El virus, que crece en casos, está afectando a hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Por su parte, los Estados, lejos de atender de manera preventiva, nuevamente salen a moralizar la sexualidad y condenar el placer.
Fue una pandemia y sus efectos desproporcionales contra las personas homosexuales en los años 80 y 90 lo que llevo a algunos de nuestros Estados a reconocer y hacer visible –a pesar de su resistencia moral– la importancia de la vida de las personas LGBTIQ+ y su inclusión en las agendas de política social y de ciudadanía plena. No fue una acción voluntaria de los gobiernos, sino el resultado de la presión de la sociedad civil organizada, que empezó a ver a decenas de compañeros muertos por un virus que, en ese momento, sin comprender los motivos, atacaba mayoritariamente a hombres que tenían sexo con otros hombres, mujeres trans y trabajadoras sexuales. Este escenario fue usado por muchas instituciones, con base a moralismos injustificados, para señalaran que la consecuencia sanitaria era el resultado de una vida sexual desordenada y se posicionó una práctica de estigma relacionada con la orientación sexual, identidad o expresión de género, que hoy sigue siendo motivo de exclusión y discriminación.
El VIH que, a pesar que los estados aún no se comprometen a conseguir su vacuna, por fortuna, hoy no tiene esa expresión pandémica y no es un camino inevitable a la muerte –pues no todos los que lo tienen terminan en etapa SIDA– por el contrario, fue un escenario endémico que no solo maduro el activismo del movimiento LGBTIQ+ consolidando su vocación comunitaria y de autocuidado, sino que fue el promotor de muchas de las acciones y agendas sociales y políticas que activaron enfoques diferenciales y promovieron acciones en perspectiva de derechos en el sistema de salud. Esta metodología, que fue más de prevención y menos de curación, logró llamar la atención de la doctrina del Estado Social de Derecho respecto a la importancia de las acciones afirmativas hacia las poblaciones más vulnerables, con aseguramiento en salud, acceso a medicamentos, tratamientos acordes a su realidad y condiciones necesarias para desarrollar con libertad y autonomía su dignidad. Actos simbólicos, como la sepultura masiva de víctimas en los jardines de la Casa Blanca, o los habituales “Candle Light” cada 1 de diciembre, han logrado que año tras año se devele la indiferencia y se exija compromiso con la vida de las personas que viven con VIH.
Acciones de orden comunitario hicieron a partir de ese momento, que en algunos de nuestros países el sistema de salud y las autoridades sanitarias fueran la puerta de entrada al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ y –a excepción de las fuertes oleadas de violencia prejuiciosa que tiene hoy la emergencia en los sistemas de seguridad para evitar asesinatos por prejuicio, motivados por orientación sexual, identidad y expresión de género, que reportan al año más de 1000 casos en este continente– ha sido el escenario de la salud el espacio donde, por más de cuatro décadas, los activismos de la diversidad sexual y de género han desplegado una agenda contundente, tanto de acciones comunitarias para resistir, como de incidencia política para exigir respuestas estatales de acuerdo a las particularidades, que hoy se mantienen y siguen siendo oportunas como el Mecanismo Coordinador de País, la priorización y el trabajo con poblaciones clave, la sensibilización a funcionarios del sistema de salud y, sobre todo, la urgencia de educar en sexualidad y desmitificar las prácticas afectivas, intimas y eróticas.
Hoy, cuando las situaciones de crisis humanitarias vuelven a activar picos de contagio y prevalencias en Estados que, por la crisis económica, han debilitado el sistema de salud, se agudiza la viruela símica, con un amplio desarrollo, al igual que el VIH, entre hombres que tiene sexo con hombres y mujeres trans. Este virus ni es nuevo, ni es consecuencia del Covid-19; su existencia data de 1958, afectando inicialmente a la especie animal y mutando a los seres humanos en 1972 con un mayor desarrollo en el continente africano. Sobre esto, parece que, por prevalecer inicialmente en el África, no fue priorizado en su atención por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni se convocaron esfuerzos en su control, por ello, sigue siendo endémica en Camerún, El Congo, Costa de Marfil, Gabón, Liberia, Nigeria, República Centro Africana, República Democrática del Congo y Sierra Leona, con muchas vidas perdidas y muchas experiencias de deterioro en la calidad de su existencia, pero solo se encendió la alarma cuando el virus pasó por Europa y desde allí, al mundo entero y se reconoció como una emergencia sanitaria internacional.
El pasado mes de julio un estudio adelantado por la OMS en 16 países –dos de ellos de la región (México y Argentina)– analizó 528 pacientes diagnosticados entre abril y junio y dio como resultado lo siguiente: a) todos eran hombres; b) el 98% se reconocía como gais o bisexuales; c) el 95% tenía lesiones en la piel, de las cuales el 73% eran ano-genitales; d) la mayoría de diagnósticos se hicieron en clínicas cuyo ingreso era por ITS o VIH; e) la mayoría de los requerimientos para la atención hospitalera fue el fuerte dolor ano rectal; y f) se vislumbra un fuerte incremento de contagios en espacios de homosocialización.
Ahora, dicha investigación también dio cuenta que, si bien hay varias formas de contagio, la más común es la que se establece en las relaciones íntimas genitales en el sexo ano-genital y es clara su vinculación directa con las prácticas sexuales de hombres que tiene sexo con nombres y mujeres trans. Esto, lejos de encontrar ya una respuesta de prevención por la experiencia adquirida en el tratamiento del VIH, ha aumentado los niveles de estigma y discriminación, a pesar de que esta, se cura luego de un mes de haber iniciado los síntomas, el padecerla produce inmunidad y existe una vacuna para prevenirla; su vinculación con la homosexual, la han convertido en vehículo para ahondar el desprecio por las personas LGBTIQ+ y ha justificado la moratoria del Estado para su atención.
El camino ideal es la vacunación, pero Estados y autoridades empresariales de los países en desarrollo han preferido la sanciona moral a la sexualidad homoerótica, pues es más barato y permite generar culpa, herramienta evasora de responsabilidad estatal, respondiendo de la misma manera que en los años 80 y 90 con el VIH. Por ello, el discurso moralizador de la sexualidad en contextos de su propagación, como estrategia disuasiva, ha sido no solo la causante del aumento de su prevalencia, sino del uso del lenguaje represor de la sexualidad cuando esta se ejerce entre personas del mismo sexo.
Hasta el momento, la vacuna Imvanex, denominada también Jynneos, ha demostrado resultados efectivos, pero solo es producida por una empresa danesa y se suministra con exclusividad para Estados Unidos, Canadá y Europa. Mientras no sea público al acceso a ella, será muy difícil frenar la propagación –ya que el virus no puede diagnosticarse–, mientras tanto, para reducir el crecimiento de la viruela símica en espacios LGBTIQ+, se deben activar dos vías; una inmediata y de cada persona cuando es diagnosticada con una ruta de: a) aislamiento; b) evitar contacto físico con otras personas; c) cubrirse las lesiones; y d) usar tapabocas cuando deba estar en espacios por donde circulan otras personas. Otra responsabilidad –y a mi modo de ver, más estructural– es del Estado y la sociedad, quienes deberían entender por fin la importancia de la educación sexual y hacer de esta una discusión púbica sin moralismos, con un enfoque de bienestar, donde el placer no sea castigado y los riesgos sean prevenidos y no sancionados, así la prevención será más recurrente que la sanción.
Los procesos organizativos y educativos deben activar tres acciones de forma inmediata ante la viruela símica: a) en los espacios de hermanamiento y de homosocialización, es importante volver a poner la discusión de la sexualidad como derecho y placer, y hablar de los retos para disfrutarla sin poner la vida en riesgo; b) en los sistemas de salud en ITS y VIH, se deben fortalecer las acciones preventivas con enfoque comunitario y c) en términos de incidencia, se debe presionar al sistema de salud para que, en aras de cortar la transmisión, identificar focos de prevalencia y riesgos de nuevos contagios epidemiológicos con el objetivo de producir recomendaciones científicas en materia de salud pública de carácter preventivo que sean ampliamente divulgadas con estrategias pedagógicas.
En Colombia, según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, al 12 de septiembre de 2022, ya 1260 personas se reportaban contagios de viruela símica, siendo las más afectados los jóvenes entre 20 y 39 años. El nuevo gobierno, junto con Chile, Uruguay, Perú y Brasil han iniciado gestiones para adquirir vacunas que esperamos se focalicen en quienes tienen mayor riesgo –para ello es necesario, además consultar a la sociedad civil organizada en materia de atención del VIH y su experiencia histórica, para activar una gran campaña de prevención especialmente entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans– formar al personal de salud para una atención especializada basada en derechos y libre de estigmas y por su responsabilidad social, lejos de agudizar la moralización de la sexualidad, reconozcan en el placer un ejercicio público que exige ser cuidado, respetado y garantizado.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo