La actual campaña política que busca elegir los cargos territoriales para el próximo cuatrienio, no solo es débil en propuestas y proyectos en busca del bien común, sino que también ha olvidado su compromiso con la implementación de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad.
En el pasado mes de agosto, después de casi 14 meses de conocerse el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Comité de Seguimiento y Monitoreo, creado para hacer seguimiento a la implementación de sus recomendaciones e incidir ante las entidades responsables de implementarlas, presentó su primer informe. Este texto hace hincapié en lo que significó la incidencia en su inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que recogió 40 de las 67 recomendaciones conocidas. Además, menciona la labor legislativa de la legislatura pasada, que presentó 76 proyectos de ley relacionados con dichas recomendaciones y que se materializaron en 5 leyes aprobadas: la Paz Total, la aprobación del Plan de Desarrollo, el Ministerio de la Igualdad, el Estatuto del Campesinado y la reforma tributaria. También se detalla el avance de los compromisos ministeriales, como la política feminista del Ministerio de Relaciones Exteriores, la activación de la Mesa de Casos Urgentes y la Política Pública del Ministerio del Interior, la Estrategia “La Escuela Abraza la Verdad” del Ministerio de Educación, la campaña de acceso a la justicia con enfoques diferenciales del Ministerio de Justicia, el inicio de la transformación del pensum de educación de las Fuerzas Militares en el Ministerio de Defensa y los avances en el Estatuto Agrario del Ministerio de Agricultura.
Aunque este informe es preliminar y no corresponde aún al sistema de Monitoreo y Seguimiento del Comité, que está en proceso de construcción, esperamos verlo en funcionamiento para el próximo informe que se conocerá en febrero de 2024. Este informe presenta tres afirmaciones iniciales: 1. La implementación de las recomendaciones en la vida institucional del orden nacional avanza con cierta lentitud, y aunque no se cumplirán los plazos esperados (que preveían avanzar en un 45% de las recomendaciones en el primer año), se están logrando avances. 2. Este avance se da en un ambiente muy constructivo debido al buen recibimiento que ha tenido el ejecutivo en su implementación, incluso con aliados en el Congreso como la bancada de la paz, a pesar del hundimiento del artículo 8 del Plan de Desarrollo, que afectó gravemente la implementación. 3. Aún no se ha logrado definir cuál es el papel territorial de las recomendaciones y las responsabilidades de los Entes territoriales para hacerlas realidad, especialmente para materializarlas en la vida de las personas. Es importante destacar que estas recomendaciones corresponden a hallazgos específicos que dan cuenta de hechos de violencia que deben superarse para que las vidas de las personas puedan ser plenamente vividas.
Cuando se presentó el Informe de la Comisión de la Verdad y el país pudo conocer tanto sus hallazgos como sus recomendaciones, las Comisionadas y Comisionados se dieron a la tarea de recorrer el país en cada una de sus regiones para llevar a cabo pedagogía. Sin embargo, las autoridades territoriales fueron grandes ausentes en estos recorridos, y posteriormente, ante derechos de petición presentados por el Comité de Seguimiento y Monitoreo, manifestaron desconocimiento de dichas recomendaciones y de las responsabilidades que les correspondían como autoridades en su implementación. Esta indiferencia que ha prevalecido en muchos territorios durante este largo año respecto al Informe y sus tareas para conseguir la paz total contrasta con el fervor con el que un mecanismo ciudadano llamado La Red Aliada, creado como un espacio de sociedad civil para interactuar con la Comisión, mantiene vivo el legado del informe en los territorios. De esta manera, la Red Aliada se convierte en el escenario ideal de exigibilidad y veeduría ciudadana, especialmente en el marco de la contienda electoral, para exigir lo siguiente: a) que los programas de gobierno dialoguen con las recomendaciones, b) que en los debates se asuman compromisos claros con la paz territorial y c) que se implementen, con indicadores y resultados en los Planes de Gobierno que se construirán en los próximos años, con participación ciudadana, las recomendaciones que son de su competencia, d) impulsar que se articulen con otras ramas del poder y el ejecutivo nacional para consolidar los resultados (por ejemplo, enlazando con el Ministerio de Igualdad y sus viceministerios poblacionales, el Ministerio de Justicia en materia de acceso y el Ministerio de Educación y Cultura en materia de transformación social).
De todos los retos territoriales de las recomendaciones que estaré desarrollando en próximas reflexiones, quiero indicar como marco general que, para la implementación integral del Acuerdo de Paz, de manera transversal, el Informe Final de la Comisión de la Verdad recomendó a las autoridades territoriales garantizar el cumplimiento pleno e integral de dicho Acuerdo, solicitando el impulso de su implementación con la aplicación de enfoques territoriales, étnicos, de género y de derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Para llevar a cabo este cometido, se sugirió la realización de un amplio diálogo entre entidades territoriales y étnicas, mujeres, LGBTIQ+, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y las instancias de seguimiento creadas para articular acciones. Para ello, los gobiernos locales también deberán garantizar asignaciones presupuestarias destinadas a tales propósitos. Siguiendo esta misma línea, el Informe Final también menciona que los gobiernos territoriales deberán reconocer las iniciativas de acuerdos humanitarios lideradas por las organizaciones de la sociedad civil, así como respetar y garantizar sus esfuerzos en favor de las víctimas y la sociedad civil.
Ahora, el resultado de implementar dichas recomendaciones debe reflejarse en una cultura de paz territorial que promueva los diálogos locales y regionales para incentivar la participación de los diversos sectores en torno a los intereses y el papel que estos han desempeñado en el conflicto armado, rechazando definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos. De esta manera, se logrará garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. Frente a las recomendaciones relacionadas con situaciones de protesta social y movilización, se manifestó la necesidad de que haya un acompañamiento por parte de las Personerías Municipales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, así como el reconocimiento y facilitación de mecanismos de acompañamiento y supervisión provenientes de las organizaciones y movimientos sociales. Por lo tanto, los gobiernos locales tendrán un papel preponderante en el logro y la garantía de estos objetivos.
En lo que respecta al logro de un desarrollo territorial sostenible en busca de la equidad y la paz territorial, se propuso que las autoridades territoriales diseñen e implementen una estrategia de desarrollo territorial sostenible orientada a contrarrestar las desigualdades que han permeado las zonas rurales. Esta estrategia se fundamenta en un proceso de ordenamiento territorial participativo, sostenible y multicultural. Para lograrlo, es necesario implementar estrategias que garanticen derechos como el acceso a la tierra, al territorio y a los bienes y servicios públicos en condiciones de paz y equidad. Asimismo, se sugiere a los entes territoriales garantizar la efectiva aplicación de los enfoques diferenciales transversales e interseccionales, y promover medidas afirmativas para los pueblos étnicos, el campesinado, las mujeres, las personas LGBTIQ+, las personas en condición de discapacidad o diversidad funcional, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como para los demás grupos vulnerables. Por último, también se les insta a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de toda la población del país.
Precisamente en esta época electoral, es el escenario ideal para que las candidaturas y la sociedad civil construyamos una hoja de ruta en torno a la incorporación y el análisis de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad dirigidas a los municipios y gobiernos locales. En este contexto, podríamos decir que hay tres rutas que debemos seguir: a) La igualdad como derecho, que debe otorgar a los territorios altamente afectados por la violencia un lugar para los derechos y la ciudadanía plena de los grupos poblacionales históricamente excluidos. b) Para superar la pobreza e inequidad, es evidente que el acceso a la tierra por parte de las víctimas se erige como uno de los puntos más preponderantes. Este acceso no solo simboliza una restitución material de derechos, sino que también representa un paso fundamental hacia la reparación simbólica y la reconciliación en sociedades marcadas por el conflicto y la violencia. La urgencia de superar la injusticia social hace un llamado a fortalecer mecanismos territoriales de búsqueda de justicia social y la inclusión de grupos étnicos, con metodologías y saberes de seguridad y protección construidos por las comunidades que ven en esta oportunidad electoral una forma clara de enraizar el informe de la CEV en sus territorios.
Por eso, es urgente dejar constancia en todo el país de que las recomendaciones del Informe Final instan a la adopción de políticas y acciones afirmativas en los territorios que buscan equilibrar las desigualdades históricas, promoviendo así una sociedad más equitativa y cohesionada. La inclusión de los grupos étnicos afectados es fundamental para garantizar que ninguna comunidad quede excluida de los beneficios de la reconciliación y el desarrollo.
Requerimos ver en los territorios acciones políticas que, articuladas con las recomendaciones, pueden consolidar un catálogo de medidas tales como: 1. En lo concerniente a la reparación integral de las víctimas, se insta a las autoridades locales a garantizar el acceso efectivo a bienes y servicios públicos, así como a alternativas de generación de ingresos; 2. Para los sujetos de reparación colectiva, se les exhorta a adoptar medidas frente a las condiciones de supervivencia cultural de los pueblos étnicos y a la atención de los daños que generaron los hechos victimizantes en la población; 3. Se debe construir políticas públicas tendientes a la articulación de la jurisdicción ordinaria y las justicias propias de los pueblos étnicos, así como impulsar procesos de resolución de conflictos territoriales entre pueblos étnicos y comunidades campesinas; 4. Construir o fortalecer las capacidades instaladas en materia de justicia y resolución de conflictos con el objetivo de que exista justicia formal y las distintas justicias comunitarias, así como programas y prácticas de justicia restaurativa; 5. Diseñar e implementar un plan de fijación y cobro del impuesto predial fundamentado en el principio de progresividad y que permita una distribución más equitativa de la tierra, así como la protección de ecosistemas y recursos naturales; 6. Impulsar un sistema agroalimentario dirigido a las poblaciones vulnerables, de modo que puedan participar como productoras o consumidoras de alimentos de calidad óptima para la salud humana, y que estos sean producidos, transportados y distribuidos en condiciones laborales y comerciales justas; 7. Reducir las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales mediante la implementación de las hojas de ruta construidas para las subregiones PDET; 8. La realización de una consulta, considerando los étnicos más afectados por el conflicto armado, para poder fortalecer de la gobernanza comunitaria, el acceso a bienes y servicios públicos, la recuperación económica y la reconstrucción del tejido social; 9. Uso adecuado del territorio según la oferta ambiental, el ordenamiento y la mejor distribución de la propiedad rural, y la provisión de bienes y servicios públicos, previniendo en los respectivos presupuestos. 10. Previsiones presupuestales que permitan garantizar la cobertura, acceso, calidad, pertinencia y permanencia en la educación de las zonas rurales de todo el territorio, así como la implementación del Plan Especial de Educación Rural.
Aquí tienen las candidaturas y los electores en las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, una herramienta de transformación enfocada en los municipios y gobiernos locales, como acción de gobernanza que muestran el camino hacia un futuro de justicia, verdad y paz en lo territorial. El acceso a la tierra, la búsqueda de la justicia social, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ y la inclusión de grupos étnicos son componentes esenciales para construir una sociedad más equitativa y resiliente, donde las cicatrices del pasado se transformen en oportunidades para un futuro más promisorio y unido.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo