El despliegue de la respuesta institucional que el Gobierno del cambio da a los derechos de las personas LGBTIQ+ es resultado de la incidencia y movilización social, así como de la materialización del Plan de Desarrollo, que exige veeduría ciudadana para garantizar que esté mejorando efectivamente la vida de personas con diversas identidades de género y orientaciones sexuales.
En estos días, han tenido lugar varios encuentros ciudadanos de personas LGBTIQ+ convocados por el gobierno colombiano: en Medellín, se reunieron las personas trans y no binarias de todo el país para discutir en conjunto con el gobierno los desafíos que enfrentan en sus proyectos de vida y su relación con la estructura del Estado y la cultura ciudadana; en Bogotá, se celebró la primera convención LGBTIQ+ del país, a la que asistieron más de 600 personas con diversas identidades de género y orientaciones sexuales de todos los rincones del país. Además, la Vicepresidencia está llevando a cabo encuentros regionales del movimiento social en los que se proponen diálogos sociales para territorializar las acciones en busca de una vida digna en el marco del respeto a la diversidad sexual y de género. También se están preparando encuentros temáticos para discutir agendas de diversidad sexual y de género en el contexto de los procesos de paz que se celebrarán en Nariño y un encuentro de Consejeros de Paz gais, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, queer y no binarios en la ciudad de Barranquilla. A pesar de que se están celebrando estas acciones de reunión de la sociedad civil lideradas por el gobierno, se espera que sean el punto de partida de un proceso de construcción participativa de una agenda que garantice el acceso real y efectivo al goce de los derechos.
Del encuentro de personas trans y no binarias se lograron consolidar tres acciones urgentes para garantizar sus derechos: el compromiso del gobierno de acompañar el proyecto de ley integral, promover acciones inmediatas para prevenir la violencia estructural que enfrentan en el país y promover acciones concretas que les permitan acceder a derechos económicos, sociales y culturales para superar la pobreza y la desigualdad que afecta a la mayoría de ellas. Seguramente, el recorrido que la Vicepresidencia está realizando por las regiones del país traerá acciones concretas para abordar lo que quizás sea más estratégico en materia de derechos humanos en el país en este proceso de consolidación de la paz: la territorialización de acciones que garanticen proyectos de vida diversos en los territorios con plena ciudadanía.
En la convención nacional, la sociedad civil fortaleció su movilización en torno a varios puntos clave: unir esfuerzos para consolidar las estrategias que fortalezcan este movimiento social, fortalecer mecanismos de participación en todos los niveles para garantizar la presencia con garantías de personas LGBTIQ+, insistir ante las instituciones del Estado, no solo para que respondan de manera diferencial a cada una de sus demandas, sino también para garantizar la interseccionalidad. Además, se busca consolidar escenarios locales y territoriales donde se desarrollen y se den las garantías necesarias para las agendas de diversidad sexual y de género, así como influir y estar presentes en los espacios ciudadanos de paz total.
El gobierno, representado por el Ministerio del Interior, asumió compromisos en respuesta a estas solicitudes: el Ministerio de Cultura reconocerá y apoyará las expresiones artísticas y culturales del movimiento LGBTIQ+; el Ministerio de Defensa revisará sus protocolos para garantizar derechos y facilitar el acceso a la libreta militar para las personas del movimiento que deseen regularizar su situación; el Ministerio de Salud se compromete a garantizar el acceso efectivo a las terapias PREP y PEP para prevenir el VIH; el Ministerio del Interior, encargado de la política, apoyará los dos proyectos de ley que se presentarán en la legislatura: la prohibición de las terapias de conversión y la ley integral de identidad, además de incluir estándares en materia de derechos humanos en todos los documentos de políticas públicas; el Ministerio de Agricultura creará las rutas para que el proceso de reclamación de tierras garantice el enfoque de género y diversidad sexual; el Ministerio de Educación promoverá cupos educativos para las personas trans en las universidades públicas, así como garantías para su permanencia; y el Ministerio del Trabajo activará procesos de acceso al trabajo decente y respeto de los derechos laborales para las personas LGBTIQ+. Todo esto se llevará a cabo con el seguimiento y monitoreo del recién creado Ministerio de la Igualdad y su viceministerio de Diversidades.
Este plan de acción hace justicia a un grupo poblacional que históricamente ha sido víctima de violencia, que ha sufrido impactos durante el conflicto armado y que ha estado condenado a la pobreza y a la marginalidad. Este avance no se logra solo gracias a la voluntad política del gobierno actual, sino sobre todo debido al ejercicio de movilización de la sociedad civil, que no solo ha promovido acciones colectivas, sino que durante años ha sabido construir agendas y posicionar demandas que ahora encuentran un ejecutivo que, en coherencia con sus compromisos de campaña, está tomando acciones concretas para superar la falta de derechos. Ahora, para que estas acciones sean efectivas, se deben realizar tres tareas: coordinar con las demás ramas del Estado para garantizar una respuesta coordinada, establecer indicadores claros y precisos, y desarrollar un plan de acción que permita medir el progreso y el logro de estos objetivos, manteniendo un diálogo horizontal y continuo con la sociedad civil para que sean las transformaciones en sus proyectos de vida las que constaten los avances.
Este proceso asambleario, si bien es presentado por parte del gobierno del cambio como un ejercicio pionero de convencionalidad del movimiento social, es importante recordar que ya hemos tenido otros ejercicios de este tipo: en 1999, la Asamblea de Planeta Paz reunió por primera vez en el país a liderazgos LGBTIQ+ de todas las regiones para discutir cómo el conflicto armado afectaba a las personas con diversas identidades de género y orientaciones sexuales, así como los aportes que el movimiento social hacía a la construcción de la paz. En 2016, el proceso LGBTI Por la Paz (anteriormente llamado LGBTI vota sí) fue una movilización estratégica para respaldar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. En esta ocasión, la novedad radica en el protagonismo del gobierno al convocar, liderar y asumir compromisos que involucran a ministros, viceministros y congresistas, además del respaldo de la Comunidad Internacional, lo que le otorga un alto nivel de importancia política.
Podríamos decir que esto es coherente con dos acciones adicionales que este gobierno ha emprendido desde que asumió el poder con respecto a las personas LGBTIQ+, después de que el gobierno anterior disminuyera sus compromisos con la exigibilidad de derechos: 1. Se reactivó la política pública LGBTIQ+ mediante la convocatoria de un plan de acción participativa; 2. Por primera vez, se incluyeron acciones concretas para avanzar en los derechos LGBTIQ+ en el Plan de Desarrollo, como garantizar derechos laborales, trabajar en la transformación cultural y asegurar la escolaridad; 3. Se creó en la Vicepresidencia la Gerencia de la Diversidad, y ahora se está preparando el viceministerio de asuntos de diversidad dentro del nuevo Ministerio de la Igualdad; 4. Desde el Ministerio del Interior, se reactivó la Mesa de Casos Urgentes, y en colaboración con otras entidades estatales, se está avanzando en la investigación y prevención de la violencia contra las personas LGBTIQ+; 5. Cada uno de los ministerios está estableciendo directrices, promoviendo acciones en sus planes de trabajo y organizando diálogos ciudadanos para responder desde sus planes específicos a los derechos de las personas con diversas identidades de género y orientaciones sexuales.
Toda esta primavera de acciones por parte del Estado no deben morir en el transcurso de múltiples acciones sin coordinación debido al deseo de protagonismo estatal, lo que a veces impide una planificación concertada y puede llevar al olvido, después de la efervescencia del momento. Por parte del gobierno, es necesario proporcionar con prontitud el plan de implementación, los indicadores, los recursos, los resultados y los responsables que se encargarán de esta tarea, y por parte de la sociedad civil, es fundamental fortalecer la estrategia de veeduría ciudadana con un enfoque poblacional, territorial e interseccional, que pueda exigir cuentas y evaluar, desde la perspectiva de la ciudadanía, cómo se cumplen estos compromisos en cuanto al goce efectivo de derechos.
Estoy seguro de que, si avanzamos en esta dirección, el Gobierno del Cambio logrará reconocer los derechos de las personas LGBTIQ+ y, finalmente, pondrá fin a la violencia sistemática que afecta a las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversas en el país. ¡Colombia puede asumir un liderazgo efectivo como una potencia en la promoción de la vida de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, queer y no binarias!
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo