Hace un par de semanas, un fotógrafo en Rio de Janeiro hizo un “experimento” social en la ciudad de Rio de Janeiro, que permitió develar los prejuicios e imaginarios de la sociedad contra personas de orientación sexual e identidad de género diversa: publicó en su cuenta de Facebook una foto que tomó en el metro de la ciudad en mención y en el que aparecen 4 personas caminando, 2 mujeres abrazándose y otras dos personas esperando el transporte público.
Una mujer trans como coordinadora de la Mesa Municipal de Pasto es una muestra del incremento de la participación de las personas LGBTI en éste espacio generado por la Ley de Victimas. La ley 1448 o ley de victimas brinda un papel trascendental en la implementación de la ley nacional a través de la participación, con base a las reglas definidas en el protocolo de participación que hoy día está siendo modificado por las víctimas en el escenario nacional y, donde explícitamente las víctimas tienen derecho a intervenir en el diseño, seguimiento y evaluación de la política pública para su asistencia, atención y reparación integral.
Es paradójico que un país que atraviesa por un periodo tan importante en su historia, como un proceso de paz que ha sido luchado y sufrido, después de 50 años o más de guerra socio-política que ha traído innumerables víctimas, principalmente sociedad civil, seguido de actores armado ilegales y legales, que al fin de cuentas no importa la categoría en que se encuentren son seres humanos, siga pensándose la violencia como medio de resistencia ante algo que va en contra de que algunos piensan sobre “el deber ser de las cosas”.
Este relato es uno de los tantos que ilustra lo difícil que es ser gay, lesbiana, bisexual o trans en el contexto colombiano: la discriminación social e institucional (y en ocasiones, de la familia), la naturalización de la violencia, la reproducción de prejuicios, entre otros, dan cuenta que nuestra sociedad no es realmente incluyente y no está preparada para la diversidad.
Reconocemos que la Constitución e 1991 reconoce el derecho a la igualdad y la no discriminación y que numerosas sentencias de la Corte Constitucional han reconocido la responsabilidad que el Estado tiene en la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTI.
Reconocemos que el Estado Colombiano en el marco de la ley 1448 de reparación a las victimas del conflicto armado y en la ley de atención a las victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado ha reconocido los daños y las afectaciones directas que éste genera sobre las personas en relación a su orientación sexual e identidad de género.
Reconocemos que convenios y tratados internacionales firmados por Colombia como pactos contra la discriminación y resoluciones por el respeto a la orientación sexual y las identidades de género en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de Estados Americanos (OEA) son vinculantes para el ordenamiento interno.
Con ocasión del día nacional de solidaridad con las víctimas, Caribe Afirmativo lidera un encuentro regional en Barranquilla los días 9 y 10 de abril con personas LGBTI afectadas por el conflicto. Según la Unidad Nacional de Víctimas, el número de casos registrados de la población LGBTI víctima del conflicto armado se encuentra con 1275 […]