Esta política pública fue una apuesta de la anterior administración, del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Quedó formulada en el cuatrienio anterior, por lo que se cuestiona el principio de eficiencia de la función administrativa.
13 de noviembre de 2024. El pasado 24 de octubre fue aprobada la Política Pública de Gestión de la Migración en el Concejo de Medellín a través del Acuerdo 019 de 2024. Está compuesta por 14 principios, 10 enfoques y 5 dimensiones que buscan garantizar los derechos humanos de la población migrante y refugiada, abarcando así la atención humanitaria oportuna e integral, la protección de la vida, la integración socioeconómica, la prevención de violencias, entre otras. Según la caracterización de la población migrante en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Medellín te quiere”, Medellín es la segunda ciudad a nivel nacional y la primera en el departamento que tiene mayor población migrante de origen venezolano. Datos de Migración Colombia muestran que, con corte a 30 de agosto de 2023, en Antioquia se registraron 394.990 personas, siendo 241.166 residentes en la ciudad de Medellín con vocación de permanencia, constituyendo el 9% de la población total del distrito. Esto quiere decir que la ciudad está siendo una oportunidad para la reconstrucción y reafirmación de miles de proyectos de vida en contextos de movilidad humana.
Esta política pública fue una apuesta de la anterior administración, del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Quedó formulada en el cuatrienio anterior, por lo que se cuestiona el principio de eficiencia de la función administrativa. Aparece en una administración poco garantista de los derechos humanos de ciertas poblaciones como la LGBTIQ+, migrante y refugiada y habitantes de calle. Uno de los retos más complejos de la política pública es intentar suplir los vacíos del Plan de Desarrollo. Las estrategias previstas en el Plan son preocupantes, así como el Programa “Bienestar para las familias migrantes”, el cual contiene muy pocos productos. Si bien su objetivo es promover la integración social, económica y cultural, pareciera que no se está atendiendo a las cifras registradas.
Además, llama la atención que varios programas previstos para distintas poblaciones cuentan con indicadores de producto respecto a políticas públicas. Entre ellas, , políticas públicas sobre la familia, el envejecimiento, la habitancia de calle y la LGBTI. Por tanto, la Política Pública de Gestión de la Migración debió estar contenida como producto del programa, así como la formulación e implementación de su plan estratégico. Esto permite concluir que, para el Estado, la movilidad humana sigue siendo un asunto contingente y de atención inmediata, sin ninguna garantía de sensibilización, prevención y aplicación de enfoques diferenciales. Que sea tratado de esta manera envía un mensaje de que las personas migrantes y refugiadas siguen siendo otras, otras distintas.
Pese a lo anterior, esta política permitirá que la administración comience a darle respuesta a la movilidad humana con la aplicación de enfoques como lo es el interseccional, de derechos humanos, de género, de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, territorial, étnico o de discapacidad. Dichos enfoques, en particular el de género y de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, se aplican desde el entendido de que el género tiene un impacto diferenciado en el proceso migratorio de hombres y mujeres. Las violencias que viven las niñas, mujeres y personas LGBTIQ+ en el marco de las crisis y flujos migratorios mixtos no son prácticas aisladas. Se trata de violencias sistemáticas como la explotación sexual, la violencia por prejuicio, la violencia económica, la inasistencia alimentaria, la discriminación en razón del género para acceder al trabajo, la violencia institucional que niega diariamente el acceso a servicios básicos, mucho menos a servicios relativos a la salud sexual y reproductiva.
Otro reto importante respecto a la Política Pública es la transversalización de los enfoques, y que estos permitan el análisis y la visibilización de formas particulares en las que se vulneran los derechos de las personas en razón de sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. También permitirá construir respuestas que protejan, garanticen, restituyan y prevengan la violación de sus derechos. Asimismo, el enfoque interseccional reconoce que las personas LGBTIQ+ no solo están atravesadas por orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Antes bien, están atravesadas por múltiples factores como el origen nacional, la situación migratoria, la clase, el hecho de vivir con VIH, entre otras. Según se dispone, este enfoque podrá estudiar de forma integral y situada las acciones de la Política Pública, a través de cruces de variables que evidencien los puntos de intersección entre las diferentes categorías que constituyen y originan patrones de vulnerabilidad.
La transversalización del enfoque interseccional es imprescindible porque según el trabajo de Caribe Afirmativo en Medellín, se ha identificado que la mayoría de las personas que participan en los procesos son de origen venezolano y estas personas viven una negación sistemática de sus derechos. La constante vulneración de derechos puede verse entendida desde las intersecciones que atraviesan sus cuerpos. Son personas migrantes con estatus irregular; LGBTIQ+; que viven con VIH; que no han podido terminar su bachillerato (o en caso de que sí lo hayan hecho en Venezuela, no han podido ser apostillados y homologados); no tienen redes de apoyo, la mayoría no tiene contacto con sus familiares; ejercen el trabajo sexual. Lo anterior, según lo que nos permite comprender la interseccionalidad, se convierte en una vulnerabilidad específica, constituyéndose así una discriminación estructural. Todos estos factores entrelazados, hace que sus realidades se construyan sin derechos, hace que vivan como sujetos de no derecho.
El reto para la implementación de la Política Pública de Gestión de la Migración es enorme. Las personas migrantes y refugiadas, las organizaciones sociales y de base comunitaria deberán participar activamente de los procesos de implementación, de construcción del plan estratégico y de la Mesa Migratoria. Dicha participación, incidencia y exigencia hará que sea una Política Pública materialmente posible, que no se queda en el papel. Solo exigiendo un sinnúmero de acciones afirmativas al Estado es que se podrán construir verdaderas garantías a las personas migrantes y refugiadas que tienen el deseo construir ciudad y avanzar en procesos de arraigo personal, familiar y social. Por último, es absolutamente necesario que la administración diseñe e implemente acciones orientadas a la atención de la población refugiada y migrante en tránsito, dada la importancia de Medellín tanto para la salida como para el retorno de las personas hacia y desde el Tapón del Darién.