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Tras negativa de la Asamblea del Magdalena, personas LGBTIQ+ exigen garantías para el cumplimiento de la política pública departamental

Con ocho votos en contra y cinco a favor, no pasó la propuesta para realizar un debate de control político sobre la política pública LGBTIQ+ del Magdalena 

Foto de referencia de la Asamblea del Magdalena.

18 de enero del 2024. El control ciudadano es un mecanismo democrático que permite a la ciudadanía, comunidades y sectores en condición de vulnerabilidad ejercer vigilancia sobre la gestión pública y exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo en su informe anual titulado “No se mata lo que no se olvida” (2023), se registraron más de 5000 casos de violencia hacia personas LGBTIQ+ a nivel nacional, de los cuales se reportaron 89 víctimas en el departamento del Magdalena. Esto a pesar de que en el territorio se aprobó, en el año 2018, por ordenanza, la Política Pública de Diversidad Sexual.

En razón de lo anterior, en la Asamblea Departamental del Magdalena, la diputada Ángela Cedeño Ruiz presentó la proposición 011 el 18 de enero de 2024, buscando hacer seguimiento a la implementación de la ordenanza 067 del 1 de agosto de 2018, la cual adopta la implementación de la Política Pública LGBTIQ+ del departamento del Magdalena. Con ocho votos en contra y cinco a favor, no pasó la propuesta de la diputada para realizar un debate de control político sobre la mencionada política pública. Se argumentó que la proposición no era clara en la solicitud, y además, en plenario se solicitó la creación de un cuestionario. Este hecho obstaculiza los procesos de control político para realizar seguimiento a la gestión de los organismos departamentales en la implementación de acciones y programas orientados a promover la inclusión, la no discriminación y el reconocimiento de la diversidad social e identidad de género en el territorio.

Esto afecta a los liderazgos y defensores de derechos humanos del departamento del Magdalena, tanto en zonas rurales dispersas como urbanas, que desde hace años han impulsado iniciativas para brindar garantías en temas de derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales del departamento del Magdalena.

Resultados del proceso de incidencia:

Desde el movimiento social LGBTIQ+, manifiestan inconformidad con esta decisión, señalando que se trata de una forma de invisibilidad y de silenciar las problemáticas que afectan a esta población y que requieren seguimiento y control por parte de los representantes del pueblo. Sin embargo, es importante resaltar acciones que se implementarán para realizar el seguimiento a este importante proceso:

1. Por primera vez en la historia de la ordenanza, se hizo incidencia para lograr el seguimiento, control político y social a la ordenanza 067 del 1 de agosto de 2018.

2. Se continuará con los procesos de incidencia, respondiendo a los comentarios presentados para presentar ajustada la proposición en los próximos plenarios.

3. Se vislumbró que dentro de la Asamblea del Departamento del Magdalena prevalece el ego político sobre cualquier lucha social.

4. Es importante seguir convocando a líderes y lideresas del departamento del Magdalena a las próximas sesiones donde se debatirá el futuro para lograr la implementación de la política pública de diversidad sexual.

Asimismo, se solicita el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación –encargada de velar por los derechos humanos– para monitorear y/o exigir el cumplimiento de una política pública que, en este caso, fue aprobada hace cinco años. En el marco de esto, es importante enfatizar que la situación de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en el departamento del Magdalena se agrava cada día más, exigiendo además procesos de transparencia y rendición de cuentas sobre el avance y los resultados de la política pública, que lamentablemente aún no ha mostrado impactos significativos en la garantía efectiva de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en el departamento.