Creo, que la mayor amenaza de los niños somos nosotros, una sociedad de doble moral, irresponsable, negligente y prejuiciosa, una que no es capaz de aceptar las diferencias, pero sobre todo, que discrimina y deshumaniza para mostrar un desacuerdo, una que no es capaz de ver lo bueno y que en cambio, radicaliza a los que parecen no “encajar” en los estándares del común denominador, olvidando que como decía Ortega y Gasset “nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión.”
Hacemos aquí disponible nuestro informe sobre la situación de derechos humanos de personas LGBTI en el Caribe Colombiano, año 2014. Informe presentado el día 23 de febrero de 2014 después de un homenaje al profesor cubano asesinado Rolando Pérez, inspirador de la Corporación Caribe Afirmativo. Ocho años después, su asesinato permanece en la impunidad.
La igualdad debe ser una garantía para la ciudadanía Colombiana, y cualquier amenaza o menoscabo de derechos motivado por la discriminación hacia la orientación sexual y las identidades de género debe ser rechazada y desestimada en la vida cotidiana y, por el contrario, el Estado y la sociedad deben garantizar espacios de vida digna para lesbianas, gais, bisexuales y personas trans e intersex.
Nuevamente asuntos de ideología tradicional ponen en jaque el Estado Social de Derechos, pues la misma Corte que hace tres años y medio reconoció que las parejas del mismo sexo también constituyen familia, hoy deja en vilo el derecho de estas a la adopción.
Activistas que trabajan por la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, de diferentes regiones del país dieron su opinión sobre la nueva composición del Congreso de la República y la participación de las agendas de Diversidad Sexual e Identidades de Género en temas trascendentales como el matrimonio igualitario, ley de identidad de […]
El plazo que la Corte Constitucional otorgó al Congreso para legislar sobre las parejas del mismo sexo se vencía el 20 de junio del 2013. De lo contrario las parejas podían acudir a notarios y jueces.