Que la indignación y resistencia social que por años ha llenado las calles, se convierta en poder electoral que el domingo se exprese en las urnas
Las personas LGBTIQ+ votan para ejercer su poder ciudadano, observan y escrutan para exigir respeto a la voluntad popular, vigilan para que la justicia social no se ponga en riesgo por los discursos de odio y exigen que esta sea la oportunidad de hacer de Colombia un Estado garante de derechos y libertades, donde sus vidas puedan ser vividas.
28 de mayo de 2022.
Colombia vuelve este domingo a las urnas para elegir un proyecto político que gobierne al país por los próximos cuatro años, y si bien, en periodos tan cortos y con expresiones diferenciales entre las elecciones territoriales y nacionales, es habitual que, por lo menos cada dos años, repitamos el ejercicio de votar. Es quizá esta contienda electoral una de las más decisivas por varias razones: a) existe una fuerte polarización de una campaña que se ha caracterizado por ataques personales y ausencia de ideas o propuestas; b) se presenta la urgencia de fortalecer la democracia, ante un cuatrienio que termina desacelerando compromisos sociales; c) se percibe un cansancio de la ciudadanía que se ve “ad límite” con la precariedad y la moratoria social de verse en déficit de derechos; y d) se experimenta un incremento de discursos de odio y prácticas fundamentalistas, lideradas por autoritarismos que han capturado el Estado y no lo quieren liberar, por el contrario, lo han convertido en instrumento de su vanidad.
En lo que se refiere a personas LGBTIQ+, a diferencia de procesos electorales anteriores, llegan con mayor nivel de participación, asistiendo a una contienda electoral de extremos: de un lado por primera vez, los candidatos en términos generales, a excepción de los dos últimos en las encuestas, tienen propuestas concretas en materia de diversidad sexual y de género, además de contar con antecedentes positivos, al ejecutar acciones concretas como políticas públicas, actos simbólicos y programas de trabajo durante sus gobiernos en alcaldías o gobernaciones. Allí, hay todo un material que examinar sobre su verdadero compromiso y lo consistente de sus propuestas; pero en el otro extremo, están los grupos antiderechos -o antigénero- que han tomado fuerza en el país y se han acercado a las campañas políticas con votos a cambio de que incluyan en sus agendas, acciones de orden moral que buscan poner en jaque los derechos sexuales y reproductivos reivindicados, retrocediendo en materia de igualdad. A esto se le suma que el gobierno Duque no honró su compromiso en materia de diversidad sexual y de género, paralizó la política pública nacional, desarticuló la Mesa de Casos Urgentes y no atendió el incremento de violencia y prácticas transfóbicas en el país.
Por ello, estas elecciones si bien son trascendentales para Colombia, pues se requiere un gobierno que consolide la paz, garantice la equidad y supere la epistemología de la exclusión; para las personas LGBTIQ+, en general se reviste de un significado muy especial: este domingo se debe elegir, no solo a quien ponga al día las acciones en materia de prevención de violencia que se desmontaron en el gobierno que termina para garantizar sus derechos, sino y sobre todo, que se asuma, como política de Estado un plan de reconocimiento a los derechos de las personas LGBTIQ+ y de superación de la exclusión que viven en razón de los prejuicios naturalizados por la orientación sexual, identidad y expresión de género.
Estamos pasando de un escenario social donde para las personas LGBTIQ+ el día de las elecciones no les significaba nada, no solo porque eran inexistentes las propuestas en los Programas de Gobierno de los candidatos para el reconocimiento de sus derechos, sino porque era -y siguen siendo- muchos los obstáculos para asistir a las urnas: binarismo de las filas, violencia policial, trato prejuicioso en las mesas electorales, burlas y desconocimiento de sus derechos ciudadanos. Así, pasamos a ser protagonistas claves de estos procesos: metodologías participativas de monitoreo, observadoras electorales trans, protocolo de votación que exige mecanismos de atención diferencial, candidaturas abiertamente LGBTIQ+ y reconocimiento nominal tanto en la papeleta electoral como en las campañas que invitan a votar.
Este cambio de panorama, si bien, aún es incipiente y falta mucho por consolidar, hace que este domingo como movimiento social, previo a llegar a las urnas se planteen cuatro acciones reflexivas: 1) identificar la validez, viabilidad y sobre todo, la oportunidad que se tiene de hacer realidad las propuestas en materia de diversidad sexual y de género estipuladas en los Programas de Gobierno; 2) valorar, aprovechando la experiencia de gobierno que tienen los candidatos, el resultado de su gestión en materia de compromisos que se asumieron con las personas LGBTIQ+ en los entes territoriales y como ello logró transformar vidas; 3) hacer seguimiento a las alianzas y estrategias que se han activado, en esta ocasión, para consolidar su candidatura, ya que, juntarse con grupos anti derechos o sectores que niegan la ciudadanía a las personas LGBTIQ+, hará que, si bien ellos tengan un compromiso, dicha alianzas les lleven a desvalorarlos y 4) identificar su discurso actual en temas tan sensibles y cercanos a la integralidad de los derechos de las personas LGBTIQ+ como los derechos sexuales y reproductivos, la paridad, el aborto, el respeto a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, el compromiso con la implementación del acuerdo de paz y la acogida a la ciudadanía migrante.
Así, el día de las elecciones en los puestos de votación, será importante: 1) vigilar que se respete el derecho legítimo al voto y denunciar cualquier acto de constreñimiento electoral, 2) velar para que las compañeras y compañeres trans sean tratados con respeto y reconocimiento de su identidad y expresión de género, lo cual debe darse en todos los puestos electorales con la implementación del protocolo de voto trans, 3) rodear a las observadoras y observadores trans en ese ejercicio doble de la democracia: de ser votantes y a la vez veedores del proceso electoral y 4) ejercer con dignidad ese poder ciudadano que tienen las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, queer y no binarias, al igual que el resto de la ciudadanía de elegir con autonomía, dando el voto a la persona que efectivamente representa el proyecto político que asume el compromiso de hacer de este, un país garante de la vida desde la diversidad y con garantías para ejercer la libertad.
Luego de votar, continuando con el ejercicio democrático, se debe estar vigilantes con el voto: escrutar es un deber ciudadano. Esto para que aquello que la voluntad popular expresó en las urnas no sea tergiversado por los intereses de unos pocos; allí es clave, si se es jurado electoral, ser muy vigilante y como ciudadanía, estar atentas a los resultados de cada una de las mesas y a la coherencia que se exprese en las urnas, acogiendo la decisión de la mayoría y rodeando la voluntad popular. El resultado electoral así legitimado, debe conducir a la ciudadanía a tres acciones estratégicas: en primer lugar, a reconocer los resultados y a superar, respetando la diferencia de opiniones, las fisuras generadas por la contienda política, sumando acciones para el proyecto de país que queremos, basándonos en un enfoque en derechos y donde es muy importante el papel de la oposición, por lo legítimo de todos los proyectos puestos en contienda; en segundo lugar, hacer veeduría para que los compromisos asumidos en el Programa de Gobierno de quien gane las elecciones, llegue al Plan Nacional de Desarrollo (PND), con acciones específicas y resultados concretos, medibles y verificables que permitan asumir un plan de seguimiento a la ciudadanía; en tercer lugar, a no desactivar el poder ciudadano, y asumir un papel activo de monitoreo a las acciones políticas del nuevo gobierno, denunciando y rechazando, desde las acciones constitucionales y la movilización social, cualquier asomo de un proyecto político autoritario, antiderechos o que coarte las libertades.
De parte del proyecto político que sea elegido, urge que en el plan de empalme, conocido como la acción de los 100 primeros días, en materia de derechos de personas LGBTIQ+ tenga como actos urgentes: a) la implementación participativa del Plan de Acción de la Política Pública de diversidad sexual y de género; b) la instalación de la Mesa de Casos Urgentes con mensaje de inmediatez para activar un plan de protección a la vida de las personas LGBTIQ+, c) la implementación de un plan de acciones Afirmativas para las personas con experiencias de vida trans, atendiendo situaciones de pobreza, ausencia de espacios seguros, desempleo y autonomía con sus cuerpos y d) la articulación de un proceso de trabajo con los entes territoriales y los otros estamentos del Estado para que asuman, como entidades públicas, un compromiso con la no discriminación, con el rechazo a los discursos de odio y con la prohibición de cualquier expresión de exclusión motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género diversa de la ciudadanía.
El próximo proyecto político que dirija a Colombia debe comprometerse con la profundización de la construcción de paz, la consolidación de los procesos de acogida con la ciudadanía migrante, poniendo fin al clasismo que ha condenado a los grupos poblacionales a la exclusión y marginalidad, y, finalmente, a la desestructuración de las formas patriarcales y machistas en la vida social con la motivación mayor de ser garante de libertad y justicia social. En todos estos escenarios, y al transitar el camino para conseguirlo, el reconocimiento de las personas LGBTQ+ como ciudadanas plenas de derechos, con opciones reales para ejercerlos, es fundamental para honrar ese mandato que miles de gais, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, personas no binarias y queer darán este domingo en las urnas: votamos por quien garantice nuestra dignidad.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo