28 de mayo de 2021. El 21 de mayo de 2021 un joven gay fue víctima de violación sexual por parte de agentes de policía durante una detención arbitraria. La víctima fue detenida en el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta social junto con 3 compañeros. Varios agentes de policía los golpearon de manera excesiva, los detuvieron y les quitaron sus celulares para trasladarlos al CAI Metropolitano de Barranquilla. Durante la detención, sufrieron de agresiones físicas y fueron amenazados. En particular, a la víctima la insultaron constantemente en relación con su orientación sexual. Posteriormente, fueron trasladados al CAI de Soledad (Atlántico). En el CAI de Soledad, los agentes de policía los amenazaron, cometieron diferentes formas de violencia sexual y tortura; y en el cas de la víctima, utilizando siempre expresiones peyorativas y prejuiciosas en razón de su orientación sexual. Luego, fueron amenazados y extorsionados para encubrir las violencias.
Este caso evidencia los móviles prejuicios y discriminatorios con que se comete la violencia policial contra personas LGBT en el país. Se trata de un caso donde se realizó un trato diferenciado sustentado en prejuicios relacionados con la orientación sexual de la víctima. Estos prejuicios se evidencian en que la conducta se realizó con un uso excesivo de la fuerza, en la que se golpeaba, amenazaba, extorsionaba y violentaba a la víctima. Además, los agentes de policía utilizaban expresiones de carácter prejuicioso a través de insultos, gestos, movimientos y en la forma en que cometieron la violencia sexual contra la víctima. También, se observa que en el caso los agentes de policía redujeron la orientación sexual de la víctima a sus prácticas sexuales, ya que tenía una orientación sexual visible. Por último, en el contexto de detención arbitraria y abuso de poder por parte de los agentes de policía, la víctima se encontraba en condición de vulnerabilidad, lo que generaba que la víctima no pudiera defenderse o resistirse a la violencia. Todos estos hechos son comunes en los casos motivados en prejuicios.
La violencia policial contra personas LGBTI no son hechos aislados. Por el contrario, este caso hace parte de un patrón histórico de violencia y discriminación basado en prejuicios relacionados con la diversidad sexual y de género por parte de la Policía. Estas violencias se repiten en todo el territorio nacional y siguen en aumento. En el marco del Paro Nacional, este caso se suma a cinco casos de violencia contra personas LGBTI marchantes y es el tercer caso de violencia sexual.
Además, el contexto de crisis social, económica y política que inició en 2019, se profundizó con la pandemia y persiste durante el Paro Nacional ha exacerbado la violencia policial basada en prejuicios. Específicamente, se ha fortalecido un contexto de control y represión sobre las personas LGBTI, en el que la Policía se configura como la principal autoridad para restringir la movilidad y el ejercicio de derechos. De acuerdo con el informe Vidas confinadas, en 2020 se registraron 15 casos de violencia policial en el Caribe colombiano respecto de 8 en 2019.
A pesar de múltiples y constantes esfuerzos por parte de organizaciones como Caribe Afirmativo, quienes han capacitado por años a instituciones como la Policía Nacional en derechos de personas LGBTI, estas violencias se han exacerbado. Esto se debe a un ambiente de complicidad social y de impunidad estructural en el que se presentan este tipo de casos.
En consecuencia, Caribe Afirmativo exige una reforma estructural a la Policía Nacional. Es necesario que la formación en derechos humanos de personas LGBTI, enfoques diferenciales y diversidad sexual y de género sean una prioridad en toda la institucionalidad. En particular, se debe implementar una política de género y de acceso a la justicia, en la que se garantice que los casos de violencia policial sean juzgados en la justicia ordinaria y con efectiva garantía de los derechos de las víctimas. Con este llamado, Caribe Afirmativo se une a muchas organizaciones de la sociedad civil que exigen una reforma policial urgente.