La juntaza en torno a Planeta Paz, como acto fundacional de los procesos colectivos LGBTIQ+ en Colombia, marcaron un hito de iniciación claro: el reconocimiento de la diversidad sexual y de género está vinculado con la superación del conflicto armado en este país.
Los procesos colectivos LGBTIQ+ en todo el mundo están marcados por un alto contenido globalizador que hace parecer que la agenda es igual en un país latinoamericano, europeo o norteamericano; y, a excepción de los países que criminalizan y penalizan la homosexualidad -un asunto que es de alta gravedad-; las agendas parecen articularse en todas partes bajo cuatro principios: a) la consolidación de procesos colectivos en formato de organizaciones no gubernamentales que hacen una agenda pública de visibilidad y exigibilidad de derechos, b) los sistemas de acciones afirmativas como respuesta de Estados con políticas públicas, activación de protocolos diferenciales y estrategias con enfoque de género, c) la legislación de leyes antidiscriminación y de paridad normativa con el reconocimiento del matrimonio igualitario, la adopción homoparental y las leyes de protección a personas trans; y d) la garantía de la participación directa en los escenarios de elección popular, espacios de toma de poder y de acción cultural.
Sin embargo, en Colombia, si bien tenemos la misma ruta y se cuenta con ONG’s, acciones afirmativas y protocolos de atención; se reconocen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y existen decretos para la protección de las personas trans y se tienen personas relevantes del proceso social en cargos de toma de decisión, el estar atravesados por un conflicto armado, que duró más de 50 años, generó unas particularidades en la gestación y consolidación del activismo LGBTIQ+ y de diversidad sexual y de género que, con el cese de las acciones armadas, tuvo un florecimiento mucho mayor.
Efectivamente en los registros históricos que juiciosamente la sociedad civil ha conservado, podemos decir que el primer encuentro colectivo de país que aglutinó a las personas LGBTIQ+ fue la agenda de paz: en 1998 cuando el gobierno de Andrés Pastrana buscaba firmar la paz con las FARC-EP, se creó una plataforma de sociedad civil llamada “Planeta paz”, la cual buscaba ser un espacio garante de ese esfuerzo de superación del conflicto armado con la veeduría de la sociedad civil. Esta iniciativa, apoyada por los países nórdicos, tenía la indicación directa de garantizar espacios a personas LGBTIQ+ que hubiesen sido afectadas por el conflicto armado; lo que llevó al gobierno, en asocio con la secretaria técnica de este espacio, a convocar a gais, lesbianas o trans de cualquier lugar del país, que hubiesen sido afectadas por el conflicto armado, a darse cita en Santandercito, departamento de Cundinamarca, para discutir sobre esas afectaciones. Contra todo pronóstico, más de 100 personas de todas las regiones del país llegaron al encuentro, compartiendo tres cosas en común: a) eran abiertamente LGBTIQ+, b) hacían su activismo en los territorios de mayor expresión de la confrontación y C) este conflicto estaba haciendo más difícil su proyecto de vida. Si bien, luego de dos reuniones y por lo fallido de esos diálogos, no se volvió a convocar esta mesa LGBTIQ+, dentro del proceso de Planeta Paz, este diálogo inicial, fue un hito fundacional que marco una primera agenda de país.
Y es que precisamente coinciden los años de mayor agudeza de la confrontación del conflicto armado con los periodos en los cuales en el mudo entero, incluida Colombia, se alzaban las banderas arcoíris para dar paso al proceso social. Ello significó para muchas personas en este país, apostarle a un activismo de altísimo riesgo, haciendo mas difícil sus proyectos colectivos e individuales, lo que se empezó a evidenciar con la aparición de datos sobre personas LGBTIQ+ asesinadas, amenazadas, desplazadas y receptoras de múltiples expresiones de violencia, las cuales dieron cuenta de la afectación directa de estas personas estaba relacionada con su orientación sexual, identidad o expresión de género.
En medio de esta situación, aparecieron liderazgos que desafiaron la adversidad como Valeria en Villavicencio y Erika en Popayán, apostándole a una candidatura política trans provenientes de los sectores más populares; Álvaro Miguel en Cali, asumiéndose como un defensor de derechos humanos abiertamente gay, Cristina en Pasto reclamando a las FARC por haberla reclutado cuando era un niño y acciones de resistencia como el reinado trans del río Tulón en Chaparral, norte del Tolima.
Todo ello, en medio de un sociedad que, si en una gran parte daba la espalda a los hechos de la violencia del conflicto armado, agudizaba dicha invisibilidad cuando su afectación era hacia las personas LGBTIQ+, pues sentían que sus luchas no eran legítimas, mientras que ni en el Congreso de la República, ni los gobiernos lograban asumir compromisos concretos con sus demandas, como se exhortaba por parte de Naciones Unidas y empezaba a implementarse por otros países de la región como Argentina y Uruguay. Pero va a ser la formulación de la ley de víctimas, y ello tiene mucho de simbólico, el primer cuerpo legislativo que reconoce en Colombia a las personas en razón de su diversidad sexual, identidad y expresión de genero, y dicho reconocimiento, lo hace afirmando que son víctimas del conflicto armado y que el Estado tiene que atender y reparar sus derechos para garantizarles una ciudadanía plena. Luego la ley de atención a víctimas de violencia sexual, como el hecho mas inhumano cometido en el marco de las confrontaciones, también reconoce entre los grupos de afectación a las personas sexo-género diversas, convirtiendo estas dos leyes en hitos fundacionales de una legislación que buscan la igualdad en perspectiva de atención a un grupo históricamente excluido.
La ley de víctimas dio a luz dos instituciones estatales que se convirtieron en las primeras, luego de un pequeño ensayo de Medicina Legal, en documentar y sistematizar cifras sobre personas LGBTIQ+, en este caso, relacionadas con hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, la primera: la Unidad de Víctimas, documentando hechos ocurridos y sujetos depositarios de dichas acciones, entregando así al país la primera base de datos, aún vigente y la segunda: el Centro Nacional de Memoria Histórica, investigando y documentando cómo los proyectos morales de los actores armados, hicieron más difíciles sus vidas, documentado en varios informes que tiene como su documento insignia el texto “Aniquilar al Diferencia” que es la primea investigación de orden estatal que da cuenta de estas acciones enmarcadas dentro del Derechos Internacional Humanitario que no solo llegaron al país a pensar en perspectiva de reparación de las víctimas con carácter transformativo de una realidad que es urgente cambiar, sino que también consideró que era necesario trabajar una pedagogía ciudadana que desmotive la complicidad social de estas violencias.
Luego en 2010, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos decide avanzar en otro proceso de paz, las mismas voces participativas para la formulación de la ley de víctimas fueron llevadas a la mesa de Diálogos con las FARC que consiguió no solo poner el tema sobre la Mesa, sino que además, de la mano de las mujeres, se consolidó la Subcomisión de Género, a la que se invitó a Caribe Afirmativo y luego a otras organizaciones y liderazgos LGBTIQ+ en calidad de expertas a pensar y proponer lo que se convertiría en un hito para todo el mundo: el Acuerdo de Paz con enfoque de género, el cual buscaba dar cuenta de las expresiones diferenciales de la violencia en el marco del conflicto armado contra mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex. Compromiso suscrito que implicó la tarea desnaturalizar el patriarcado, la misoginia y la invisibilidad como herramientas que han conducido la guerra y han hecho de los cuerpos de las mujeres y las personas sexo-género diversas depositarias de violencia.
La posición de amplios sectores poderosos que prefieren la guerra a la paz, llevó a desvirtuar el acuerdo bajo argumentos engañosos que postularon como sus tres mayores amenazas: a) la participación política de las FARC, b) la reforma rural para ser más equitativo el acceso a las tierras y c) el enfoque de género, bajo la falacia que pondría en riesgo la familia, los niños y las niñas. Esta presión mentirosa, como en 1998 volvió a juntar a personas LGBTIQ+ de mucho territorios, donde por la agudeza de la guerra se urgía el acuerdo de paz, como oportunidad de avanzar en las agendas de derechos y para ello, se creó una gran campaña de pedagogía, aprovechando su perfil comunitario, llamada “LGBTI Vota Si” que luego de conseguir el resultado favorable, se transformo en “LGBTIQ+ por la Paz” y que sigue siendo hoy, un espacio de con liderazgo a lo ancho y largo del país de activismos de base que rodean la implementación del acuerdo de paz.
El sistema de justicia transicional, resultado de ese acuerdo y que lleva ya casi seis años de vigencia con la implementación del enfoque de género en la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, ha empezado a dar resultados en la dirección de este enfoque, dando cuenta en su trabajo que, efectivamente, el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+ y que construir la paz requiere una transformación de fondo para sacar de la estructura social los prejuicios que se exacerbaron durante la guerra y generaron miles de efectos victimizantes hacia ellas y ellos, como lo constatan: los más de 50 casos de víctimas de este grupo poblacional representado ante la JEP, los datos desgarradores del volumen de género “Mi cuerpo dice la verdad” de la CEV y las expertas lesbianas, trans y gais que, junto con la UBPDD y organizaciones de la sociedad civil, construyen los planes especiales de búsqueda para encontrar a decenas de personas sexo- género diversas que no sabemos donde están y que desaparecieron en medio de la guerra.
Además, y al unísono con ese proceso, hoy, en todo el mundo, el movimiento LGBTIQ+ consolida su participación directa para profundizar la democracia. En Colombia, los escenarios participativos de Paz han sido epicentro de esta vocación de liderazgo; es así como en más de 59 entes territoriales, los Consejos de Paz, –cuya misión es acompañar a los gobiernos en la construcción de las políticas de reconciliación- cuentan con presencia de personas LGBTIQ+ y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), tanto en su formulación como implementación, el enfoque de género ha permitido dar inicio a una reflexión obligada y una acción en mora en Colombia y en el mundo: el acceso con enfoque diferencial y de género en el desarrollo rural y las políticas de trabajar y poseer la tierra.
Aún estamos a mitad de camino del tiempo señalado para la implementación. Según la Contraloría, solamente en unos 20 años se conseguirá la reparación integral de las víctimas. El gobierno recién posesionado, dice que dicha consolidación se logrará en dos generaciones y para ello, afirmó que es necesaria la paz total, buscando que los actores armados vigentes depongan las armas y regresen a la civilidad. El programa de verificación de Naciones Unidas confía en que, en dos o tres generaciones, con los avances antes señalados, se instaure en los territorios del país la cultura de la paz. En todo este proceso, como movimiento, hemos encontrado la esencia reivindicativa de la lucha social y la demanda de seguir insistiendo todos los días para que la paz sea sinónimo de garantía de derechos para las personas LGBTIQ+ y esto solo será real cuando se reparen las violencias físicas, verbales y simbólicas y sea realidad aquello de que la dignidad sea costumbre.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo