Sería más conveniente que se aúnen los esfuerzos para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, que propone garantizar la igualdad. Una constituyente puede ser usada por los grupos anti derechos para frenar conquistas históricas, bajo el falso dilema de avanzar solo en aquellos temas que encuentran consenso social.
El proceso de la séptima papeleta que terminó en la asamblea constituyente de 1991 le permitió al pueblo colombiano cambiar una constitución de más de 100 años que no era garantía de derechos y no consolidaba las responsabilidades sociales del Estado. A partir de ello, realidades como superar la discriminación, garantizar la igualdad, promover la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad se abrieron paso en la vida democrática de Colombia, pasando de un Estado asistencialista a la concepción de un estado de bienestar que se construye bajo la hipótesis de la garantía plena de los derechos humanos para todos sus ciudadanos y ciudadanas, haciendo énfasis en promover acciones afirmativas para que aquellos grupos poblacionales históricamente discriminados y excluidos alcancen la igualdad que por décadas les fue negada.
A partir del ejercicio de dicha constitución durante los últimos 30 años, los grupos poblacionales, a través de acciones colectivas, actos de incidencia y litigio estratégico, han logrado promover acciones en materia de derechos que hacen que hoy el país tenga mecanismos en términos normativos y acciones políticas que están en vía de mejorar su acceso a derechos, aunque aún falta mucho camino por recorrer. Si bien viene esta constitución es una carta garantía que ha sido modelo para muchos países de la región, somos conscientes que en Colombia aunque queda mucho trecho por implementar —pues expertos y expertas constitucionalistas han reconocido que esta carta magna es una herramienta fundamental para avanzar en materia de igualdad y no discriminación en el país— pero que al Estado le ha faltado estrategia para su implementación.
Lo que compete al movimiento LGBTIQ+, gracias al artículo cuarto que invoca la no discriminación y el artículo séptimo que hace un llamado a respetar el libre desarrollo de la personalidad, acciones emprendidas por la sociedad civil y ejercicios de oficio que ha promovido la Corte Constitucional la institución de mayor consolidación política, fruto de esta carta magna empezó el proceso de que en el país la vida de las personas sexo-género diversas pasara de la invisibilidad y anonimato a la garantía plena de derechos. Es así que, como demanda ante la Corte Constitucional, a finales de la década de 1990 permiten que se empiece a equiparar derechos en materia de igualdad legislativa para las personas LGBTIQ+.
Transformar el estatuto docente que prohibía este ejercicio para las personas personas homosexuales, garantizar el acceso acceso a la salud y al trabajo sin temor de ser discriminados por su orientación sexual y identidad y expresión de género, equiparar los derechos de las parejas homoparentales a los derechos de las parejas heterosexuales hasta adquirir el matrimonio igualitario, permitir que las personas sexo-género diversas, pensando en el bienestar de los niños y las niñas se ofrezcan ser padres adoptantes y, en los últimos años, las garantías de igualdad de las personas trans han sido fruto de la aplicación de esta carta constitucional.
Dicha carta constitucional también ha promovido un escenario que es fundamental para fortalecer la democracia que la participación de las personas que conforman la vida cotidiana del país, el uso de herramientas para que los ciudadanos y las ciudadanas exijan sus derechos, como la acción de tutela o las acciones colectivas y la promoción de espacios participativos en docentes territoriales, como consejos y asambleas. La vida de los partidos políticos y la participación en la en las en la construcción de políticas sociales es uno de los espacios que más se reconoce la Constitución colombiana en 1991.
Por supuesto y, como decía anteriormente, el problema no ha sido la Constitución, sino su falta de uso y, si bien hemos tenido gobierno después de su promoción en el año 91 que se han comprometido con sacarla adelante. Algunos, haciendo reformas estructurales, como el presidente Juan Manuel Santos —que en su gobierno generó las mayores reformas a dicha constitución—, seguido en cantidad de reformas por el gobierno de Álvaro Uribe Velez, tercer lugar por el gobierno de Andrés Pastrana, en cuarto lugar por el gobierno de Ernesto Samper Pizano y, finalmente, por el gobierno de Iván Duque. La ciudadanía es consciente de que la Constitución política tiene tres grandes asuntos por resolver; el primero es que los colombianos y las colombianas se apropien de ella como una herramienta de fortalecimiento de la Democracia; el segundo es que, efectivamente, el Estado genere una transformaciones estructurales que le permita que sus instituciones estén a la altura de dicha carta democrática; y, el tercero, es profundizar en el acceso a derechos con servicios concretos y de fácil disposición para la ciudadanía y, de esa manera, se pueda hacer realidad del Estado social de derecho.
La propuesta hecha dias atrás por el presidente Petro es una propuesta riesgosa por dos sentidos; en primer lugar, porque pensar una asamblea constituyente genera un frenazo en un plan de desarrollo que, en términos de acceso a derechos, es muy efectivo. ‘Colombia: potencia mundial de vida’ no solamente se constituye en el plan de desarrollo más significativo en materia de derechos e igualdad que ha tenido el país después de la Constitución del 91, sino que, en particular, a lo que se refiere en derechos LGBTIQ+, por primera vez, estipula en el articulado del plan de desarrollo con objetivos claros e indicadores específicos avanzar en materia de igualdad y no discriminación para este grupo poblacional. Promover en este momento una asamblea constituyente puede hacer que los esfuerzos de su gobierno en los dos años que le restan de mandato se concentren en este ejercicio ciudadano y debiliten la implementación del plan de desarrollo y, por ende, aquello por lo que fue elegido terminó materializándose en dicho gobierno. En segundo lugar, y como lo han demostrado procesos asamblea para pensar constituyentes, como en El Salvador, después de la firma de su acuerdo de paz, o la aún no concretada constitución de Chile, los grupos anti derechos, los grupos que promueven el odio y los retrocesos están haciendo uso de estos procesos asamblea para que, a través de acciones populistas, se limiten y se echen atrás ganancias que habíamos tenido de materia de igualdad y no discriminación.
Una asamblea nacional constituyente en este momento en Colombia puede abocarnos a una situación donde los grupos de extrema derecha o de extrema izquierda, enarbolando sus acciones ideológicas, busquen que asuntos como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental —que ya han sido reconocidos por la Corte Constitucional— se vean interpelados por el constituyente primario, poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad, e incluso puede dar un frenazo a proyectos de ley que están pendientes en Colombia, como la ley integral trans, y promover hacia futuro herramientas constitucionales que avancen en materia de garantías a la igualdad, como ha hecho recientemente la corte en Panamá. Ante esta situación, para un grupo poblacional como el nuestro, —realidad que compartimos también con grupos poblacionales históricamente excluidos y marginalizados— puede ser la asamblea constituyente el escenario ideal que usen los grupos anti derechos y los grupos que promueven el retroceso para buscar amarrar herramientas constitucionales que, no solamente limiten la igualdad real, sino que promuevan un futuro de discriminación y de carencia de derechos para los grupos poblacionales que exigimos que el estado social de derecho reconozca la diversidad como un valor.
Por ello, considero que la propuesta de la asamblea nacional constituyente presentada por el presidente Petro es inconveniente y riesgosa para el movimiento LGBTIQ+ y para todos los grupos poblacionales que encontramos en su plan de desarrollo y en su propuesta política en campaña una oportunidad de un compromiso concreto de un gobierno ejecutivo para avanzar en materia de igualdad y no discriminación. Sería más oportuno que el gobierno y todo su equipo de trabajo se concentrara en estos dos años que le restan de mandato de fortalecer el implementación del plan de desarrollo, de avanzar en superar problemas estructurales que tenemos en materia de discriminación y de violencia, y, de esa manera, puedan al final del gobierno mirar a las colombianas y a los colombianos de frente y dar cuenta de que hicieron todos los esfuerzos necesarios para avanzar en aquellos compromisos adquiridos. En materia de asamblea constitucional sería más provechoso generar un gran compromiso del Estado en su conjunto de todas las fuerzas políticas para que, 30 años después, asumamos la Constitución del 91 con la seriedad que ello requiere y con la contundencia que nos reclama y aprovechemos esta carta constitucional que ha hecho a Colombia un país ejemplar a nivel internacional y la implementamos en la vida cotidiana y, de esa manera, demostremos que es posible fortalecer el Estado social de derecho.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo