En la carrera presidencial, Yamandú Orsi, del Frente Amplio (mencionado en medios como el partido de Pepe Mújica), fue el candidato más votado con un 43,9% de apoyo, frente al 26,7% obtenido por Álvaro Luis Delgado Ceretta, del Partido Nacional (partido de derecha). En el Senado, el Frente Amplio obtuvo 16 de las 30 curules, el Partido Nacional consiguió 9, y el Partido Colorado 5.
05 de noviembre de 2024. El pasado 27 de octubre, Uruguay celebró elecciones presidenciales y legislativas, en las que se eligieron al presidente, vicepresidente, 30 senadores y 99 diputados que integrarán la Asamblea General por los próximos cinco años. El censo electoral incluyó a 2.766.323 personas, de las cuales alrededor del 10,84% se identifican como personas LGBTIQ+, según datos de la ONU de 2016. Sin embargo, en el contexto electoral, los temas relacionados con diversidad sexual y de género no recibieron atención mediática significativa, a pesar de que Uruguay es reconocido en la región por su labor en la protección y promoción de los derechos LGBTIQ+.
Además de las elecciones para los principales cargos, los votantes uruguayos se pronunciaron sobre dos plebiscitos: uno sobre una propuesta de pensiones y otro sobre allanamientos nocturnos. La propuesta sobre pensiones no alcanzó el respaldo necesario, mientras que el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos continúa siendo tema de debate. Estos temas reflejan una preocupación general en el país sobre la seguridad y el bienestar económico, asuntos fundamentales en el discurso público.
En la carrera presidencial, Yamandú Orsi, del Frente Amplio (mencionado en medios como el partido de Pepe Mújica), fue el candidato más votado con un 43,9% de apoyo, frente al 26,7% obtenido por Álvaro Luis Delgado Ceretta, del Partido Nacional (partido de derecha). En el Senado, el Frente Amplio obtuvo 16 de las 30 curules, el Partido Nacional consiguió 9, y el Partido Colorado 5. Según la CELAG, el Frente Amplio se distingue de otros partidos al priorizar los derechos de la población LGBTIQ+ en sus estatutos y propuestas, además de incluir candidaturas abiertamente diversas. En contraste, aunque Álvaro Delgado, del Partido Nacional, ha abordado temas de género en su campaña, su enfoque sobre derechos específicos de la comunidad LGBTIQ+ es limitado.
La legislación electoral uruguaya cuenta con una ley de cuotas, pero esta es binaria y no contempla la diversidad de género no normativa. Actualmente, no existen mecanismos específicos en la legislación que promuevan la participación y representación de personas LGBTIQ+. La falta de inclusión de la diversidad de género en las estructuras políticas continúa siendo un desafío pendiente en el país.
A pesar de sus avances en la protección de derechos, Uruguay enfrenta el reto de garantizar una representación efectiva de las personas LGBTIQ+ en la vida política y social. La ausencia de mecanismos que impulsen su participación y el desinterés en las propuestas de algunos partidos ponen de relieve la necesidad de seguir trabajando en un sistema electoral inclusivo y representativo. El Frente Amplio parece ser el único partido que ha asumido este compromiso explícitamente, mientras que otros actores políticos aún omiten esta dimensión en sus programas. En este contexto, celebramos la mayoría del Frente Amplio en la Asamblea General.