10 de mayo de 2022. El Estado de Honduras reconoció en una audiencia pública este 9 de mayo su responsabilidad frente el feminicidio contra la activista Vicky Hernández, la cual fue asesinada el 28 de junio de 2009 durante el golpe de Estado que aconteció en ese momento con la participación de agentes estatales quienes violentaron su derecho a la vida y la integridad en el marco de un contexto violento hacía las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.
Vicky era una lideresa trans y trabajadora sexual que residía en San Pedro Sula. Durante su vida se dedicó al activismo y la defensa sostenida y estratégica de los derechos humanos de las personas LGBT en este país. Tras 13 años de su muerte, hoy el Estado reconoció y aceptó su responsabilidad por la participación de agentes de la policía en el homicidio contra ella durante las protestas que se desarrollaban en un país sumido en la violencia hacia cuerpos diversos.
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, tras un fallo histórico en el 2021, determinó que se vulneraron los derechos de reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación a la identidad de Vicky por lo que declaró al Estado hondureño culpable de su asesinato y le instó a que durante un acto de reconocimiento público declarara su responsabilidad internacional por la perpetración de este hecho violento. A su vez, le piden a Honduras que se cree una beca educativa para mujeres trans, celeridad y enfoque diferencial en la investigación, un plan estratégico para la capacitación de la fuerza pública y la adopción de un protocolo que respete y reconozca las diversas identidades de género en los documentos públicos.
En su momento, Caribe Afirmativo celebró el histórico fallo que reconoce la sistemática, sistémica y estructural violencia que hoy por hoy siguen recibiendo las personas LGBT en Honduras pues tan sólo el año pasado hubo 26 muertes violentas contra esta población y hoy las investigaciones no tienen grandes avances por lo que se ha materializado una impunidad alrededor de estos casos.
Así las cosas, reconocemos la importancia de este pronunciamiento que realiza la presidenta, Xiomara Castro, asumiendo la participación, la culpa y pidiendo perdón de esta flagrante violación al derecho de la vida de Vicky tras su asesinato hace 13 años en manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado en la noche del estallido social. Del mismo modo, la mandataria mencionó que también se implementará un procedimiento que facilite el cambio de nombre de acuerdo a la identidad de las personas en los documentos públicos del país en conformidad con garantizar los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de esta población.
Finalmente, este acto público es una acción afirmativa que el Estado de Honduras debe continuar fortaleciendo a través de la escucha, atención e implementación de las demandas de los colectivos LGBT del país como, por ejemplo, la ley de identidad de género por la que históricamente se han movilizado activistas como Vicky en pro de garantizar y proteger la vida de todas las personas que construyan sus identidades desde escenarios no hegemónicos.