10 de mayo de 2021. La violencia policial y el abuso de poder de la Fuerza Pública han sido parte importante de la historia del repertorio de violencias perpetradas por actores armados en contra de la población civil. Estas violencias han sido legitimadas, por décadas, por parte de miembros de esta Fuerza Pública, quienes han sido parte de un sistema patriarcal y hegemónico, caracterizado por la hostilidad y la predominación del temor. Es paradójico que la Fuerza Pública, la cual debería ser una figura que represente cuidado y protección, sea realmente fuente de zozobra y desasosiego en un país que vive azotado por distintos actores armados, incluyendo al Estado, el cual es perpetrador de atrocidades, responsable y victimario.
En los informes que CARIBE AFIRMATIVO ha entregado a la JEP y a la Comisión de la Verdad se da cuenta que la violencia policial, las crueldades y hechos victimizantes cometidos por integrantes del Ejército, la Policía o el ESMAD, en su mayoría quedan en la impunidad debido a la investidura de poder, corrupción y complicidad que estos tienen frente al Estado y la sociedad civil. Ejemplo de esta situación es la revelación que hizo la JEP hace algunas semanas, en que se confirmó el atroz número de 6.402 personas asesinadas a manos de militares en ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Diversas organizaciones internacionales declararon estos hechos como crímenes de lesa humanidad, los cuales ocurrieron principalmente durante los años 2002 y 2008, el cual fuera período presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
En este sentido, es importante mencionar las agresiones que han vivido personas LGBT en territorios históricamente afectados por el conflicto armado, como son los departamentos de Cauca, Caquetá y la subregión de Montes de María. Estas vivieron detenciones arbitrarias, violencia sexual, desnudos forzados, entre otros actos violentos, por parte de miembros de la Fuerza Pública. En el ámbito de los derechos humanos, las personas trans han sido las más vulneradas por estos actores, que se escudan en la legalidad para extralimitarse en sus funciones y cometer abusos de poder, replicando las crueldades propias de un sistema patriarcal y sancionando lo diferente u opuesto a la heteronorma.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta el panorama actual de Paro Nacional en el que la respuesta del Estado ante las movilizaciones pacíficas ha sido tratar a los manifestantes como si se tratara de una guerra, cobrando la vida de personas marchantes y más aún, legitimando el abuso policial, encontramos un país en una crisis social donde la violación sistemática de derechos humanos son responsabilidad absoluta del Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, Iván Duque, y sus ministros y gabinete de trabajo.
Las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales rechazamos y condenamos estos hechos profundamente, porque no hay una equivalencia de fuerzas con un Gobierno que compra armas para atacar a una población indefensa que sale a las calles todos los días, entre coros, expresiones artísticas y culturales, a protestar por las desigualdades sociales, una población a la que no le preocupan los efectos de salud del virus COVID-19 en sí, porque las condiciones de vida actuales son igual o aún más nefastas que el virus.
Según el informe “Bolillo, Dios y Patria”[i] de Temblores ONG, la violencia policial es una política de Estado. Aunque en la constitución el Estado colombiano se autoproclama como un Estado social de derecho, que garantiza a la ciudadanía la promoción y la garantía de sus derechos fundamentales y el acceso a los servicios del Estado de manera digna, oportuna y efectiva, Temblores a lo largo de sus investigaciones han concluido que la violencia policial es una problemática global y que como elemento constitutivo de los proyectos del Estado contemporáneos aparece de manera sistemática en los contextos de protesta social y afecta de forma desproporcionada a las personas afro, las personas LGBTI, las mujeres, los grupos indígenas, jóvenes y estudiantes.
Según cifras de Temblores ONG e Indepaz, en el marco de la protesta nacional, entre el 28 de abril (día de inicio del Paro Nacional) y el 9 de mayo de 2021[ii] ha habido 47 personas asesinadas. De estos casos se ha podido concluir que 39 de ellos se dieron por violencia policial. De las 47 víctimas, dos eran mujeres, 45 eran hombres y 36 de estos asesinatos se presentaron en el Valle del Cauca, particularmente en la ciudad de Cali, epicentro actual de la violencia de la Fuerza Pública. Entre estas personas que han muerto en el contexto de las protestas hay incluso menores de edad, lo que desvela la crudeza y violencia desmedida que los miembros de la Fuerza Pública han ejercido contra los y las marchantes.
Reporta también Temblores ONG 12 casos de violencia sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública, lo cual ha puesto en alerta a las organizaciones feministas que velan por los derechos de las mujeres. Esto, ya que la mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad debido a la protección que les brinda el Estado, complicando la labor de investigar y judicializar a los responsables de estas acciones por su investidura de actor armado legal. Se han registrado además al menos 1.876 casos de violencia policial, caracterizados por intervenciones violentas hacia protestas pacíficas; alrededor de 30 víctimas de agresiones oculares por parte del ESMAD, además de 111 casos de disparos con arma de fuego hacia población indefensa, incluyendo indígenas quienes se trasladaban del departamento de Cauca hacia Cali, quienes fueron interceptados por un grupo de personas armadas que abrieron fuego contra ellos.
Teniendo en cuenta todo este panorama y esta violación sistemática de derechos humanos la crisis en la que se encuentra el país es preocupante, en que las vulneraciones del derecho a la vida y el respeto a la integridad son comunes, pues las calles se han convertido en campos de batalla. Es frustrante pensar que instituciones que fueron creadas con el fin de proteger y cuidar sirvan para los intereses particulares de los grupos políticos dominantes y funcionen como métodos de represión social bajo una violencia que busca silenciar la acción y resistencia colectiva.
[i] Tomado de https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_f40a2b21f9074a208575720960581284.pdf
[ii] Tomado de https://twitter.com/TembloresOng/status/1391494719641997312