No basta con tomarse fotos con la bandera arcoíris o tener enfilados a un grupo de activistas gais blancos en la plaza pública para decir que es una candidatura garante de las personas LGBTIQ. Requerimos un gobierno que implemente la política pública, frene la violencia histórica y ponga fin a discursos de odio y amenazas de retrocesos.
23 de mayo de 2022. Días previos a las elecciones han conjugado la ausencia de dos acciones que son claves en la democracia: comprender y discutir. Se comprenden las propuestas presentadas, se discute su viabilidad; pero por dedicarse a los ataques y a la desinformación, poco espacio se ha ofrecido para conocer los Programas de Gobierno, que en últimas son el documento vinculante que quien resulte elegido en las elecciones, deberá convertir en Plan de Desarrollo para gobernar del 2022 al 2026. Pero esta ausencia de ideas y propuestas no es ni la primera vez, ni ocurre solo en Colombia; la crisis de la democracia en todo el mundo en los últimos veinte años, ha dado cuenta de un desgaste de este modelo de sociedad que es urgente corregir; pues en la gobernanza que es uno de los ejes estratégicos de la democracia, no solo se ha concentrado todo su poder olvidando a la ciudadanía; sino que además crece sin parar la violación a los derechos humanos y esta en crisis su espíritu libertario y republicano por el nivel de control de los cuerpos y de prácticas de corrupción de las instituciones que deben garantizar su funcionamiento.
Si bien esta crisis es cotidiana, épocas como la electoral develan toda la precariedad de la democracia, Pues no solo las elites han capturado la gobernanza como su práctica capitalista de amasar fortuna, sino que hacen creer al constituyente primario que su único espacio de participación es electoral, delegando en un grupo de “ilustrados” la toma de decisiones, donde el voto como mecanismo de control o es un salvavidas para recuperar su esencia de ser garante del bien común, o se convierte en el aval que legitima los abusos y los usos desproporcionados del poder.
Sin embargo este proceso electoral de 2022 es especial por tres factores adicionales: a) llega en un momento de altísimo cansancio social, por la falta de bienestar en el Estado, como lo han demostrados los procesos de resistencia y movilización social; b) aparece luego de una pandemia que demostró lo frágil del sistema público de salud y de las políticas sociales y sanitarias y 3) en ese mismo escenario, las medidas de respuesta inmediata, que doto de poderes extraordinarios al presidente, dio cuenta de abusos, restricciones de libertades y medidas especiales que beneficiaron a un sector reducido de la sociedad y dejaron a la mayoría de la ciudadanía, al pasar el umbral del COVID, más pobre y con menos oportunidades. Todo ello se ha canalizado en el descontento colectivo que llegará el próximo domingo a las urnas y que espera traducirse en decisión de gobernabilidad, dando así una lección al populismo que sigue criminalizando e ignorando la protesta social e insistiendo en des-democratizar las instituciones.
Dos siglos de democracia y vida Republicana en Colombia, lejos de consolidar un Estado Social de Derecho, ha concentrado la desigualdad como forma de vida y ha hecho cotidiana la exclusión social. Situaciones que, ante escenarios como el conflicto armado, la crisis humanitaria fronteriza y la centralización de poderes del Estado, hicieron creer que sinónimo de la vida tropical es la ausencia de derechos y las limitaciones a la vida digna de la ciudadanía son válidas por el orden moral establecido que prefiere la autoridad a la libertad. Decisiones político económicas como el Consenso de Washington que redujeron el Estado de bienestar al mínimo, o el Tratado de Libre Comercio con EEUU que justo por estos días celebra sus veinte años y que ha enriquecido a pocos y empobrecido a grandes sectores, son imágenes del fracaso de esta tercera ola de la democracia, que es tan benévola con el capitalismo y que olvido que la legitimidad esta en el bienestar ciudadano y en gobernar con el mandato que surge de los acuerdos que garantizan libertades.
Esta crisis se nota con mayor acento en los grupos poblacionales que el Estado insiste dejar en la periferia, por ello, la indignación ciudadana, ha dejado constancia de la urgencia de recuperar la democracia y activar formas creativas de construir lo público como apropiación colectiva; allí la representación política no puede seguir siendo clientelista, debe ser en clave de diversidad y visibilidad y ha sido este el reclamo de la resistencia, la movilización social y las redes sociales en el paro nacional y en la primavera de un movimiento social joven y feminista que busca cambios estructurales. En consonancia con estos escenarios, el fortalecimiento que ha tenido el proceso LGBTIQ no solo ha sacado a lo público agendas que el Estado insiste en privatizar, sino que además ha postulado acciones en perspectiva de proyectos de vida, para cuestionar y exigir freno a proponer una agenda de la diversidad sexual y de género solo desde el consumo y la cosificación y exigir así, poner fin las exclusiones sociales que validan los prejuicios y a la moralidad política de valores acartonados, como respuesta a la inacción del Estado por los derechos.
A finales del siglo pasado la invisibilidad de los asuntos de diversidad sexual y de género en los espacios políticos, fue dando paso al uso violento de estas categorías en dos dimensiones: de un lado, usadas para atacar a las candidaturas opositoras, como si señalar que alguien sea homosexual o tener una expresión de género diversa (burlas en plaza pública y en espacios comunicaciones ridiculizando a sus contrincantes por su sexualidad diversa real o percibida), sea desventaja en la competición, pero también; para asumir compromisos con sectores antiderechos, en búsqueda de sus votos, se comprometieron, que si eran elegidos pondrían barreras a lo que ya era una solicitud a gritos: la igualdad de derechos y el rechazo a toda forma de discriminación; así, con la excusa de proteger la familia y los valores cristianos sacaron publicidad para prohibir matrimonio igualitario o expresiones de género en el espacio público.
En la década del 2000 el activismo y la incidencia de la sociedad civil empezó no solo a exigir que los asuntos de género y diversidad en el discurso político no fueren moneda de cambio en los debates electorales sino que se construyeran propuestas desde cada uno de los Programas de Gobierno, para garantizar sus derechos. Con el paso del tiempo esta solicitud se polarizó en las campañas de 1998, 2002 y 2006 entre unos pocos candidatos, casi con apoyo minoritario, que se comprometían a garantizar derechos de personas LGBTI con asuntos puntuales como la no discriminación o la igualdad de derechos para parejas del mismo sexo, como el caso de Luis Eduardo Garzón y Antanas Mockus (ambos perdieron pero luego las materializaron siendo alcaldes de Bogotá) y también Carlos Gaviria que asumió desde la Corte un compromiso en esta línea. Otros, que terminaron siendo elegidos, con discursos como proteger la familia tradicional o no permitir la desmoralización de la sociedad, cerrando la puerta a los derechos de las personas LGBTI (como Pastrana y Uribe). En la década de 2010, el rechazo de este uso por parte de la sociedad civil y la llegada de liderazgos LGBTIQ a las campañas políticas, logro en algunos sectores la disminución de esta polarización y dar paso a propuestas construidas de forma colectiva y participativa que fueron ingresando a los Programas de Gobierno (caso Santos), materializadas en acciones como la política pública LGBTIQ que sin embargo, ha tenido un freno en su plan de acción por parte del gobierno actual del presidente Duque, que desaceleró su compromiso con la diversidad sexual y de género.
La actual contienda electoral, si bien se ha marcado por la ausencia de debate político, las mentiras y la polarización, es notoria la poca expresión de ataques en razón de la diversidad sexual y de género o las propuestas impopulares como echar atrás el matrimonio del mismo sexo o plebiscitar derechos LGBTIQ; es más, con excepción de la única candidata mujer, los otros seis candidatos han formulado propuestas en sus Programas de Gobierno y algunos se han hecho acompañar de colectivas de la diversidad sexual y han aparecido en público con banderas arcoíris y trans y mandando mensajes como en el día de No a la homofobia. En razón a los antecedentes, cuatro de los candidatos ya estuvieron en cargos de elección popular y allí fueron responsables de asuntos concretos en esta materia como implementar políticas públicas, campañas de cultura ciudadana, espacios laborales para personas trans o la creación de espacios interinstitucionales para reducir la violencia motivada por prejuicio; es decir no es nuevo para ellos el liderazgo en estas agendas, que será la ciudadanía de los entes territoriales donde ellos gobernaron quien podrá indicar su efectividad.
Ahora, garantizar derechos de personas en materia de diversidad sexual y de género no es un asunto de izquierdas o derechas, es una responsabilidad del Estado y quien sea elegido los próximos días para gobernar a Colombia tendrá la tarea de hacer que este sea un país garante de derechos. Para ello requiere: 1) ponerse al día ante la ausencia de compromiso del gobierno saliente e implementar la política pública LGBTIQ con un plan de acción concertado con la ciudadanía; 2) crear y dinamizar un espacio de trabajo con la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría, para investigar la violencia contra las personas LGBTI y prevenir acciones prejuiciosas; 3) asumir que conduce un Estado Social de Derecho y dejar constancia que discriminar es un delito y por tanto, poner fin a expresiones de odio o motivaciones de retroceso en materia de derechos humanos; 4) activar dentro del gobierno, programas, rutas de atención y protocolos especiales para garantizar acceso a derechos de las personas prestando especial atención a las victimas del conflicto armado, a la ciudadanía migrante y a quienes están en mayor condición de precariedad y 5) promover en todo el periodo y en todas las instancias del gobierno una campaña permanente de cultura ciudadana para reconocer y respetar los derechos de las personas.
Para que esto sea realidad hay que pasar del dicho al hecho, en campaña se dice de todo y se asumen compromisos con todas las personas; pero la efectividad radica en rodearse de personas y gente que no sea contraria a los derechos humanos y las libertades; demostrar con acciones su interés por los derechos, por el enfoque de género y por la vida digna en libertad y tener una ciudadanía activa que no solo pose para la foto en campaña, sino que los cuatro años del mandato, haga veeduría, exija cumplimiento y denuncie desatenciones. Es la hora de que o hacemos de Colombia un país de derechos poniendo fin a los odios o seguiremos abonando desde la democracia a una sociedad fallida porque no garantiza la vida buena de su ciudadanía LGBTIQ.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo