Las políticas públicas son un proceso fundamental para la garantía de derechos humanos de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. ¿Cómo se garantiza que las políticas nacionales dialoguen con las territoriales?
23 de noviembre de 2022. Las personas con orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género diversas se enfrentan constantemente a contextos de discriminación estructural, la cual se ve materializada en prácticas violentas motivadas por prejuicios y obstáculos constantes en el acceso a sus derechos. La construcción de políticas públicas LGBTIQ+ nacionales, locales y territoriales es un proceso necesario para materializar planes de acción que redunden en mejoras efectivas de las condiciones de vida digna.
La Política Pública LGBTIQ+ Nacional fue adoptada en el año 2018 mediante el Decreto 762 por parte del Ministerio del Interior, estableciendo como plazo máximo para la construcción del plan de acción el 07 de noviembre del mismo año. Pese a ello, sólo sería hasta el 2020, tras un fallo de acción de tutela interpuesta por la Fundación GAAT y Caribe Afirmativo que el gobierno realizaría el diseño del plan de acción. Sin embargo, este plan no fue propuesto con una financiación propia que permita operativizar sus propuestas ni con cabezas visibles que se responsabilizaran de su implementación. Adicionalmente, esta política fue aprobada a nivel ministerial, por lo cual no tiene un carácter vinculante hacia otros ministerios.
La Política Pública Nacional LGBTI establece tres ejes fundamentales: garantía de derechos, promoción y reconocimiento. Estos ejes deben ser reconocidos por las entidades locales para la territorialización de dicha política, entendiendo que cada contexto en Colombia tiene profundas diferencias, pero las barreras que enfrentan las personas LGBTIQ+ para el acceso a derechos fundamentales como la salud, la vivienda o el trabajo son similares en todo el territorio nacional.
En Colombia, 14 departamentos han aprobado a la fecha una política pública y 19 no lo han hecho o se encuentran en proceso. Las ciudades capitales muestran un avance mayor: 17 de ellas ya han aprobado una política pública LGBT. Es de resaltar que municipios como Arauquita (Arauca), Galapa (Atlántico), Ciénaga (Magdalena) y Maicao (La Guajira) ya han realizado también el ejercicio de impulsar y aprobar políticas públicas LGBTIQ+ propias, que se acerquen a las realidades de cada entorno.
Ahora, es tarea de las entidades locales actualizar aquellas políticas que se hayan aprobado antes del 2018 para ponerse en sintonía con la Política Nacional; a su vez, el orden nacional debe alimentarse de las situaciones específicas de cada territorio para continuar materializando y operativizando el Plan de Acción. La participación de la sociedad civil es fundamental en estos procesos para garantizar que las acciones que operativicen estas políticas influyan efectivamente en la vida de las personas LGBTIQ+.