Cuatro procesos organizativos LGBTIQ+ han sido reconocidos por el Estado colombiano como víctimas del conflicto armado y hacen parte del proyecto de reparación colectiva; dos en Antioquia, en Medellín y el municipio de San Rafael respectivamente, uno en El Carmen de Bolívar y, el más reciente reconocido, en Chaparral, Tolima.
La ley 1448 de 2011, creada para reparar a las víctimas del conflicto armado y garantizar su ciudadanía plena, fue el primer cuerpo legislativo en Colombia que reconoció a las personas LGBTIQ+, dando cuenta de que son afectadas directa e indirectamente por el conflicto armado en razón de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa, haciendo más difícil su proyecto de vida y exacerbando la ya complicada cotidianidad que en este país machista, heterosexista y misogino que viven las personas sexo-genero diversas. Para cumplir sus alcances la ley creó dos instituciones: la Unidad para la atención a las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica. La primera —en su misión de identificar a las víctimas, dar cuenta de los hechos victimizantes y activar una ruta de reparación y garantías de no repetición, entendiendo los efectos del conflicto armado tanto en materia individual como grupal— además de activar la atención personal con enfoque de género que incluye a mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y no binarias, asumió en términos generales de toda la población, incluyendo la población diversa y la reparación colectiva. Esta última es entendida como los efectos que las comunidades y los grupos poblacionales históricamente discriminados y excluidos sufrieron por parte de las acciones del conflicto armado, con acciones colectivas que pusieron en riesgo o limitaron su trabajo asociativo. En este contexto se leen grupos campesinos, pueblos étnicos, universidades y, por supuesto, organizaciones LGBTQ+ que pre existían al conflicto armado o se fueron articulando mientras este accionaba y recibieron en sus acciones organizativas impactos físicos, verbales y simbólicos que les pusieron en riesgo.
Para cumplir con su cometido la Unidad para las Víctimas creó en 2012 su equipo de enfoque diferencial que, en un ejercicio combinando con la Defensoría del Pueblo y por solicitud de la sociedad civil, empezó a responder al reclamo de identificar afectación del conflicto a sujetos colectivos de personas sexo-género diversas. Al día de hoy, la UARIV, de 397 sujetos reconocidos en todo el país de diferentes grupos poblacionales y de diversos territorios —que tienen experiencias en común y que vieron limitado su proceso organizativo por el accionar de la violencia— solo cuatro son colectivas LGBTIQ+. Estas son la Mesa Diversa de la Comuna 8 de Medellín (que fue reconocida como sujeto de reparación colectiva por la UARIV el 25 de enero de 2016, bajo la resolución 2016-19777, convirtiéndose en el primero caracterizado como de personas sexo-género diverso); el Colectivo Crisálida de San Rafael, Antioquia, con resolución del 12 de diciembre de 2018 número: 2018-101191; en plena pandemia, y luego de un proceso de exigibilidad ciudadana liderado por Caribe Afirmativo, se otorgó dicho reconocimiento a la Mesa LGBTIQ+ de El Carmen de Bolívar y, el pasado 13 de julio de 2023, con la resolución No. 2020-58156, se reconoció el Colectivo Chaparral Diverso del Tolima. Estos se han articulado para incidir juntos y aprender unos de otros de sus experiencias de reparación.
Hablemos brevemente de cada uno de ellos. La Casa Diversa de la Comuna 8 de Medellín es una juntanza de personas jóvenes diversas y aliadas en una de las zonas de la ciudad más afectada por la violencia que, a pesar de la adversidad y con un gran compromiso comunitario, promovieron acciones para el reconocimiento de sus derechos en la comuna, sobre todo en espacios como los consejos juveniles y el presupuesto participativo, poniendo la pregunta sobre cuál es el papel allí de las personas sexo-género diversas y exigir espacios públicos para pensar la diversidad sexual y de genéro desde el territorio. Este ejercicio, cargado por creatividad juvenil y con un enfoque interseccional, les llevó a desafiar escenarios y espacios controlados por actores ilegales, liderados por el Bloque Metro que, rápidamente, sancionaron por inmorales sus conductas, pero también, vedados por la moralidad de la autoridad religiosa presente en el territorio, donde no solo se les pretende invisibilizar, sino que, ante cualquier inquietud manifestada, era aumentar su nivel de riesgo. El habitar el territorio al lado de las otras persona y resistirse a ser tratados como gueto, promovieron espacios de articulación social, primero, con su sede en el barrio Esfuerzos de Paz 1 y, luego, en Enciso los Mangos, donde se abrieron camino no solo como lugares seguros para las personas LGBTIQ+, sino en espacios dinamizadores de la convivencia ciudadana desde lo artísitico, cultural y la movilización liderada por personas sexo-género diversas. Esto les valió a muchos de sus miembros amenazas, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y riesgos a sus entornos familiares. Era tanta la resistencia que la convivencia paramilitar y fuerza pública logró promover presión social y mediática sobre ellos y ellas, haciéndoles imposible avanzar en su proyecto de vida a los que decidieron resistir en el territorio.
Sobre Crisálida, es una expresión cultural que logró mantener viva la esperanza y el optimismo de la ciudadanía de san Rafael en los años más duros de la guerra. Ir al teatro parroquial los fines de semana era el único plan contrario a la zozobra que la violencia diariamente sembraba en el territorio y dichas expresiones, que presentaban lo mejor de la cartelera artística, eran lideradas por hombres gais, algunos con expresión de género femenina, que hicieron del arte un espacio seguro. Extensas jornadas de ensayos en un paraje rural cerca al casco urbano, les hicieron pensar que era posible un lugar paradisiaco para vivir en el municipio y seguir llevando espectáculo a sus habitantes que tanto les respetaban y querían, incluso les buscaban para organizar las fiestas y festejos del pueblo, incluyendo los de la parroquia. Todo este mundo ideal fue truncado por la violencia del paramilitarismo y las sanciones de moralidad pública de la Personería Municipal, que terminaron con la vida de su máximo representante, Carlos Alberto Arboleda, el Sardino, que provocó una desbandada del grupo, muchos desplazándose, otros ocultándose y. todos sufrimiento esa ruptura de un momento a otro con lo que era su realización personal: los espacios de la cultura del oriente antioqueño mariquiados, que fueron promoviendo acciones comunitarias para el divertimento, pero también para la formación de la ciudadanía y la desestructuración de imaginarios. Esta expresión artística protegió por décadas la vida de muchas personas sexo género diversas que, de la noche a la mañana, se vio expuesta a las confrontaciones de los actores armados más fuertes de esta subregión y al olvido estatal, que cultivo un desprecio inexplicable hacia sus iniciativas culturales y reinados que gozaban del beneplácito de sus coetáneos, apropiación.
El Colectivo Mesa Diversa del Carmen de Bolívar, fue un proceso de resistencia desde los saberes musicales de los Montes de María que no solo tenían sus espacios en los procesos ancestrales y tradicionales, sino que eran portadores y transmisores de una tradición oral rica en su legado, formadores de generaciones de bailarines, preparadores de las acciones más emblemáticas de la cultura y organizadores de decenas de espacios artísticos, fueron con el pasar del tiempo de la agudeza del control territorial, señalados de ser una amenaza para el territorio y una expresión de inmoralidad. Acciones lideradas por la Fuerza Pública, particularmente la Policía e Infantería de Marina y compartida con miembros de las FARC, primero, y del Paramilitarismo después. Estos empezaron primero a señalarles, luego a restringirles la visibilidad, cerrarles espacios de participación y enunciarlos como enemigos del territorio. Quienes resistían a su marginalización, eran llevados hasta las zonas rurales del municipio para aplicarles violencia ejemplarizante, hacerles víctimas de violencia sexual o darles una golpiza como señal de corrección. Otras más, fueron desplazadas, amenazadas y asesinadas y algunas siguen hoy desaparecidas. Lugares claves en el municipio como el cerro La Cansona, o el Aeropuerto, que son sinónimo para el pueblo de naturaleza y progreso, se convirtieron para las personas LGBTIQ+ en epicentro del sufrimiento y violencia con la que querían reducir su visibilidad y protagonismo en el territorio, algunos resistieron otros se desplazaron, pero regresaron y buscaron mantener vivo su espíritu de activismo en la región.
En Chaparral Tolima, municipio emblemático para las acciones de la insurgencia, por décadas el Estado ha estado ausente y los miembros de las FARC controlaron el territorio con la facilidad de tener una supuesta gobernanza, dedicados al control territorial. Nunca les importó la vida de las personas LGBTIQ+ y esta indiferencia fue usada, precisamente, por las personas sexo-género diversas como un pasaporte para construir un proyecto de vida tranquilo, juntanzas, espacios culturales y procesos de hermanamiento entre personas, sobre todo trans y hombres gais, se fueron configurando en el municipio, donde el reinado del río Tuluní, terminó siendo el espacio ideal de encuentro y empoderamiento. Este no solo les permitía una realización de libertad, sino que sumó el apoyo, respaldo y compañía de los demás habitantes del municipio, que hicieron de este espacio artístico, un lugar de cultura y empoderamiento por excelencia. Este ejercicio, que era legitimado por la sociedad, incluso por sectores religiosos, empezó a señalado y estigmatizado por los actores al margen de la ley que ejercían control en el territorio, que al principio tuvieron un trato despectivo hacia el reinado, promoviendo la violencia simbólica, que luego se trasladó a violencia verbal y terminó en violencia física, emitiendo amenazas, desplazamientos forzados, tentativas de homicidio y feminicidio y desapariciones forzadas. Sus sobrevivientes, desafiando el poderío de las FARC, no solo mantuvieron el reinado en los momentos más complejos del conflicto armado, sino que hicieron de este una fuente de empoderamiento trans y de agenda propia de la disidencia sexual en el entorno tolimense.
Si bien la reparación colectiva se propone como un escenario efectivo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de estos procesos organizativos, son muchas las dificultades de implementación, avances y procesos de transformación. En la actualidad, con muchas dificultades, por ejemplo, la Casa Diversa se encuentra en una etapa de implementación, luego de la formulación del plan y alistamiento de los sujetos. Este colectivo, si bien retornó al territorio para retomar su proceso organizativo, ha tenido dificultades en materia de seguridad y la lentitud de la Unidad de Víctimas en la entrega de los recursos, ha generado detrimento patrimonial para garantizar su reparación efectiva. Crisálida, usando sus mayores riquezas culturales, avanza en un ejercicio de memoria con su libro del mismo nombre y con su sueño de una casa segura para las personas LGBTQ+. Ello requiere que se aúnen esfuerzos para formular el daño y el plan de reparación, además un gran reto generacional y el posicionamiento comunitario. Por su parte, en El Carmen de Bolívar, toca promover una gran campaña entre la institucionalidad pues es grande en el entorno el desconocimiento del proceso organizativo que busca ser reparado y, de parte del Estado, iniciar cuanto antes el fortalecimiento del colectivo y Chaparral Diversa, requiere con urgencia que se active su ruta individual y colectiva, promover la atención psicosocial y activar las acciones de indemnización y priorización.
No son sólo estas cuatro experiencias colectivas hechos de violencia que han limitado procesos organizativos, como lo ocurrido en Tumaco, Nariño, con las personas afro LGBTIQ+ y sus intentos de colectivzación comunitaria; en San Onofre, Sucre, y la ridiculización de la vida de las personas trans por actores paramilitares; o en Saravena, Arauca, y la violencia reproductiva contra las mujeres lesbianas. Estas, entre otras, dan cuenta de que son muchos más los procesos organizativos que deben ser reparados y garantizar su juntanza como memoria de quienes hoy no están y como prenda de garantía para que las futuras generaciones de activismo, gocen de espacios seguros.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo