuales”.
En términos generales, esperamos que este año se consolide la ruta de la Paz Total, avance la justicia social, se desarrollen los territorios en materia de desarrollo con enfoque diferencial —fortaleciendo los proyectos de vida de los grupos históricamente excluidos— y avancemos en materia de cultura ciudadana. Es necesario que en cada uno de estos escenarios existan las garantías plenas para que las personas LGBTIQ+ participen y construyan país, como colombianas que son. Para ello, requerimos garantizar condiciones de vida digna, seguridad integral y reconocimiento en su participación.
Tener avances como la posesión de siete congresistas de nuestro grupo poblacional —que tiene ya su comisión para poner al Congreso en sintonía legislativa—, un Ministerio de Igualdad con un mandato de erradicar la exclusión, vigencia de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad con enfoque de género, la apertura del macro-caso de violencia sexual en la JEP, procesos en curso sobre búsqueda de personas sexo-género diversas dadas por desaparecidas, políticas públicas implementándose y un sinnúmero de acciones y liderazgos locales que están haciendo incidencia, veeduría y promoviendo la movilización social, es un escenario ideal para que la vida digna de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y personas no binarias en Colombia pueda ser una realidad en 2023.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo