24 de febrero 2020. Ayer se presentó el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el país durante el año 2020, el cual estuvo a cargo de la representante en Colombia, Juliette de Rivero.
El informe presentó cifras preocupantes sobre las vulneraciones y afectaciones a personas LGBTI+ durante el 2020, señalando que, para el año pasado, se presentaron 76 casos de homicidios y feminicidios contra personas LGBTI en el marco la pandemia entre enero y diciembre, siendo este año con la cifra más alta registrada desde el 2014. Durante ese mismo período de tiempo, la Defensoría del Pueblo activó 388 rutas de atención para casos de violencia contra personas LGBTI, de los cuales 309 fueron atendidos durante ese año.
De igual forma, la Alta Comisionada expresa que “la defensa de los Derechos Humanos en Colombia continuó siendo una actividad de alto riesgo”. Durante ese mismo año, se presentaron “cerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos dentro de las cuales el 2% pertenecía a la población LGBTI. Adicionalmente, se conoció información sobre 42 casos de privaciones arbitrarias de la vida en las que habrían estado vinculados miembros de la fuerza pública y autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo 2 personas LGBTI”.
Dentro de las vulneraciones a los derechos humanos incluidas en el informe, se encuentran el “aumento de los obstáculos para el acceso a la justicia en la recepción de las denuncias, pues para Defensoría del Pueblo aún siguen presentes ciertas barreras institucionales para la aplicación de criterios basados en prejuicios por parte de algunos funcionarios.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado colombiano deberá priorizar, de cara este nuevo 2021, la implementación del Plan de Acción Nacional de la Política Pública LGBTI+ presentado en noviembre de 2020. Lo anterior debido a que la Política Pública fue adoptada por el Ministerio del Interior en mayo de 2018, sin que a la fecha se hayan materializado ninguna de sus acciones a nivel nacional.
En lo que respecta a las personas migrantes, “la Alta Comisionada para los Derechos Humanos valora el anuncio de otorgar protección temporal a las personas venezolanas que se encuentran en el territorio colombiano por un periodo de 10 años”. Pues, al igual que el Secretario General de las Naciones Unidas, reconoce que “este es un gesto humanitario emblemático para toda la región”.
No obstante, y hasta que el Permiso por Protección Temporal (PPT) creado mediante el Estatuto Temporal de Protección para migrantes Venezolanas/os (ETPV) sea una realidad para las personas venezolanas que actualmente están en el país, Colombia deberá realizar “mayores esfuerzos para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios del sistema de salud pública para todas las personas de conformidad con los estándares internacionales de Derechos Humanos”. Especialmente a aquellas que presentan factores de vulnerabilidad intersecados, como mujeres, niños/as y personas LGBTI en situación de movilidad humana.
Desde CARIBE AFIRMATIVO reafirmamos la necesidad de seguir construyendo juntas y juntos una cultura de paz en cada uno de nuestros territorios, haciendo parte de los procesos de reconciliación y convivencia que apliquen los diferentes enfoques diferenciales desde una perspectiva interseccional para garantizar los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y/o expresiones de género diversas; así como también la promoción de la integración social plena de las personas LGBTI+ en situación de movilidad humana en el territorio nacional.