Hemos registrado concurrencia de diferentes tipos de violencias durante este segundo semestre del 2023 en los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, que conforman el Triángulo de Telembí. También se registran hechos violentos en otras zonas de Nariño.
Foto de referencia: Médicos sin fronteras
27 de noviembre de 2023. En la Subregión Pacífico-Nariñense, las personas LGBTIQ+ están enfrentando una escalada alarmante de violencia y amenazas que requiere atención urgente. A pesar de que, desde el 2021, organizaciones, líderes, lideresas y medios de comunicación han intentado hacer visibles las dinámicas de violencias que impactan de diferentes formas a quienes habitan este territorio, aún no se ha implementado ninguna acción contundente y eficiente en aras de proteger a la población y, mucho menos, en aras de rodear a quienes, por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa, están a la merced de la criminalidad y la violencia. Es por eso que, reuniendo cada uno de los llamados que hemos recibido desde diferentes lugares de esta subregión, hemos documentado de manera detallada y cronológica una serie de eventos que subrayan la gravedad de la situación en el Triángulo de Telembí, conformado por los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, en Nariño.
Uno de los hechos más recientes de los cuales tenemos registro ocurrió hace unos pocos días —entre el 14 y 17 de noviembre de 2023— cuando Barbacoas Diverso, un activo colectivo LGBTIQ+ del territorio, fue blanco de amenazas a través de mensajes de texto. Estas intimidaciones se extendieron posteriormente a todas las personas LGBTIQ+ en el municipio de Roberto Payán, generando un clima de temor generalizado. Esta situación ocurrió luego de que, durante agosto, septiembre y octubre se desplegaran amenazas indiscriminadas en el municipio de Magüi Payán, en contra de personas LGBTIQ+, perfilando incluso a líderes y lideresas visibles en el territorio.
Una de las afectadas directamente fue Patricia Galindo, representante legal de la Fundación Manglaria Diversa, quien, mientras fungía como candidata al Concejo Municipal de Magüi Payán, recibió una amenaza de muerte el 31 de agosto del 2023, obligándola a abandonar el territorio. “Crees que vas a llegar al concejo, primero te mueres si piensas que vas a llegar con tus maricas a algún lado. Te vamos a matar si no te vas del municipio. Muerte para todos los maricas y lesbianas. Están dañando la sociedad y tú más con tu lucha por tus supuestos derechos. ¿Cuáles derechos? Muerte a todos”, le escribió un sujeto no identificado a través de su WhatsApp. (El mensaje fue editado en aras de no replicar expresiones revictimizantes). Al momento de recibir la amenaza, desde Caribe Afirmativo realizamos acompañamiento a Galindo, quedando registrado su caso aquí.
Además del miedo que sembró esta amenaza entre las personas LGBTIQ+, tanto en Magüi Payán como en todo el Triángulo de Telembí, ocurrieron hechos posteriores que reafirmaron la percepción de riesgos e inseguridad para las personas LGBTIQ+ en la zona, dejando ver un crecente perfilamiento de sus experiencias de vida. Por ejemplo, en el mes de septiembre fue asesinado Freddy Bryan Archibold, comerciante y abiertamente gay en Barbacoas. Su cuerpo fue encontrado en su vivienda el 18 de septiembre en las horas de madrugada con muestras de violencia sexual y física, signos de asfixia mecánica e impacto de bala. Posterior a esto, en octubre, circularon nuevamente amenazas en Magüi Payán, siendo selectivas al principio pero, posteriormente, se dirigieron a todas las personas LGBTIQ+ del municipio, recibiendo amenazas a través de llamadas o mensajes de texto.
“Buenas noches. Desde las montañas nariñences se les saluda a como se hacen llamar formalmente los maricas y las machorras, que LGBT. Se les advirtió no iban a llegar al concejo y se dan cuenta q no llegaron al concejo y su gran líder Patricia Galindo jamás serás concejal. No los queremos y jamás será parte de una mesa del municipio y no reclamen q tanto reclamar va quedar uno en el ferri. Se mantienen con su paseadera, solo se ven entrando y saliendo. Tienen hasta febrero para q se vayan del municipio o se vuelvan personas normales con representación digna que estaremos en nuestro pueblo y vamos hacer limpieza nada de maricas, ladrones y viciosos. Un abrazo su comandante Jacobo arenas”, dice una de las amenazas, en la cual se les da un ultimátum a las personas LGBTIQ+ para que abandonen el municipio antes de febrero, o serán asesinadas. (El mensaje fue editado en aras de no replicar expresiones revictimizantes).
Del mismo modo, a través de llamados por parte de organizaciones aliadas que tienen presencia en el departamento de Nariño, hemos mapeado que las violencias se están presentando con mayor frecuencia en el Triángulo de Telembí y están dejando en evidencia que, actualmente, no es un territorio seguro para las personas LGBTIQ+. Esto se reflleja en el crimen de Javier Esnaider Castillo Ortiz, líder cultural y músico, quien fue asesinado con arma de fuego el 27 de diciembre de 2021 en Barbacoas. Este suceso fue seguido por amenazas a su familia, que tuvo que ser desplazada del territorio por razones de seguridad.
En el mismo año, se registró otro asesinato de una persona LGBTIQ+, un crimen que, presuntamente, fue vinculado con actores armados ilegales. Simultáneamente, circularon amenazas a través de panfletos atribuidos al Frente Ariel Aldana; estos fueron dejados en viviendas durante mayo de 2021, imponiendo restricciones a la circulación de los habitantes a partir de las 11:00 de la noche. Seguido a eso, durante el transcurso del año 2022, las personas LGBTIQ+ fueron objeto de amenazas que utilizaron diversos métodos, tales como panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y otras dinámicas que buscaban generar terror e intimidación en la población civil.
Contexto de violencias en la subregión Pacífico-Nariñense. En toda la subregión Pacífico y Frontera Nariñense, la presencia histórica de diferentes actores armados ilegales, ya sea de manera permanente o en tránsito, ha sido una constante. Las violencias contra personas LGBTIQ+ han vuelto a ser evidentes, especialmente a partir del activismo desarrollado en el municipio de Tumaco por la Fundación Afrocolombiana Arco Iris. Este activismo se lleva a cabo en los territorios del triángulo del Telembí, respaldado por USAID desde el año 2016, y ha generado alertas tempranas sobre violencias motivadas por prejuicios en el marco del conflicto armado.
Durante este proceso, se han enfrentado situaciones de amenazas dirigidas al proceso organizativo LGBTIQ+, particularmente al recoger las voces y relatos de personas diversas en cuanto a sexo y género que han brindado su testimonio al trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Las amenazas también han alcanzado al proceso organizativo de la Fundación Afrocolombiana Arco Iris y a líderes en los municipios costeros.
Algunos de estos líderes han resistido en el territorio y forman parte del Macrocaso 2 de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el cual prioriza la situación territorial de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño), donde la Fundación Afrocolombiana Arco Iris es reconocida como Víctima Colectiva. Tras la presentación del Comunicado 078 –Auto de hechos y conductas, en el cual se atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad a exintegrantes de las FARC-EP— se ha iniciado un proceso para establecer una ruta de protección frente a la grave situación de violencias y seguridad en el contexto de la Subregión que enfrentan las personas LGBTIQ+.
Estos antecedentes son elementos clave en la evaluación del riesgo que se evidencia en la Subregión Pacífico Nariñense. Se destaca el ejercicio de violencias contra personas LGBTIQ+, impulsado por la violencia social exacerbada debido a las disputas del conflicto armado, generando patrones de victimización. Esta realidad se convierte en un factor determinante para comprender y abordar la compleja situación que enfrentan las personas LGBTIQ+ en esta región.
Antecedentes de violencias y presencia de grupos armados. De acuerdo con la información más reciente de la Defensoría del Pueblo, en los municipios se observa la presencia de diversos grupos armados. En Barbacoas, se registra la presencia del Estado Mayor Central, con la Columna Móvil Urías Rondón; del ELN con el Frente Comuneros del Sur; y de la Segunda Marquetalia, que incluye el Frente Mariscal Sucre, Frente Ariel Aldana y el Bloque Occidental Alfonso Cano.
En el caso de Magüí Payán se confirma la presencia del Estado Mayor Central, específicamente el Frente 30 Rafael Aguilera y la Columna Móvil Alan Rodríguez. Además, hay presencia del ELN, con el Frente Comuneros del Sur, y de la Segunda Marquetalia con el Frente Mariscal Sucre, Frente Ariel Aldana y el Bloque Occidental Alfonso Cano.
En Roberto Payán se reporta la presencia de la Segunda Marquetalia, con el Frente Mariscal Sucre, Frente Ariel Aldana, y el Bloque Occidental Alfonso Cano. Estos datos resaltan la complejidad y la diversidad de grupos armados presentes en la región, lo cual representa un desafío significativo para la seguridad y estabilidad en estos municipios.
Alertas tempranas. En el periodo comprendido entre 2018 y 2020, la subregión del Pacífico Sur–Triángulo de Telembí ha sido testigo de una serie de desafíos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Durante este tiempo, se emitieron cinco Alertas Tempranas que abordaban diversas formas de violencia en los municipios de Magüí Payán, Barbacoas y Roberto Payán. Estas alertas señalaban dinámicas de violencia derivadas de la entrega de armas por parte de las FARC-EP en 2016, lo que resultó en la presencia de la antigua guerrilla y el surgimiento de varios grupos armados, tanto de ámbito nacional como local.
La Alerta Temprana de Inminencia (ATI) No 003, dirigida a los municipios de Roberto Payán y Magüí Payán, informó sobre amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos masivos e individuales, controles a la movilidad, desapariciones forzadas, confinamientos y enfrentamientos en medio de la población civil. En Magüí Payán, se destacaban las disputas territoriales entre el ELN y las facciones disidentes de las FARC-EP, conocidas como la “Resistencia Campesina”. En Roberto Payán, específicamente en el sector Bocas de Telembí, se presentaron incursiones de las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico.
La ATI No 070 se emitió para el municipio de Roberto Payán debido al riesgo enfrentado por personas beneficiarias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Se reportaron diversas afectaciones a la población civil, como desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados individuales y masivos, amenazas de muerte generalizadas y homicidios de líderes/as tanto en el casco urbano como en la zona rural.
En este contexto, se registró la presencia de dos facciones disidentes de las antiguas FARC-EP: las “Guerrillas Campesinas”, que luego se constituyeron en el Frente Oliver Sinisterra (FOS), y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), conformadas por excombatientes de las FARC-EP y del ELN. El tramo navegable desde el municipio de Roberto Payán hacia Francisco Pizarro y Olaya Herrera, conocido como Canal Naranjo, fue identificado como un área con un mayor número de hechos violentos y un interés particular de los grupos armados ilegales.
En 2019, la ATI No. 045 advirtió sobre la situación de vulnerabilidad y el impacto humanitario diferencial para las comunidades indígenas del pueblo Awá. Se identificó la presencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico y del Frente Oliver Sinisterra en zonas de resguardos indígenas cercanos a la carretera de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte. Además, se mencionó la presencia del ELN y un grupo de crimen organizado autodenominado “Los Contadores”.
En el mismo año, surgió el Bloque Occidental Alfonso Cano (BOAC), generando un escenario de disputa territorial en la subregión, involucrando al ELN, facciones disidentes de las antiguas FARC-EP (BOAC y GUP) y grupos de crimen organizado como Los Contadores, todos centrados en el control de narcotráficos y rentas ilícitas.
En 2020, la ATI No 027 advirtió sobre el mayor y apremiante riesgo de violaciones a los derechos humanos y al DIH para los habitantes del municipio de Magüí Payán, incluyendo a sus cuatro Consejos Comunitarios. Se identificó la presencia de un nuevo grupo armado, la facción disidente de las antiguas FARC-EP conocida como “Frente 30”, que se adscribió a la macroestructura ‘Comando Coordinador de Occidente’ y afirmó representar el proyecto de Gentil Duarte 29. Se señaló la incidencia del rearme de antiguos combatientes de las FARC-EP en el marco de la Nueva o Segunda Marquetalia, con la intención de retomar el control en la región del Pacífico nariñense.
En julio de 2021, se emitió la ATI N° 015 para los municipios de Roberto Payán y Magüí Payán, debido a operaciones de combate entre la Fuerza Pública y la columna móvil “Franco Benavides” del Frente 30 (CCO) en Roberto Payán, así como amenazas en el casco urbano de Magüí Payán. También se mencionó la circulación de un panfleto del Frente Ariel Aldana en Barbacoas en mayo de 2021, que prohibía la circulación de habitantes a partir de las 11:00 de la noche.
Durante 2021, se registraron homicidios múltiples en establecimientos de comercio, perpetrados por individuos que realizaban disparos indiscriminados. Un hecho significativo ocurrió el 20 de septiembre de 2021 en la vereda el Pailón (Barbacoas), donde presuntos miembros del grupo armado identificado como el “30” realizaron disparos indiscriminados contra personas en un establecimiento.
La Alerta Temprana 030-22, emitida en fecha reciente, señala un riesgo alto para la población civil de sufrir violaciones a sus derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Se consideran factibles desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacres, violencia sexual, ataques indiscriminados, accidentes por minas y/o armas trampa, enfrentamientos con interposición de población civil, así como la utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación, como panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, amenazas indiscriminadas y selectivas. Este panorama subraya la complejidad y gravedad de la situación en la subregión Pacifico Sur – Triángulo de Telembí.
Llamado a entidades gubernamentales. Ante este panorama de persistencia e incremento de las violencias en la subregión Pacífico-Nariñense, desde Caribe Afirmativo emitimos formalmente una serie de peticiones y llamados a diferentes entidades gubernamentales, en aras de abordar esta crisis creciente, que pone en riesgo las vidas de toda la población en este territorio, exacerbando dinámicas de violencias sobre grupos históricamente marginados y excluídos.
- A la Fiscalía General de la Nación:
– Solicitar atención a las víctimas en los municipios de Triángulo de Telembí, considerando la discriminación estructural e interseccional hacia personas LGBTIQ+ y afro.
– Aplicar un enfoque diferencial y abordar el caso desde la perspectiva de la violencia por prejuicio, evitando revictimizaciones.
- Al Ministerio de Interior:
– Tramitar el caso en la Mesa Descentralizada de Casos Urgentes o en la Mesa Interinstitucional en la Subregión de Pacífico Sur, con énfasis en los municipios de Triángulo de Telembí.
– Abordar casos de vulneración de derechos a la vida, integridad y seguridad de personas con orientaciones sexuales, identidades de género y corporeidades no heteronormativas.
- Al Ministerio de Interior:
– Activar protección a liderazgos sociales, con énfasis en asistencia humanitaria y medidas de reubicación urgente para personas en riesgo.
– Realizar un informe de seguimiento de las recomendaciones establecidas en la Alerta Temprana 030-22.
- Al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Personería:
– Brindar acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas en situación de riesgo.
– Promover acciones de prevención para proteger la vida e integridad de las víctimas.
- Al Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa y Alto Comisionado para la Paz:
– Exhortar al cumplimiento de acuerdos pactados, especialmente el cese al fuego y el respeto al DIH por parte de los miembros del ELN.
– Priorizar el cese de afectaciones a la población civil por las disidencias de las FARC-EP.
- A la Unidad de Protección Nacional (UNP):
– Responder con diligencia y celeridad a las solicitudes de medida de protección, considerando las recomendaciones de la Alerta Temprana 030-22 y 030-2023.
- A la Procuraduría General de la Nación:
– Desplegar acciones para garantizar la vida e integridad de las víctimas y sus familias.
– Investigar, realizar seguimiento y vigilancia del actuar de instituciones y funcionarios públicos en el caso.
- A la Unidad de Víctimas:
– Activar la ruta de reconocimiento de hechos victimizantes, como amenazas y desplazamiento forzado.
– Otorgar medidas de asistencia humanitaria para las víctimas y sus familias.
- A las instituciones vinculadas:
– Cumplir con las recomendaciones de la Alerta Temprana 030-22.
Es importante tener en cuenta el llamado de la sociedad civil y poner en marcha acciones contundentes, pues estas amenazas y actos violentos generan un clima de miedo y temor, obligando a muchos individuos y procesos colectivos a silenciarse y ocultar su orientación sexual o identidad de género. Este silenciamiento tiene consecuencias negativas en la promoción de la agenda de derechos humanos y en la construcción de una sociedad inclusiva de la diversidad sexual y de género.