Con 17 meses en el gobierno y casi a la mitad del período constitucional, preocupa la falta de concreción de las agendas del gobierno del cambio para la garantía de los derechos de las personas sexo-género diversas.
La llegada al Gobierno de Colombia de Gustavo Petro y Francia Márquez significó no solo la respuesta electoral al cansancio sistemático de las prácticas políticas clientelistas, tradicionales y carentes de compromiso con el bien común, sino también recogió el descontento callejero y movilizador de amplios sectores sociales y políticos cansados de la ausencia de espacios de representación. Entre los mencionados sectores, están las personas LGBTIQ+ que, si bien desde la Constitución de 1991 con la consagración del derecho a la igualdad y a la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, hemos visto avances y compromisos, como el asumido por la Corte Constitucional y algunas autoridades ejecutivas con políticas públicas y acciones afirmativas, pero preocupa y causa un estado de indefensión en el país, la violencia sistemática, pobreza, invisibilidad y desprecio que en la vida cotidiana se expresa contra las personas sexo-género diversas. Ese sentimiento movilizó a la ciudadanía y la convocó en las urnas a algunas de ellas para respaldar la propuesta de cambio que enarboló quien hoy nos gobierna y consagraron en su programa de gobierno.
Tan pronto como se instaló el gobierno, se tomaron decisiones políticas en esta dirección: 1. Por primera vez, un Plan de Desarrollo del país en su hoja de ruta, objetivos, propuestas e indicadores, asumió un compromiso con las personas sexo-género diversas, proponiendo crear un sistema nacional de igualdad y equidad, el acceso al trabajo con enfoques diferenciales, con énfasis en personas trans y acciones oportunas para la prevención y atención de violencias; 2. El Ministerio del Interior recuperó el compromiso emanado del decreto 762 del 2018 de la política pública y reactivó la Mesa de Casos Urgentes; 3. La Vicepresidencia de la República, para atender a la presión del movimiento social, amparada en una decisión judicial de hacer un plan participativo de la política pública, emprendió un gran diálogo regional y sectorial al respecto, liderado por la creación de la Gerencia para la Diversidad; 4. Acogiendo una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se creó el Ministerio de la Igualdad y, en él, el Viceministerio de las Diversidades, que dotaría de institucionalidad, recursos y planes operativos, la respuesta del Estado a los derechos de las personas LGBTIQ+ y, por último; 5. Cada uno de los Ministerios y Entes descentralizados por mandato del Presidente empezó a promover acciones misionales para la ciudadanía plena de las personas LGBTIQ+, como el Ministerio de Justicia, Educación, Cultura y Trabajo, entre otros, al igual que el ICBF, SENA, ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) y la Unidad para las Víctimas.
Este buen recibimiento de un gobierno que reconoció la urgencia de garantizar derechos de personas LGBTIQ+ significó el cierre del 2022 con la incorporación de personas expertas y con alto nivel de compromiso en estas entidades para alcanzar los resultados y, en 2023, decenas de encuentros territoriales, poblacionales y temáticos, cumbres, asistencias técnicas, pronunciamientos, eventos y documentos que fueron, si se quiere, una caracterización o línea de base que ratificó la urgencia, territorialización y priorización de las demandas que, históricamente, ha puesto sobre la mesa el movimiento social y piden a este gobierno concretar. Pero esta temporalidad lineal, por un lado, no está permitiendo resultados inmediatos. Sigue la violencia, la ausencia de garantías y el acceso real a derechos de las personas sexo-género diversas y, por otro lado, no está materializando ni transformando en acciones concretas el cúmulo de información obtenida con el riesgo de que, con casi la mitad del período de gobierno cumplido y el agotamiento de gran parte de los recursos, termine este gobierno sin aprovechar la oportunidad de cambiar realidades, dejar capacidad instalada y empezar a conducir el empeño por la vida de las personas LGBTIQ+ por la senda del reconocimiento y la ciudadanía plena. Esta realidad no solo está conduciendo a las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, no binarias y queer a la frustración, sino que la torpeza en las formas y el gasto excesivo de recursos sin resultados otorgan a los enemigos de la igualdad y los promotores de discursos de odio, la oportunidad de promover políticas de retroceso.
Hay cuatro acciones que, a mi modo de ver, dan cuenta de esa torpeza que los tiempos políticos nos cobrarán: 1. El fallido nombramiento del viceministro, el silencio ante la pregunta de su posesión y la ausencia de un plan de acción en dicha cartera a meses de su creación; 2. La historia fugaz de la Gerencia de la Diversidad, que duró tan solo 12 meses, con personas contratadas al final solo por un par de días, que hizo decenas de eventos, pero que al final cerró sin compartir los resultados de los procesos participativos de la política pública, con lo que es peor: terminaba porque entraba el viceministerio y, al final, quedamos en el limbo; 3. La ineficiencia de la Mesa de Casos Urgentes, que solo escucha, no actúa y no ha entendido su misión de urgencia ante el mantenimiento de la violencia sistemática sobre las personas LGBTIQ+ y, por último; 4. La permanente confrontación que los ciudadanos venimos observando entre las decenas de personas que de la noche a la mañana pasaron a ser parte de los procesos burocráticos de las agendas de diversidad sexual y de género, con altísima competencia, pero que ante la ausencia de claridad de roles y de trabajo compartido, planeado y en equipo, terminaron duplicando funciones, desgastando las consultas ciudadanas e invirtiendo los recursos en personal, talleres y documentos, pero poco o nada para mejorar la vida de la gente.
A dos años de entrar a la nueva campaña presidencial y en el inicio de los nuevos gobiernos locales, la mayoría ausentes de compromiso con los derechos de las personas LGBTIQ+, urge que el gobierno nacional tome en serio su trabajo con las agendas de diversidad sexual y de género y empiece a mostrar resultados medibles, transformadores, reales y estructurales que puedan dar cuenta de que lemas como “Colombia: potencia de vida”, “vivir sabroso” o “la voz de los nadie se escucha” también sean la vida, el disfrute y las voces de las personas sexo-género diversas. Para ello, exigimos: 1. Dejar claridad inmediata sobre el Viceministerio, su titular, plan de trabajo, líneas de acción y presupuesto; 2. Hacer público, debatir y poner en funcionamiento el plan de acción de la política pública que lideró la vicepresidencia de la República y 3. Responder con acciones concretas, rápidas, tanto preventivas como investigativas, sancionatorias y sobre todo transformadoras, al cúmulo de casos, denuncias y hechos que la Mesa de Casos Urgentes registra, demostrando su eficacia.
Además de ello, el inicio de los gobiernos locales y la urgencia de la descentralización invitan a que, además de desentrañar sus tareas que las tres acciones antes descritas, sea muy sugerente que en 2024 el gobierno nacional articule: 1. Acciones colaborativas, de acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento para que los Planes de Desarrollo Territorial sean garantes de los derechos de las personas LGBTIQ+; 2. Exhortar, vigilar y verificar que no tengamos retrocesos en lo local en materia de lo ya adquirido y que se materialicen las acciones afirmativas y las políticas públicas para las personas sexo-género diversas; 3. Proponer acciones colaborativas con la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y jueces, así como con la Cooperación Internacional, para blindar la igualdad como derecho y poner límite a cualquier acción que quiera instaurar la política del odio; 4. Activar otras tareas subsidiarias pero no menos importantes, como garantizar el acceso al trabajo, espacios educativos seguros, promover la integración cultural y consolidar acciones afirmativas para las personas trans; 5. Desde el ejercicio político, articular con la bancada de la diversidad del Congreso y acompañar los proyectos de ley para superar las mal llamadas “terapias de conversión” y poder tener una ley integral trans; y 6. Seguir acompañando en los territorios a los liderazgos, colectivas y procesos organizativos, favoreciendo la interseccionalidad, la oferta integral de derechos y la autonomía de la sociedad civil.
En Colombia, el movimiento LGBTIQ+ ha hecho de la construcción de paz un escenario ideal para el empoderamiento y la exigibilidad de derechos. Le corresponde al gobierno de la Paz Total asumir un compromiso claro y concreto con la vida digna de las personas LGBTIQ+. Si no superamos los prejuicios, la persecución y el desprecio al que diariamente se ven sometidas las personas sexo-género diversas que viven en el país tratando de hacer de este lugar el espacio donde construyen el proyecto de vida, jamás viviremos en paz y lo de ser “potencia para la vida” será otra ilusión perdida de pensar que otro mundo es posible, el de la igualdad y la justicia social.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo