La crisis humanitaria, cada vez más aguda en el país vecino, está aumentando el riesgo para los grupos poblacionales históricamente excluidos. Entre ellos, se destacan las personas sexo-género diversas, quienes no solo no ven avanzar sus derechos, sino que, con el tiempo, cada crisis política precariza más sus condiciones de vida.
La situación de tensión e incertidumbre, que se ha recrudecido en las últimas dos semanas en Venezuela debido a la ilegitimidad de su última contienda electoral, la presión de la dictadura por mantenerse en el poder a pesar de la resistencia probada del electorado, y las acciones poco efectivas de la comunidad internacional, que agudizan la pobreza, el desempleo y los hostigamientos en el país bolivariano, no solo han incrementado los niveles de miedo de sus habitantes por la desproporción en el uso de la violencia y la restricción de derechos, sino que han dado origen a una nueva ola migratoria. Diez días después del inicio de la crisis actual, se contaba preliminarmente el ingreso de más de 600 personas por Paraguachón y de mil personas por Cúcuta, según los servicios de migración de Colombia, sin contar a quienes pasan de manera irregular o no se registran en lugares de servicio, así como a aquellas que transitan por Brasil y la reserva ecológica de Guyana. Sumado a esto, la cancelación masiva de pasaportes de líderes sociales que han intentado salir del país por compromisos o en búsqueda de solidaridad, y la cancelación de redes de comunicación, están llevando a un confinamiento sin precedentes en la República de Venezuela, ante la complicidad e inacción de la comunidad internacional.
A diferencia de los primeros grupos migratorios, quienes están huyendo hoy del país son los grupos poblacionales más empobrecidos e invisibilizados, que no solo confiaron en el proceso electoral para lograr un cambio que prioriza sus derechos, sino que también han salido a las calles a reclamar la legitimidad de sus pretensiones. La respuesta ha sido, en primer lugar, militarista y violenta; en segundo lugar, la restricción de circulación, y finalmente, la intimidación con allanamientos, capturas ilegales y cancelación de pasaportes, a los pocos que los poseen. Esta ha sido la respuesta del régimen, que se niega al diálogo y al respeto por las vías democráticas. Entre las personas y grupos más afectados se encuentran defensoras de derechos y libertades, entre ellas personas LGBTIQ+, en el país de la región donde menos se garantizan sus derechos. Antes del proyecto político de Chávez, estaban invisibilizadas; en los primeros años del régimen, solo fueron escuchadas en la medida en que simpatizaban con dicho proyecto político, pero nunca recibieron en contraprestación atención a sus demandas. En los últimos años, coincidiendo con el gobierno de Nicolás Maduro, la cercanía con grupos religiosos y sectas evangélicas los ha llevado a perseguir y sancionar la diversidad sexual y de género. Bajo presiones de grupos anti-derechos, cercanos y apoyados por el gobierno, se han cerrado vías ejecutivas, judiciales y legislativas para garantizar la igualdad.
Quizá el ejemplo más claro de esta persecución a las personas LGBTIQ+ en Venezuela, motivada por el desprecio hacia la diversidad sexual y de género, se conoció en el mes de julio de 2023, cuando la Policía Bolivariana irrumpió sin orden judicial en un local después de una supuesta llamada anónima en la que denunciaron que en el lugar tenían “sexo grupal personas con VIH”. Después de llevar a los hombres a la comisaría de Los Guayos, la autoridad emitió una boleta judicial que fue ampliamente difundida por medios de comunicación locales y nacionales, donde se encontraban los nombres, cédulas y rostros de los detenidos, quienes fueron criminalizados y expuestos al escarnio público por parte de la autoridad, que debía garantizar, como mínimo, su derecho a un debido proceso.
Posteriormente, un tribunal de Valencia los acusó de tres delitos que organizaciones de derechos humanos, activistas y familiares de las víctimas de este montaje judicial han demostrado que no son pertinentes: “ultraje al pudor”, que solo aplicaría si los implicados hubieran mantenido relaciones sexuales en sitios públicos; “agavillamiento”, que consiste en la reunión de varias personas para la comisión de otros delitos, lo cual no sucedió en este caso; y “contaminación sónica”, que aplicaría solo a los dueños del lugar, el cual llevaba funcionando varios años sin quejas. Dicha acción fue liderada por el mismo Fiscal General de la Nación, y el hijo del presidente Maduro, en esos mismos días, en eventos públicos de grupos religiosos, saludó la medida porque contribuía a la moralización del país. El Ejecutivo guardó silencio y, si bien días después se les dejó en libertad, la mayoría quedaron vinculados al proceso, se mantuvo la sanción al lugar y no se asumieron responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos.
Desde el resultado electoral del pasado 28 de julio a la fecha, se han reportado dos detenciones de líderes LGBTIQ+ en Caracas: el primero en medio de una manifestación, y el segundo cuando se disponía a salir del país para asistir a una reunión de Naciones Unidas sobre la discriminación. Sus retenciones en público, sin los procedimientos legales, fueron ampliamente denunciadas por defensores de derechos humanos a través de sus redes sociales, consiguiendo su libertad a presión. Activistas sexo-género diversos de ese país, que participan en escenarios regionales e internacionales, recibieron la notificación de la cancelación de sus pasaportes. Las colectivas del movimiento que trabajan con la ciudadanía en procesos de acceso a derechos denuncian desapariciones forzadas; las personas más representativas del movimiento social han sido objeto de allanamiento en sus residencias, y redes sociales y páginas de contacto de organizaciones y colectivas LGBTIQ+, al igual que las de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, han sido bloqueadas.
Las personas LGBTIQ+, al igual que otros grupos poblacionales que son los más despreciados por el régimen, viven en todos los estados del país una tensa calma, que hace imposible vivir sus proyectos de vida. Muchos comercios están cerrados, la gente tiene nerviosismo y prevé un pronto desabastecimiento. Se cancelan vuelos, países de la región están expulsando cuerpos diplomáticos, rompiendo relaciones y cerrando fronteras, y la militarización de las carreteras no está permitiendo que los alimentos circulen desde los territorios rurales a los urbanos del país. En particular, la ausencia de medicamentos para las personas que viven con VIH, la falta de espacios laborales, la restricción para que las personas trans o gays, lesbianas y bisexuales más visibles reciban una boleta para acceder a la alimentación del Estado, la presión de los medios oficiales al señalar la agenda de la diversidad sexual y de género como una imposición neoliberal y colonizadora que valida a las personas LGBTIQ+ per se como enemigas del gobierno, la prohibición del activismo por considerarlo un ejercicio desestabilizador, y la voz que el régimen ha dado a líderes evangélicos para posicionar el discurso anti-derechos como un asunto de nacionalismo en el país. Esto se suma a ese retraso histórico de no tener derechos ni acciones afirmativas para las personas sexo-género diversas. A pesar de que no está penalizada la homosexualidad ni permitida la discriminación, muchas personas LGBTIQ+ se encuentran escondidas en sus residencias con altos niveles de miedo, y otras arriesgan sus vidas buscando huir del país para poder vivir su proyecto de vida libre, sin presiones ni hostigamientos. Según el Observatorio de DDHH LGBTIQ+ de Venezuela, en 2023 más de 80 personas fueron asesinadas en actos de prejuicios relacionados con su orientación sexual, identidad y expresión de género, y más de 300 denunciaron ser víctimas de actos de violencia por parte de miembros del régimen.
El otro proyecto político, con el que se midió en las urnas el régimen, si bien posiciona su discurso en la libertad y la autonomía, tampoco enarbola la lucha por los derechos de las personas sexo-género diversas, ni ha mostrado interés en acoger sus demandas en su proyecto político. Todo lo contrario: tanto Edmundo como Corina, en su vida pública, se han caracterizado por su diplomacia y acción institucional al guardar silencio o desatender y dejar pasar las urgentes demandas de las personas LGBTIQ+. Incluso se tiene constancia de expresiones homofóbicas y transfóbicas de Corina en eventos públicos y de su rechazo en otros momentos políticos a la articulación de sus demandas en las campañas electorales. Esto significa que su posible llegada al poder no sería garantía para superar el déficit de derechos. Sin embargo, es urgente que el país bolivariano comprenda que, más allá del proyecto ideológico, que ya es sabido cuál puede ser en este momento histórico más nocivo que el otro, se ponga en el centro la agenda de los derechos humanos integrales, las libertades y autonomías. Cualquier esfuerzo por llegar al poder por la vía democrática debe hacerse sobre un pacto de respeto a dichos derechos y libertades; de lo contrario, ni el mantenimiento del régimen ni su transición significarán garantías de vida digna para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y no binarias.
Lo que urge ahora es una salida rápida, pacífica y renovadora para Venezuela, que ponga en el centro los derechos y las libertades y garantice la vida plena. Mientras tanto, a los países de la región nos urge fortalecer los lazos de solidaridad y sororidad, mejorar los mecanismos de acogida y protección, pues se activan rutas migratorias en una región marcada por la discriminación, la violencia y el desprecio; la doble afectación por los conflictos armados, la crisis climática en su máxima expresión, la poca presencia estatal en las rutas de movilidad y el control irregular que se valida en actos delictivos como la trata de personas y el uso para fines delictivos de las personas migrantes. Esto obliga a que, mientras se resuelve la situación política de ese país por las vías legales y legítimas, nos ocupemos en el resto del mundo de liderar una acción que garantice condiciones de vida digna para las personas en movilidad humana, donde se aseguren enfoques diferenciales y acciones interseccionales, un trato respetuoso, la superación de los servicios binarios y sexistas y, sobre todo, garantizar que el respeto al libre desarrollo de la personalidad esté por encima de nacionalismos e ideologías políticas.
La región y particularmente Colombia, en los últimos años, a pesar de la violencia sistemática y del incremento de la presión de los grupos anti-derechos, se ha venido posicionando en el mundo como el territorio de la esperanza para los derechos de las personas LGBTIQ+. Legislaciones internas para garantizar igualdad de derechos, acciones regionales como en la CIDH y la COIDH, han buscado blindar acciones como el matrimonio igualitario y la garantía de derechos a personas trans; los gobiernos activan políticas públicas y acciones afirmativas, cada vez más personas abiertamente LGBTIQ+ permeando escenarios públicos, y la comunidad internacional acompaña el mejoramiento de la calidad de vida y acceso a servicios con sus programas de cooperación. Hoy, como un acto de hermanamiento y sororidad, estas acciones y procesos están llamados a poner en el centro la vida de las personas migrantes, refugiadas y retornadas por las crisis humanitarias en la región, consolidar procesos de protección internacional y llamar la atención en un territorio donde la cultura, la lengua y la realidad nos familiarizan, promoviendo ciudadanías globales y procesos de acogida respetuosos de la diversidad que hagan sentir, en esta ocasión, a las personas LGBTIQ+ venezolanas, pero también a las de otras nacionalidades que se movilizan por la región buscando calidad de vida, que son acogidas y que sus vidas son apreciadas.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo